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La militarización de la seguridad pública en Honduras
Como fruto de esa iniciativa, desapareció virtualmente la
tristemente célebre Dirección Nacional de Investigación
(DNI, más conocida como DIN) y, acto seguido, a principios
de 1994 fue creado el Ministerio Público, en donde surgió la
nueva Dirección de Investigación Criminal (DIC), de corte
estrictamente civil, libre ya de las ataduras castrenses y a
salvo del desprestigio y vergüenza que habían terminado
por hacer sucumbir a la vieja policía de investigación. El
recién surgido Ministerio, con sus funciones distribuidas a
través de nueve Fiscalías Especiales (de Corrupción, Niñez,
la Mujer, el Ambiente, etc.) se convirtió, desde sus inicios,
en lo que bien podríamos considerar, sin exageraciones, el
buque insignia del proceso de modernización del Estado,
proceso que, dicho sea de paso, había sido iniciado con el
apoyo de los organismos internacionales (Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desarrollo y Organización de las
Naciones Unidas), a través del Programa de la ONU para el
Desarrollo (PNUD). Este proceso, simbolizado en cierta
manera por el Ministerio Público o Fiscalía General de la
Nación, fue el punto de partida para un verdadero torbellino
institucional, que introdujo cambios, modificación de estilos
y, sobre todo, la necesaria preocupación por la transparencia
y la rendición de cuentas en los manejos de los recursos
e influencias públicas en el Estado hondureño. Fue una
especie de breve y limitada “primavera institucional” en las
estructuras tradicionales y rígidas del gobierno hondureño.
Pero las cosas no terminaron ahí. El desarrollo de la recién
comenzada reforma policial se prolongó durante mucho
tiempo, hasta que en 1998, cinco años después, fue aprobada
una nueva Ley Orgánica de la Policía y creado el nuevo
Ministerio de Seguridad. La reforma policial quedó truncada,
reducida a la simple creación de nuevas estructuras
institucionales, pero sin remover las raíces de los principales
defectos y falencias de la antigua fuerza policial.
Una vez más, quedó en evidencia la falta de conocimiento
de los dirigentes políticos civiles en materia de seguridad y
defensa. En lugar de proceder a crear una nueva policía,
aprovechando la venturosa coyuntura política que había
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