Ética y vocación de servicio en el administrador público

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ESTADO EN EL PROCESO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO
111
como parte del análisis en torno a la relevancia de la capacitación de los servidores
públicos en el sector.
Se concluye con una reflexión sobre la democratización –en crisis– de las acciones
del Estado; y se puntean algunas propuestas para vislumbrar la capacitación de
los servidores públicos, frente a los cambios que la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública –reformada– ya comienza a generar.
La idea de Democracia en el acceso a la información pública
como característica del Estado
La Democracia es la combinación entre apertura del sistema político y la capacidad
de Estado: “ninguna democracia puede funcionar si el Estado carece de la
capacidad para supervisar la toma de decisiones democráticas y poner en práctica
sus resultados” (Tilly, 2007: 15).
Un Estado muy débil puede proclamar el principio de evitar que sus ciudadanos
sean maltratados por agentes internos y externos, pero puede hacer poco cuando
esto sucede. Mientras, un Estado con una gran capacidad pasa lo contrario: las
decisiones de los agentes internos y externos tienen tal peso, que se sobreponen
a todas las consultas entre el gobierno y los ciudadanos.
Así, todo régimen político que aspire a ser reconocido como democrático, debe
hacer de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información,
elementos inmanentes a su naturaleza, a los cuales dará garantía implementando
las políticas públicas y los mecanismos jurídicos necesarios para tal efecto.
El Estado como un instrumento de la sociedad política busca el bien común, el
cual entendemos no como la suma de bienes individuales, sino como el conjunto de
condiciones externas necesarias para el desarrollo de las capacidades personales,
en el ámbito material, intelectual y valorativo de los ciudadanos.
De acuerdo a la concepción weberiana, el Estado es el monopolio de la fuerza
legítima, conceptualización que encuentra sus cimientos en dos elementos: la
concentración exclusiva de la fuerza en manos de una entidad y la legitimación
de dicho fenómeno por parte de los gobernados. Bobbio (1994) lo desarrolla de
la siguiente forma: “…un poder que es el único autorizado para ejercer en última
instancia la fuerza, porque tiene como fin supremo de su preminencia el mantenimiento
de la paz y el ejercicio de la justicia, dos funciones que no pueden ser
realizadas más que por quien posee un poder coactivo y legítimo…”
El Estado como producto de realidades y demandas políticas, económicas y
sociales específicas de un impacto tan relevante, puede llegar a generar la reconfi-
Revista IAPEM, núm. 93 (enero-abril, 2016), pp. 109-124, México, D.F., ISSN: 1665-2088