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Operación Cóndor

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Capítulo 8<br />

La ley de caducidad ató de manos a los jueces, sin fisuras, desde su aprobación<br />

en diciembre de 1986, gracias a las resoluciones del presidente<br />

Julio María Sanguinetti, que ordenaban archivar todas las denuncias sobre<br />

torturas, violaciones, asesinatos o desapariciones atribuidas a militares o<br />

policías, a pesar de que el texto dejaba un resquicio para investigar las<br />

desapariciones forzadas. (103) Un viejo encono entre dos correligionarios<br />

históricos del Partido Colorado, Sanguinetti y Jorge Batlle (presidente en<br />

el período 2000-2005) comenzó a horadar la impunidad cuando el ajuste<br />

de cuentas facilitó la recuperación de Macarena Gelman, hija de la desaparecida<br />

María Claudia García de Gelman, secuestrada en Argentina y<br />

trasladada clandestinamente a Uruguay. En épocas tan tardías como 1999,<br />

cuando las investigaciones de militantes de derechos humanos y de periodistas<br />

habían confirmado que dos niños secuestrados en Buenos Aires en<br />

setiembre de 1976, los hermanos Anatole y Victoria Julién, habían permanecido<br />

cautivos en calabozos del Servicio de Información de Defensa (SID)<br />

en Montevideo, (104) el presidente Sanguinetti había asegurado al poeta<br />

Juan Gelman que en Uruguay no se registraba ningún caso de niños secuestrados<br />

y desaparecidos por el terrorismo de Estado. Macarena, nacida<br />

en cautiverio, fue entregada a comienzos de 1977 a un alto funcionario<br />

policial después designado por Sanguinetti como Jefe de Policía del Departamento<br />

de San José.<br />

La recuperación de Macarena, fruto del esfuerzo incansable de su abuelo,<br />

tuvo la virtud de despejar cualquier duda sobre los extremos más<br />

(103) Quizás la premura de la mayoría parlamentaria en aprobar un texto que se adelantara a<br />

expresiones más contundentes del “partido militar” dejó un resquicio, por ausencia de definición,<br />

sobre la situación de los civiles involucrados en los delitos de la dictadura. Así, el primer<br />

procesamiento recayó sobre la figura del excanciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco,<br />

quien había exhibido una dedicada militancia en el apoyo diplomático a la red represiva de<br />

<strong>Cóndor</strong>, con un protagonismo particular en los episodios que desembocaron en el secuestro<br />

y asesinato de los legisladores uruguayos exiliados en Buenos Aires, Zelmar Michelini y<br />

Héctor Gutiérrez Ruiz. Blanco fue investigado por el Parlamento siendo él mismo senador del<br />

Partido Colorado cuando a la aparición de un documento de Cancillería confirmó el destino<br />

final de una maestra, Elena Quinteros quien, escapando de sus captores logró entrar en los<br />

jardines de la embajada de Venezuela, a mediados de 1976. A raíz de la crisis diplomática<br />

desatada por el secuestro de Quinteros de los jardines de la embajada, la Cancillería deslindó<br />

cualquier responsabilidad. Pero el citado documento reveló que el ministro Blanco había<br />

aconsejado a la Junta de Comandantes en Jefe “no entregar a la mujer”, tal como reclamaba<br />

el gobierno de Carlos Andrés Pérez.<br />

(104) Anatole y Victoria fueron abandonados en una plaza de Viña del Mar, Chile, a fines de<br />

1976, y adoptados por una familia chilena sin que se sepa hasta ahora quién y por qué los<br />

abandonó, aunque se presume que su traslado desde Montevideo a Viña del Mar fue un<br />

operativo de <strong>Cóndor</strong>.<br />

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