Operación Cóndor

aportes de especialistas sobre la Operación Cóndor
abominables de la Operación Cóndor, la estructura represiva y de coordinación
de los aparatos de inteligencia del Cono Sur. Pero si bien el presidente
Batlle dio el paso significativo de la restitución de la identidad de
Macarena Gelman, se abstuvo de dar el paso fundamental de investigar
la suerte de la madre María Claudia, y se amparó para ello en la Ley de
Caducidad.
Para entonces, en plena campaña electoral, el candidato de la coalición
Frente Amplio Tabaré Vázquez inauguraba una política oscilante en materia
de derechos humanos: se comprometió a respetar la Ley de Caducidad
pero a la vez aplicarla en toda su extensión. Así, una vez conquistada la
presidencia, asumiendo que el texto autorizaba a investigar los casos de
desapariciones, e interpretando que algunos delitos habían ocurrido en
Argentina cometidos por personas que no se identificaban como militares,
ordenó desarchivar algunos expedientes. De esa manera, la Operación
Cóndor entró en la justicia uruguaya por la puerta del costado y aportó
la gran mayoría de los escasos procesamientos y condenas (apenas una
veintena) contra militares culpables de delitos de lesa humanidad. Muchos
de esos procesados fueron quienes, entre 1975 y 1977, operaron clandestinamente
en Argentina, primero desde una base en la localidad de San
Justo, provincia de Buenos Aires, luego el centro de detención conocido
como Automotores Orletti y finalmente en el Pozo de Banfield, en el Pozo
de Quilmes y en la ESMA.
Aunque las primeras extradiciones clandestinas de uruguayos secuestrados
en Argentina datan de 1975, los traslados masivos ocurrieron a partir
de mediados de 1976. Cerca de 140 del total de 200 desaparecidos por la
dictadura uruguaya fueron secuestrados y torturados en Argentina antes
de ser trasladados a Uruguay, donde fueron finalmente asesinados. Los
más notorios integrantes de los comandos que actuaron en Automotores
Orletti fueron reclamados ante el Estado uruguayo por la justicia argentina
para ser extraditados a efectos de ser enjuiciados en la causa caratulada
“Suarez Mason y otros, privación de libertad”. En 1989, en un intercambio
de favores con Sanguinetti, el presidente Carlos Menem otorgó el indulto
a los cinco militares uruguayos acusados con el pretexto de que habían
actuado como “asimilados” al Primer Cuerpo de Ejército. Sin embargo,
hubo que esperar a setiembre de 2006 para que los militares fueran finalmente
procesados por la justicia uruguaya por la desaparición de Adalberto
Soba, treinta años antes, una de las víctimas de Automotores Orletti.
Operación Cóndor. 40 años después
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