sent-sp-174592015%2846139%29-15%20%28002%29

Segunda instancia No. 46.139
Johay Contreras Agudelo
pena, en cuanto, consideró, debe llevarse un mensaje a la
comunidad de que los servidores públicos reciben “un
castigo” proporcional al delito cometido y evitar la
reincidencia de ese tipo de conductas por parte de aquéllos.
5. Con relación a la pena de multa, una vez fijados los
cuartos de movilidad, se ubicó en el mínimo –66.66 a
87.495 salarios mínimos legales mensuales vigentes--,
atendiendo, igualmente, a las circunstancias de menor
punibilidad previstas en los numerales 1º y 6º del artículo
55 del C.P.C. Luego, en razón a las consideraciones
expuestas para individualizar la pena de prisión impuso la
de multa en 78.56 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
6. En cuanto a la pena de inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas se ubicó en el cuarto mínimo
–80 a 96 meses--, considerando nuevamente los criterios de
menor punibilidad consagrados en los numerales 1º y 6º del
C.P. Finalmente, tasó la referida pena en 89 meses y 4 días.
Bien se ve, entonces, que el a quo, contrario a lo expuesto
por el defensor, sí tuvo en cuenta la circunstancia de menor
punibilidad dispuesta en el numeral 6º del artículo 55 del
C.P., relacionada como el pago de la indemnización a las
personas afectadas con el hecho punible, razón por la cual
individualizó las penas dentro del cuarto mínimo de
movilidad.
53