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La militarización de la seguridad pública en Honduras
les de la democracia y convertía a las Fuerzas Armadas en
una institución arbitral, una especie de fuerza autónoma
llamada a tutelar los procesos políticos en Honduras.
La mal llamada “clase política” hondureña se empapó virtualmente
de esa cultura castrense, abrevó en sus fuentes y
deformó su pensamiento y actuación en relación con los
procesos de construcción democrática que dieron inicio a
partir de los años ochenta. Desde entonces arranca una
falsa visión sobre el rol de los militares en una sociedad
democrática o en la fase de construcción de instituciones
democráticas. Visión errónea que confunde las funciones de
la defensa con las de la seguridad y otorga a la institución
castrense papeles y funciones que, en una democracia,
corresponden a los civiles, a los ciudadanos comunes y
corrientes.
Los legisladores que diseñaron y redactaron en los años
1980-1981 la actual Constitución de la República, dejaron
plasmada en su texto esa distorsionada visión que tienen
sobre las Fuerzas Armadas y que los militares mismos se
han encargado de afirmar y reafirmar. Se advierte con facilidad
esa falsa creencia de que los asuntos de defensa y
seguridad son temas que pertenecen de manera exclusiva
al ámbito de los militares y que, en consecuencia, los políticos
civiles no deben incursionar en ellos. Entre más lejos
estén del manejo de asuntos tan espinosos, más seguros
se encontrarán y menos problemas o conflictos deberán
afrontar en las relaciones civiles-militares.
En la Constitución de la República, en vigencia desde el
año 1982, el Capítulo X, incluido en el Título V (De los Poderes
del Estado), está dedicado a las Fuerzas Armadas y
contiene 21 artículos, desde el 272 hasta el 293. El que
corresponde al número 272 reza textualmente así:
“Las Fuerzas Armadas de Honduras son una Institución
Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional,
apolítica, obediente y no deliberante.
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