bizkaiko aldizkari ofiziala boletin oficial de bizkaia - Arrieta

BAO 76. zk. 1999, apirilak 26. Astelehena — 6963 — BOB núm. 76. Lunes, 26 de abril de 1999
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Obyco Dos,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 17 de marzo de 1999.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria
Judicial
(Núm. 2.328)
•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
Doña María Victoria Quintana García-Salmones, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 264/95, ejecución número
58/96, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don
José María Bolaño Fernández, contra la empresa Ingeniería de
Viviendas y Villas Residenciales, S.L., el Fondo de Garantía Salarial
e Ingevil, S.L., sobre cantidad, se ha dictado el siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a 12 de marzo de 1999.
Hechos
Primero.—En estos autos se sigue ejecución contra el deudor
Ingeniería de Viviendas y Villas Residenciales, S.L. e Ingevil,
S.L., por un importe que, actualmente, asciende a 203.614 pesetas
de principal, de la que es acreedor, entre otros, la persona que
se indica en el hecho siguiente y por la cuantía que para cada una
de ellas se recoge en la columna “Principal pendiente”.
Segundo.—El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse
totalmente en ese crédito, aportando justificación suficiente
que acredita el pago a dicho acreedor de la cantidad que se recoge
en la columna “Abono FGS”:
Acreedor: don José Bolaño Fernández; Principal pendiente:
203.614 pesetas; Abono FGS: 177.680 pesetas.
Razonamientos jurídicos
Primero.—La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial
de hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios,
cuando éstos son declarados insolventes en el pago de esa
deuda o con carácter general (arts. 33-1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores),
así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas
de la extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de
fuerza mayor, cuando así lo declara la autoridad laboral (art. 51-
10 de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la Ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extremos
que han quedado acreditados,
DISPONGO:
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quiénes se menciona en el hecho segundo de esta resolución
y por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”,
cuyo importe total asciende a 177.680 pesetas.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial.
Modo de impugnarla
Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los 3 días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición
no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art.
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.S. a para su conformidad.
Conforme: La Magistrada-Juez, doña María Angeles González
González.—La Secretaria Judicial.»
«Diligencia: Seguidamente se procede a cumplimentar lo acordado.
Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ingevil, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 12 de marzo 1999.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria
Judicial
(Núm. 2.329)
•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
Doña María Victoria Quintana García-Salmones, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 92/98, ejecución número
46/99, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Jon Kortazar Zelaya, don José María Román Río, doña Lourdes
Madariaga Atxutegui, don Josue de la Cruz Gil, don José María
Euba Urresti, don José Miguel Castaño Lobo, don Carlos Manjón
López, don Juan Francisco de la Torre Martín, don Aitor Elordui Atxutegui,
don Juan Cruz Macheño, don Eduardo Sánchez Espinosa
y doña María Angeles Villate Ugarte, contra la empresa Idex & Coserman,
S.A., sobre cantidad, se ha dictado el siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a 18 de marzo de 1999.
Hechos
Primero.—Con fecha 18 de julio de 1998 se dictó, en este procedimiento,
sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia,
que condenaba a Idex & Coserman, S.A., al abono de las
siguientes cantidades a favor de los solicitantes de la presente ejecución:
A don Jon Kortazar Zelaya, 117.300 pesetas; a don José María
Román Río, 858.620 pesetas; a doña Lourdes Madariaga Atxutegui,
2.364.340 pesetas; a don Josue de la Cruz Gil, 2.969.600 pesetas;
a don José María Euba Urresti, 1.160.820 pesetas; a don José
Miguel Castaño Lobo, 3.444.760 pesetas; a don Carlos Manjón
López, 2.095.640 pesetas; a don Juan Francisco de la Torre Martín,
2.634.540 pesetas; a don Aitor Elordui Atxutegui, 1.501.920 pesetas;
a don Juan Cruz Macheño, 1.849.200 pesetas; a don Eduardo
Sánchez Espinosa, 342.900 pesetas y a doña María Angeles
Villate Ugarte, 699.760 pesetas.
Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero.—Se ha solicitado se proceda a ejecutar la referida
resolución por la vía de apremio en cuanto a los créditos de los
ejecutantes, alegándose que la condenada no ha satisfecho el importe
de la obligación de pago, líquida y determinada, objeto de la
condena.
Razonamientos jurídicos
Primero.—El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando
y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los
Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados
internacionales (art. 117 de la Constitución Española y art. 2
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Segundo.—Ordena el artículo 235 de la Ley de Procedimiento
Laboral, así como los artículos 919 y concordantes de la subsidiaria
Ley de Enjuiciamiento Civil, que siempre que sea firme una resolución
judicial se procederá a su ejecución, a instancia de parte (salvo
en los procedimientos de oficio, en que se hará de esta forma:
artículo 148-1-e de la Ley de Procedimiento Laboral), por el órgano
judicial que hubiere conocido del asunto en la instancia y, una
vez solicitada, se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones
y diligencias necesarias (art. 237 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Tercero.—Si la resolución judicial condenase al pago de cantidad
determinada y líquida, se procederá siempre, sin necesidad