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La militarización de la seguridad pública en Honduras
En condiciones semejantes, era inevitable que la política de
remilitarización acabara siendo la tendencia principal en
materia de seguridad pública, y que el rol de los militares,
por encima y a veces a costa de los policías, se convirtiera
en la función principal y el mecanismo más idóneo en la
“política” de seguridad del Estado de Honduras. La creación
de la PMOP, nombre tan pomposo como contradictorio (el
orden público no es función básica de los militares, sino de
los policías) fue, en cierta medida, el punto culminante de
un proceso que había comenzado mucho antes y había sido
reforzado con la ya mencionada “decretorragia” legislativa,
es decir la avalancha de disposiciones legales aprobadas
aceleradamente por los diputados oficialistas en la segunda
mitad del último año (2013) del gobierno del Presidente
Porfirio Lobo.
Así las cosas, el proceso de remilitarización del sistema de
seguridad pública del país ha tenido y tiene el camino preparado
para convertirse en política oficial del Estado hondureño
actual. Veamos, entonces, cuáles son las características
básicas de tal política:
a) La tendencia prevaleciente a la remilitarización del
Sector seguridad, es un atentado contra la institucionalidad
democrática y limita seriamente los alcances
y facultades del Estado de derecho. Esto
significa que, al militarizar los engranajes del Estado
vinculados a la seguridad, automáticamente transmitimos
al área del orden público las funciones y
actividades que pertenecen a la protección y garantía
de la seguridad externa. Confundimos, por lo
tanto, lo interno, con lo externo. Nos equivocamos.
Esa es la primera conclusión que debemos sacar de
esta confusión de roles, de esta forma equivocada
de valorar la relación que hay, y debe haber, entre
los Sectores de defensa y seguridad. No hay duda
de que esta confusión se origina en el deficit evidente
de conocimiento que hay, en la mal llamada “clase”
política, sobre los temas que están en discusión.
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