Operación Cóndor

aportes de especialistas sobre la Operación Cóndor
los crímenes de la dictadura militar cuestionan los cimientos del sistema
democrático imperante. De hecho, la omertá que un puñado de militares
mantiene sin fisuras a lo largo de las décadas, la complicidad de sus colegas
en retiro y en actividad, la conducta “pragmática” y a menudo vergonzante
de dirigentes políticos, y la pérdida de la independencia de los
magistrados frente a las “señales” del poder político, ha desembocado en
una división de la sociedad en dos, una mitad que exige la verdad sobre el
pasado y otra que reclama “mirar hacia adelante”. Tal división está alimentada
por una de las herencias más nocivas legadas por el Estado terrorista:
la persistencia del miedo que el ciudadano común experimenta —a veces
de forma consciente, a veces de manera intuitiva—, cuando asiste a la
altivez de quienes reivindican sus crímenes y permanecen en libertad; o
cuando decodifica el barroquismo de los argumentos legales y políticos
que desembocan en la permanencia de la impunidad. Esa impunidad, a
cuatro décadas de los hechos y a tres de la reinstitucionalización, sigue
alimentando una estructura de convivencia con ciudadanos de primera y
ciudadanos de segunda, donde aquellos, los de primera, están al margen
del principio de igualdad ante la ley.
En Uruguay, el carácter omiso de la justicia antes de 1985 respecto de los
crímenes de lesa humanidad se explica por la violencia del poder militar
contra la estructura administrativa civil. Una prueba de ello fueron las señales
imperceptibles que algunos magistrados sembraron para la investigación
del futuro cuando en las costas del Río de la Plata comenzaron a aparecer
cadáveres mutilados arrojados desde aviones de la ESMA en vuelo y
que la autoridad atribuyó a motines en barcos pesqueros coreanos.
Después de 1985, el carácter esquivo, ambiguo, del ejercicio de la justicia
tiene su origen en la ley de título abstruso, Ley de Caducidad de la Pretensión
Punitiva del Estado, una amnistía encubierta que se superó a sí
misma en la impunidad, puesto que la norma prohibía siquiera identificar
a los presuntos responsables, ya no investigar y aclarar previo al perdón
implícito. La vigencia de esta ley —pese a dos referendos populares y a
un prolongado tironeo parlamentario entre la derogación y la anulación—,
revela que la impunidad se explica por algo más que una determinación
comprensible en evitar el castigo entre los responsables directos de los
delitos de lesa humanidad, y que, aunque nunca se admita, responde a
elementos esenciales de las relaciones de poder que refieren al sistema
vigente y a sus valores.
Operación Cóndor. 40 años después
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