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11.- LEGITIMACIÓN
Abordamos en este punto quiénes se
encuentran legitimados para solicitar la práctica
de estas pruebas biológicas. Ya hemos
hecho referencia en el apartado anterior de la
exposición de la posibilidad que tiene el Juez
de solicitarlas, por lo que me remito a lo allí
expuesto.
La solicitud podrá interesarse tanto por el
demandante como el demandado; la propuesta
por uno o por otro dependerá del interés que
la misma puede tener, bien para probar sus
alegaciones, bien para aclarar los hechos y
como ya se ha apuntado podrán ser acordadas
de oficio por el propio Tribunal según lo
dispuesto en el artículo 339.5 LEC.
Cabría preguntarnos llegados a ese punto
si puede solicitarse esta prueba por el
Ministerio Fiscal4, lo que nos lleva al estudio
del carácter de la intervención del representante
público en estos procesos.5 A salvo en los
supuestos en que el Fiscal actué como repre-
1
sentante del menor o incapacitado, 6 aquel
(Arts 129 CC -derogado tras la nueva LEC y
137 11 ce que conserva su vigencia; art. 765
LCE- que refunde a los anteriores), nuestra
jurisprudencia ha venido señalando que ésta
no es, en rigor, una verdadera parte procesal,
pues no sostiene una pretensión propia y autónoma
del litigio. Al contrario, el Tribunal
Supremo ha mantenido reiteradamente que su
papel es el de un mero informante o dictaminante,
cuya labor se centra en velar por el respeto
al interés público en el seno del proceso,
esto es, porque se respete la verdad material,
así como los intereses primordiales del menor
y de la paz famil iar (SSTS de 3 de marzo de
1988 o 21 de diciembre de 1989).
Precisamente porque el Ministerio Fiscal, salvo
las excepciones mencionadas, no es parte, se
ha sostenido asimismo que no forma litisconsorcio
alguno con aquélla de las partes a cuya
pretensión, dado el caso se adhiera por considerarla
conforme con el interés publico por el
que ha de velar (STS 3 de marzo de 1988). A
pesar de que la nueva LEC en su artículo 749,1
emplea expresamente el término de "parte"
para referirse a la condición en que habrá de
actuar el Ministerio Fiscal en este ámbito, cabe
esperar un mantenimiento en el futuro de la
doctrina jurisprudencia! expuesta 7 que asume
la postura formal de demandado, puede actuar,
bien como parte plena, bien como mero informante
o garante del interés público, siendo
esta última la más aceptada por la
Jurisprudencia. Así la doctrina se encuentra
dividida entre los que entienden que el
Ministerio Pública es auténtica parte en estos
procedimientos, como Tome Paule y Prieto
4 Establece el artículo 1 2 . del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 50/1981, de 30 de Diciembre, que el Ministerio Fiscal tiene por misión
"promover la acción de la Justicia", "en defensa de la legalidad", de los derechos de los ciudadanos y del "interés público tutelado por la ley", "de Oficio" o a petición
de los interesados. así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del "interés social". Se trata de un precepto que constituye
trascripción literal de un principio programático contemplado en el artículo 124-1 de la Constitución Española, y que responde, sin duda, a la legítima y obligada
necesidad que siente un Estado social (artículo 1 de la Constitución) de asegurar, entre otras cosas, a través de los poderes públicos, la protección social, económica
y jurídica de la familia, de los hijos -con independencia de su filiación- y de las madres -cualquiera que sea su estado civil- (artículo 39 de la Constitución); protección
que, en un Estado Democrático y de Derecho (también artículo 1 de la Constitución, no puede dispensar directamente el poder ejecutivo, en caso de conflicto
entre particulares, sin peligro real de favorecer un incontrolado y homogeneizante intervencionismo que pugna con los múltiples y muy variados matices que enriquecen
(pero también degradan, en ocasiones), las relaciones familiares, por lo que, siendo los Tribunales de Justicia, como poder independiente, los que han de resolver
aquéllas controversias, parece sumamente adecuada.5 CALVO SÁNCHEZ, M 1 C.: "Hacia una nueva configuración del Ministerio Fiscal en el futuro modelo de
enjuiciamiento civil·. Revista Jurídica LA LEY 1992-2, Págs. 1147 a 1160.Se hace eco de un especto extensamente documentado de las dudas, vacilaciones y diferentes
posturas de reconocidos autores ante lo que es y debe ser la intervención del Ministerio Fiscal en el proceso civil, decantándose personalmente, y con los matices
y salvedades que expone, por la necesidad de potenciar "cualitativamente su intervención, disfrutando de las mismas posibilidades de actuación que las partes
en las diferentes fases procedimentales -de alegaciones, probatoria, de conclusiones, impugnación, ejecución-, ya sea desde el inicio del proceso, cuando se le legitime
ex lege para el ejercicio de la acción y pretensión procesal, ya, una vez comenzado, cuando se le faculte para intervenir", pues, entiende, la legitimación del
Ministerio Fiscal lo es "ex lege", al derivar del imperativo constitucional del artículo 124, y "sólo desde esta posición le es posible al Ministerio Fiscal una defensa adecuada
de la legalidad".
6 Tal parece que es ésta la propia opinión de la Fiscalía General del Estado, que, en la Circular n°. 3/1.986, de 15 de diciembre, si bien trata principalmente de
la intervención del Ministerio Público en los procesos matrimoniales, comienza haciendo una exhaustiva exposición de todos aquellos procesos civiles en que es preceptiva
su actuación, y aquellos otros en los que sólo se reconocen facultades como representante de las personas legitimadas para ejercitar determinadas acciones,
siendo así que incluye los procesos en materia de filiación entre los segundos y no entre los primeros.
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