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Geopolítica Las derivaciones económicas de la reforma judicial israelí En los últimos meses, cientos de miles de israelíes protestaron en las calles de su país contra la reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Para quienes se oponen, la misma es considerada como una ‘amenaza para la democracia’. La reforma judicial de Israel consiste principalmente en tres elementos fundamentales. Primero, crearía una cláusula de anulación para que la Knesset (parlamento) pueda promulgar leyes impugnadas por la Corte Suprema. En este sentido, la Corte tampoco podría invalidar las leyes “fundamentales”, normas básicas a falta de una constitución nacional, y necesitaría doce de quince jueces para invalidar las regulares si atentan contra las anteriores. En segundo lugar, se ampliaría el comité de selección de jueces de nueve miembros repartidos entre el Gobierno, la Knesset, la Corte Suprema y el colegio de abogados, a once (con mayoría de siete para el Ejecutivo). El Gobierno redujo de momento este punto a una mayoría de seis y a poder imponer dos jueces por legislatura. Finalmente, la Corte Suprema tampoco podría inhabilitar ministros ni juzgar o debatir mociones para declarar no apto al primer ministro. ¿Por qué la reforma? El Gobierno de Netanyahu argumenta que la Corte Suprema tiene un poder excesivo y que el reajuste hacia la Knesset (y el Ejecutivo) es de responsabilidad democrática. Sin embargo, nada refieren a que la Corte Suprema ha frenado proyectos de nuevos asentamientos en Cisjordania, leyes anti-LGTBIQ+, o políticas que discriminan a la población árabe. Para los partidos religiosos, aliados a Netanyahu, estamos hablando de un poder judicial que avala la perversión misma. Para ‘Bibi’ (como se lo conoce cariñosamente al Primer Ministro), ello no sería lo más grave: el eje de la reforma es su ‘poco original’ estrategia para no pisar la cárcel por las acusaciones que pesan sobre él por corrupción. Más allá del dilema políticoinstitucional, el problema no solo ha salpicado a la economía, más bien la ‘ha inundado’. Es que, para el todavía vigente paradigma neoliberal corporativo trasnacional, la seguridad jurídica y la rentabilidad que se traslada a la fluidez del capital globalizado, sigue siendo vital para las inversiones de largo plazo. Israel es un país que ha cultivado este beneplácito en las últimas décadas, siendo altamente valorado por ello. Es por ello que la crisis se nota en el temor del ya latente proceso de desinversión, la fuga del talento del recurso humano de la élite intelectual/ profesional secular y prodemocrática, o en la devaluación del shéquel israelí y la pérdida de valor de los activos de la Bolsa de Tel Aviv. Ni que hablar de la pérdida en la calificación crediticia de Israel, con el consecuente mayor costo de financiamiento. En todo este escenario, de concretarse la reforma, se habla de una perdida de PBI de 14 a 27 mil millones de dólares anuales (el mismo Banco de Israel, que ha instado a la independencia judicial, espera un crecimiento económico inferior al 3% en <strong>2023</strong> después de un aumento del 9