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LA INTERVENCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL ESPAÑOLA EN CONTROVERSIAS SOMETIDAS A ARBITRAJE 621
cuentra prevista tanto en la Ley de arbitraje
de 1988 como en la actual Ley de
2003 y, actúa como función de apoyo y
control del arbitraje. Además, suele ir
acompañada de una caución o fianza que
tiene por objeto que el solicitante pueda
responder de manera rápida y efectiva de
los daños y perjuicios que en este caso, el
embargo preventivo de un buque, pueda
causar al patrimonio del demandado.
Pues bien, en la Sentencia 401/2006
del tribunal supremo de 19 de abril de
2006, se pone de manifiesto como la adopción
de medidas cautelares judiciales, y
el pronunciamiento por los daños y perjuicios
producidos por el alzamiento de
las mismas, son independientes a la cuestión
litigiosa principal, argumento que
compartimos plenamente. Tampoco habría
nada que objetar respecto a la apreciación
de que el juez que acordó el alzamiento
debía haberse resuelto sobre la demanda
reconvencional formulada por la
parte perjudicada. Más dudas se plantean
en cuanto a los requisitos necesarios para
que el Juez acuerde solicitar el embargo
preventivo de un buque, con “la formación
de un juicio provisional e indiciario
razonable”, máxime cuando en instancia
queda probado que el contrato de fletamento
se emitió y firmó con conocimiento
de embarque a utilizar con póliza de
fletamento. En el citado contrato, que no
aportó la parte que solicitó el embargo, a
pesar de que se le requirió por providencia,
las partes habían convenido que todas
las disputas que surgieran del contrato
serían sometidas al arbitraje final de dos
árbitros comerciantes en Londres.
En el caso objeto de análisis entiendo
que la adopción de medidas cautelares
judiciales, cuando existen indicios de ausencia
de fumus boni iuris por la parte solicitante,
debe aplicarse de manera más restrictiva
y, con una caución adecuada y ejecutiva
que restablezca los daños y perjuicios
que el embargo pueda ocasionar en el
patrimonio del demandado, porque en caso
contrario se podría producir un abuso de
derecho por una de las partes y la quiebra
del principio de igualdad de las mismas en
el proceso. Además en el supuesto de referencia,
el otorgamiento de la petición supuso
un privilegio para la parte actora,
dado que en primera instancia se dictó
sentencia en 1998 estimando la excepción
de sometimiento previo de la cuestión litigiosa
a arbitraje internacional (en el que
también se pueden acordar dichas medidas)
y, ordenando a la firmeza de la citada
sentencia el levantamiento de las medidas
de orden cautelar y, hasta el año
2006 no hubo un pronunciamiento del tribunal
supremo ordenando la devolución
los autos al juzgado de primera instancia
para que se pronunciase sobre la petición
de daños y perjuicios por el alzamiento
del embargo preventivo del buque.