Operación Cóndor

Capítulo 8
momentos más difíciles de los gobiernos del general Hugo Bánzer (1971-
1978) y de Luis García Meza (1980-1981).
En 1972 surge la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal
de Bolivia, ante las violaciones de derechos humanos de la dictadura
de Bánzer. También los movimientos sociales mineros, obreros, y familias
de víctimas jugaron roles determinantes en la recuperación de la
democracia y en sus denuncias en el exterior, como fue el caso de la
dirigente minera Domitila Chungara. Uno de los mártires de la lucha por
los derechos humanos fue el sacerdote jesuita, Luis Espinal miembro de
la APDH.
Argentina
En Argentina a partir del golpe de 1976, el incremento brutal de los
asesinatos tanto en vía pública como en las propias cárceles (con la
aplicación de la “ley de fugas”), y las desapariciones, provocaron la
inmediata reacción de los organismos de derechos humanos preexistentes,
fundamentalmente la Liga Argentina por los Derechos del Hombre,
que comenzaron a recibir y canalizar las inquietudes y denuncias
de familiares y amigos de las víctimas, lo que venían realizando desde
años anteriores.
Los familiares se organizaron en comités, destacándose la Asociación de
Familiares de Presos Políticos y de Desaparecidos, la Asociación de Madres
de Plaza de Mayo, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, la
Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia
(SERPAJ), etc., que siguen funcionando en la actualidad.
En septiembre de 1979, en plena dictadura, el esfuerzo de familiares y amigos
de las víctimas y los organismos logró que la OEA realizara una visita a
Buenos Aires con el objetivo de corroborar in situ las denuncias recibidas
y recabar mayor cantidad de información sobre lo que estaba sucediendo.
Las conclusiones del CIDH fueron demoledoras para con el régimen que
no logró tapar la realidad de sus crímenes.
Argentina logró establecer un marco legal para la investigación y condena
de los crímenes de la dictadura, y a pesar de presiones, idas y
vueltas, y gracias a un fuerte apoyo político y social, ha logrado juzgar
y condenar a centenares de militares y civiles responsables de miles de
secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, robo de bebés y robo de
bienes.
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