Operación Cóndor

aportes de especialistas sobre la Operación Cóndor
El resultado de las investigaciones fue publicado a partir de mayo de 1990
en una serie de cuatro tomos bajo el título general de Paraguay: Nunca
Más, donde se registran numerosos hechos de violación de los derechos
humanos durante la dictadura de Stroessner. En octubre de 2014, el Comité
contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas solicitó a Paraguay
que investigue y juzgue a los responsables de las torturas y desapariciones
forzadas cometidas durante la dictadura, y mostró su preocupación por
“el reducido número de víctimas que habrían sido localizadas y que no
habrían sido identificadas”.
Brasil
En Brasil (1964-1985), como sucedió en Paraguay, con un porcentaje relativamente
menor de desaparecidos —no así de víctimas de secuestros
y torturas— respecto de la población, la gran dispersión geográfica dificultó
la tarea de organización de los familiares, así como el eco de su
reclamo en el conjunto de la sociedad, con una especial excepción, la
Iglesia brasileña.
Si bien en un principio esta apoyó oficialmente el golpe de Estado, recibió
y sostuvo a los familiares que denunciaban los crímenes del régimen para
convertirse con el correr de los años en uno de los pilares de la defensa de
los derechos humanos y de oposición civil al gobierno.
En este caso, se registraron tempranamente denuncias a nivel internacional,
pero recién en marzo de 2009 la Corte IDH actuó sobre una demanda
presentada contra el Estado brasileño por familiares de víctimas de la
emblemática “Masacre de la Guerrilla de Araguaia” perpetrada en 1982 y
llevada ante la OEA en 2001.
Bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en 1995, se sancionó la
primera ley de desaparecidos y se creó la Comisión Especial sobre Muertos
y Desaparecidos Políticos. En 2011, la presidenta Dilma Rousseff (víctima
sobreviviente de la dictadura) ordenó la instalación de la Comisión
de la Verdad, fuertemente resistida por los militares y amplias capas de
civiles cómplices de crímenes aberrantes. Condicionados por las diversas
leyes de amnistía votadas por el régimen, hasta hoy estas comisiones solo
pueden buscar la verdad y proponer indemnizaciones a familiares pero en
ningún caso promover la búsqueda de justicia.
Operación Cóndor. 40 años después
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