Operación Cóndor

Capítulo 8
Uruguay
En Uruguay, el Organismo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos
Desaparecidos comenzó a formarse a partir de la segunda mitad de los
años 70 a raíz de las denuncias y las primeras investigaciones realizadas por
familias de uruguayos detenidos-desaparecidas en Uruguay y en Argentina.
El grupo se consolidó en el año 1983 a partir de la unión de tres vertientes:
Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE), fundada
en Europa por exiliados, Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina,
que trabajaba desde 1977, y Familiares de Uruguayos Detenidos
Desaparecidos en Uruguay, que lo hacía desde 1982.
A fines de 1986, el Parlamento aprobó la ley de “Caducidad del Ejercicio de
la Pretensión Punitiva del Estado”, a través de la cual el Estado uruguayo
renunció a su poder/deber de juzgar penalmente a los responsables de violaciones
de los derechos humanos hasta el 1º de marzo de 1985. Esta ley fue
plebiscitada y ratificada por la ciudadanía, acción que se repitió en octubre
de 2009 y sigue vigente a pesar de la reciente condena de la Corte IDH a
principios de 2011.
El fallo de la Corte IDH ha sido una herramienta útil para aquellos que
buscan derogar la ley.
A pesar de las barreras sociales, políticas y legales, la búsqueda de la
verdad sobre lo ocurrido a los detenidos desaparecidos ha sido y sigue
siendo mantenida y sostenida por familiares, acompañados de amplios
sectores de la sociedad alentando los mecanismos institucionales del Estado
de derecho.
Chile
En Chile cuando se produce el golpe de Estado de septiembre de 1973,
la comunidad internacional estaba movilizada y dispuesta a hacerse eco
de las repercusiones en materia de violaciones a los derechos humanos.
La brutalidad del régimen deteniendo a miles de personas en grandes
centros como el Estadio nacional, así como la gran cantidad de refugiados
políticos —una mayoría brasileños— hizo posible que la difusión de las
persecuciones fuera inmediata y de gran impacto a todo nivel.
El accionar de los perseguidos para denunciar los crímenes de la dictadura
recibió apoyo en las diversas Iglesias locales que crearon, primero, el
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