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La militarización de la seguridad pública en Honduras
Supremo Electoral, a pedimento de éstos, en su instalación
y funcionamiento”.
Tanto el artículo 272 como el 274 ya citados, han sido sometidos
a reformas e interpretaciones en varias ocasiones,
cada vez que la coyuntura política del momento aconseja o
exige la readecuación de sus textos originales a las urgencias
y demandas de los políticos civiles o de los jefes militares.
La más reciente reforma al artículo 274 tuvo lugar en noviembre
de 2011 y estuvo dictada por la necesidad del gobierno
de Porfirio Lobo de conceder mano libre a los militares
para que puedan ejercer funciones de policía, es decir
ocuparse en forma directa de la preservación del orden
público y el combate abierto contra la delincuencia común y
organizada.
De los 21 artículos que constituyen el Capítulo X “De la
defensa nacional”, solamente uno, el 293, último de la lista,
está dedicado a la Policía Nacional. Llama la atención que
la institución policial queda virtualmente sumergida en el
espacio legislativo que la Constitución destina a la Defensa
Nacional. Ello refleja la confusión que padecen los legisladores
en materia de seguridad y defensa, su desconocimiento
de las fronteras que separan y diferencian ambas
funciones.
El artículo en mención define la fuerza policial de la siguiente
manera:
“La Policía Nacional es una institución profesional permanente
del Estado, apolítica en el sentido partidista,
de naturaleza puramente civil, encargada de velar por
la conservación del orden público, la prevención, control
y combate al delito; proteger la seguridad de las
personas y sus bienes; ejecutar las resoluciones, disposiciones,
mandatos y decisiones legales de las autoridades
y funcionarios públicos, todo con estricto respe-
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