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Libro-Militarizacion

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Centro de Documentación de Honduras - CEDOH<br />

permitido desprender la estructura policial de la matriz militar<br />

y devolverla al control de las autoridades civiles, el Estado<br />

decidió trasladar la vieja policía, sin la depuración debida<br />

ni la remodelación necesaria, a los nuevos moldes institucionales<br />

del Ministerio de Seguridad. Se creó un nuevo<br />

órgano -la Secretaría de Seguridad- pero se le dotó de un<br />

viejo instrumento, la antigua Policía. Al final, el viejo órgano<br />

terminó virtualmente absorbiendo a la nueva institución y<br />

convirtiéndola, en la práctica, en algo así como un Ministerio<br />

de Policía. De esa manera, la esperada reforma policial<br />

quedó truncada e inconclusa. Nueva repetición de la misma<br />

y vieja historia.<br />

Liberada de la tutela administrativa de los militares, pero<br />

atrapada siempre en sus hábitos y estilos, la Policía Nacional<br />

empezó a querer volar con sus propias alas. Para ello<br />

disponía de una Ley Orgánica en extremo generosa y permisiva,<br />

obra de los propios jefes policiales que recibieron,<br />

satisfechos, su aprobación directa y sin mayores cuestionamientos<br />

por parte del Congreso Nacional. Por lo tanto,<br />

empezaron a actuar con una recién adquirida autonomía<br />

administrativa e institucional, que les permitía mano libre<br />

para todos sus desmanes y libertinaje funcional.<br />

Pero, como siempre sucede, las crisis acumuladas encuentran<br />

por fin el detonante necesario, el hecho, casual o programado,<br />

que, sin avisar, detona el potencial retenido y<br />

saca a flote la masa de podredumbre y sordidez acumulada<br />

en el interior de la institución o entidad, vale decir, en este<br />

caso, la Policía Nacional. Más concretamente, sus unidades<br />

operativas específicas, las llamadas “postas policiales”.<br />

Eso fue, exactamente, lo que sucedió en la madrugada del<br />

día 22 de octubre del año 2011, cuando un grupo de policías<br />

asesinos, sicarios acostumbrados y revestidos de esa<br />

impunidad criminal que el Estado hondureño permite y, a<br />

veces, genera y estimula, asesinaron a dos jóvenes universitarios<br />

-Alejandro Vargas y Carlos Pineda-, el primero de<br />

ellos hijo de la Rectora de la Universidad Nacional, la socióloga<br />

Julieta Castellanos, una persona conocida y respetada<br />

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