livro - ALASRU - VI CONGRESSO_PARTE 3

atraso, y como el mecanismo más apropiado para no quedar fuera de los beneficios de la globalización. Los objetivos planteados con
el Tratado fueron la creación de nuevas oportunidades económicas a través de la eliminación de obstáculos al comercio y la promoción
de la circulación de bienes y servicios entre los territorios de las partes involucradas, la ampliación de las exportaciones, el aumento
de la inversión productiva y la generación de empleos bien remunerados. También pretendía mejorar la competitividad a través de un
mejor aprovechamiento de los recursos y de la capacidad productiva (Salinas O., 2000). Tal como argumenta Aguilar (1993), se partía
de la premisa que el TLCAN, al constituirse como el bloque comercial regional más grande, posibilitaría que los tres países maximizaran
su habilidad para competir y prosperar en el comercio mundial. La reducción de costos, precios más competitivos y mayor poder de
comercialización global serían los principales beneficios. México sería el país que más se beneficiaría de su nueva condición de socio
comercial de América del Norte.
La visión anterior contrasta con la de otros autores que consideran que el TLCAN traería mayormente consecuencias negativas,
sobre todo para la clase trabajadora. Uno de los principales problemas que se vislumbra es la pérdida de empleos en Estados Unidos
y Canadá por el traslado de empresas de estos países a México. La mayor reducción ocurriría, según algunos estudios, en aquellos
empleos que demandan menor calificación y en las zonas rurales donde tradicionalmente se han instalado fábricas e industrias
manufactureras que tienden a pagar bajos salarios (Sizer y Porterfield, 1996), y que presentan condiciones desventajosas de trabajo
y poco reconocimiento de los beneficios sociales.
La apertura económica también ocasionaría pérdida de competitividad de muchos productos agropecuarios en el mercado
interno y la consecuente reducción de la actividad productiva. Dentro el agro, la agricultura de subsistencia se vería más perjudicada
que el sector agroexportador, lo cual repercutiría a su vez en la disminución de fuentes de trabajo, el avance de la descampesinización
y la emigración campo-ciudad y fuera del país (Salinas O., 2000).
Con la firma del TLCAN 4 se acentúan los problemas relacionados con la economía campesina. Antes del GATT 5 todas las
importaciones requerían permisos previos del gobierno y estaban sujetas a una tarifa tope de 100 % y un promedio tarifario de 27%.
En 1990 no se requirieron permisos para casi ninguna importación y los impuestos más altos fueron del 16% con un promedio de
11%. Además, las nuevas regulaciones propuestas en 1989, permiten la inversión externa del 100% en casi todos los sectores de la
economía (Otero, 1996: 7).
Según estudios recientes, un 85% de la población rural está por debajo de la línea de pobreza y el 61.8% se encuentra en
extrema pobreza (Salinas O., 2000). Uno de los factores que incidió fuertemente en la disminución de ingresos de los productores y
el estancamiento o disminución en la producción de granos básicos fue la eliminación a la protección y el favorecer las importaciones
masivas. Por ejemplo, la liberalización total del comercio del maíz, la cual fue realizada al tercer año después de la firma del tratado
y no en el año 15 como estaba previsto, provocó una caída en los ingresos efectivos de los productores superior al 30%. El TLCAN
preveía que se importaran libre de impuestos 2.5 millones de toneladas de maíz proveniente de Estados Unidos y mil toneladas
provenientes de Canadá. Una vez rebasado ese cupo, México podría aplicar un arancel-cuota según la base importada y la categoría
de desgravación (Garduño y Pérez, 2001).
Sin embargo, entre 1994 y 1998 se importaron de EEUU y Canadá 5.3 millones de toneladas de maíz por encima de la cuota de
importación sin pagar el arancel acordado, lo cual significó dejar de cobrar 1500 millones de dólares. Además, en tres de los cinco años
no se respetó la cuota de importación libre de arancel y entre 1996 y 1998 se importó maíz por encima de la cuota prevista para el año
14 del TLCAN (2007). Con el frijol sucedió lo mismo en cuanto a que se liberó totalmente el comercio a partir del tercer año y no del
año 15, y para el arroz, trigo y soya en 5 años se completó el 50% del proceso de desgravación arancelaria (Peñaloza Méndez, 2000).
La disminución de los aranceles por importación se traduce en reducción de la inversión social del Estado y en especial, en recorte
de los subsidios para el sector rural.
La importación indiscriminada de productos agropecuarios ha provocado la reacción del sector político. En efecto, un
informe de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados planteó en abril del 2002 la necesidad de una urgente renegociación
del Tratado en su capítulo agrícola. El argumento básico para este reclamo es que en el período 87-93 se importaron 17.4 millones
de toneladas de maíz, mientras entre 1994 y 1999 se compraron 29.3 toneladas de ese grano. Es decir que en el primer período del
TLCAN se incrementó en 68% las importaciones del producto principal. En soya se pasó de 10.2 toneladas a 23.1 millones y en
sorgo de 18.6 a 22.6 millones de toneladas de importación. Señala el informe que «se percibe la magnitud del proceso señalado al pasar
de 52.3 millones de toneladas de importación entre 1987 y 1993, a 89.5 millones de toneladas en el período 1994 a 1999. Es decir que
las importaciones crecieron 37.2 millones en el período señalado.” Para de modificar este proceso, se propone establecer un arancel
cuota que está contemplado en el artículo 701 del tratado comercial (Garduño, 2002).
Aunque debido al poco tiempo que ha transcurrido desde la firma del Tratado no es posible realizar una evaluación
definitiva del mismo, algunos analistas (por ejemplo, Calva Téllez, 1998; y Globerman y Walker, 1994) consideran que las consecuencias
para México han sido más negativas que positivas. Además de la profundización de las diferencias entre los países, el tratado implicó
la pérdida de la soberanía nacional, el establecimiento de empresas maquiladoras en todo el país (en la década del 60 existían sólo en
la frontera norte), la desarticulación del aparato productivo (desaparición de procesos tradicionales de producción), y cambios tanto
a nivel urbano como rural, principalmente en el empleo. Las pequeñas industrias nacionales no pudieron competir con las grandes
empresas y con la avalancha de importaciones que desplazaron la producción nacional. El aumento del desempleo en la industria y
en el agro agudizó la inequidad en la distribución del ingreso y provocó una degradación generalizada de la calidad de vida de la
población, afectando tanto a los estratos medios como a los de menores recursos.
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