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La militarización de la seguridad pública en Honduras
puesto de trabajo y en el camino le pidieron 120 mil
lempiras para no matarlo. La atenta intervención de
su familia impidió el rapto o asesinato del comerciante.
Los efectivos imputados son el suboficial de
infantería, Noé Moisés García Rodríguez, y los soldados
Josué Jeremías Rodríguez García, José
Hernández Velásquez y Santos Raúl Fúnez. Uno de
los detenidos según las autoridades de las Fuerzas
Armadas, era el mecánico responsable de dar mantenimiento
a las motocicletas asignadas a la policía
militar, mientras que el resto, incluyendo el suboficial,
pertenecen a la unidad de inteligencia de la institución
castrense.
Otro hecho de este caso es que el soldado Noé
Moisés García Rodríguez, tenía desde el 2011 una
orden de captura por los delitos de robo agravado y
portación ilegal de armas. Rodríguez había pasado
las pruebas de confianza a que han sido sometidos
los primeros mil efectivos de la policía militar.
Los militares han sido puestos a las órdenes de los
tribunales y de acuerdo a las autoridades, desde su
creación, unos 300 efectivos han sido depurados de
la institución por diversas razones.
f. La sexta se dio el 2 de marzo de 2015, cuando
efectivos de la policía militar retuvieron ilegalmente
en un operativo en el centro de Tegucigalpa, al ex
comisionado adjunto del Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos, el abogado y ex juez de
justicia, Nery Velásquez. Velásquez fue requerido
por la patrulla 006 de la Policía Militar solicitándole
documentos, los que mostró pero se negó a bajarse
del carro para que lo revisaran porque no tenían
una orden judicial para ello, como estipula ley.
Los efectivos de la policía militar intimidaron al defensor
humanitario y amenazaron con “echarle” los
perros antidroga si se resistía a la revisión de su au-
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