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12 CARLOS ALBERTO SOTO COAGUILA
“El convenio arbitral es la piedra
angular del arbitraje, el cual nace
como consecuencia de la autonomía
de la voluntad de las partes, dentro
de los límites establecidos por el ordenamiento
jurídico” (24).
Por regla general, el convenio arbitral
nace del acuerdo de voluntades, vale
decir, del consentimiento de las partes que
intervienen en la relación contractual; sin
embargo, la LGA también permite que el
arbitraje nazca de un acto unilateral como
el testamento. En efecto, el artículo 13 de
la LGA prescribe que surtirá los efectos
de convenio arbitral la estipulación testamentaria
que establezca el arbitraje para
solucionar las diferencias que puedan surgir
entre herederos no forzosos o legatarios,
para la porción de la herencia no sujeta
a legítima, para las controversias que
surjan relativas a la valoración, administración
o partición de la herencia, o para
las controversias que se presenten en todos
estos casos con los albaceas.
En tal sentido, el testador puede incorporar
en su testamento una cláusula en
la que expresamente establezca que cualquier
controversia derivada de su acto de
última voluntad se resuelva en la vía arbitral.
En estos casos, no estamos ante un
convenio arbitral propiamente dicho –ya
que no existe acuerdo o pacto–, sino más
bien ante una declaración unilateral que,
por razones de opción legislativa, surte los
mismos efectos que un convenio arbitral
y al cual, desde luego, se le aplicarán las
reglas del mismo. Resulta necesario precisar
que los causahabientes no podrán
cuestionar la decisión de su causante.
Otra forma de convenio arbitral es el
que nace del acuerdo plurilateral, como el
contenido en los estatutos o normas equivalentes
de sociedades civiles o mercantiles,
asociaciones civiles y demás personas jurídicas,
donde se pacta el arbitraje respecto
de las controversias que pudieran tener con
sus miembros, socios o asociados, las que
surjan entre éstos respecto de sus derechos,
las relativas al cumplimiento de los estatutos
o validez de los acuerdos, y en general,
para las demás que versen sobre materias
relacionada con el objeto social (25).
Tratándose de la representación de
las personas jurídicas, el Proyecto Modificatorio
señala en su artículo 8-A:
“Salvo disposición estatutaria distinta
o en contrario, el gerente general
o el administrador equivalente
de una persona jurídica está facultado
por su solo nombramiento
para celebrar convenios arbitrales,
representarla en procesos arbitrales
y ejercer todos los demás derechos
y facultades previstos en esta ley,
sin restricción alguna, incluso para
actos procesales de disposición de
derechos sustantivos”.
(24) Cfr. CREMADES, Bernardo, “Regulación nacional del arbitraje y la Convención de Nueva York”, en: Revista
Peruana de Arbitraje, N° 2, Grijley, Lima, 2005, p. 185.
(25) Artículo 12 de la LGA:
“Artículo 12.- Arbitraje Estatutario.- Constituyen convenio arbitral válido las estipulaciones contenidas en
los estatutos o normas equivalentes de sociedades civiles o mercantiles, asociaciones civiles y demás
personas jurídicas, que establecen arbitraje obligatorio para las controversias que pudieran tener con sus
miembros, socios o asociados; las que surjan entre éstos respecto de sus derechos; las relativas a cumplimiento
de los estatutos o validez de acuerdos, y para las demás que versen sobre materia relacionada
con las correspondientes actividades, fin u objeto social”.