Corte Constitucional de Colombia Sentencia C-087/98 Referencia ...

departamentos universitarios de Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social o
Periodismo (denominación ésta en desuso). Si bien algunas de las materias que allí se
enseñan pueden aprenderse también por fuera de los claustros, es claro que son éstos
el lugar más indicado para hacerlo, por la competencia de las personas encargadas de
la docencia y por el alto grado de especialización que han alcanzado hoy tales unidades
académicas. La conveniencia de dichos estudios, para las personas que se dedican a la
tarea de informar y a realizar las demás tareas propias de un comunicador, no es
siquiera objeto de controversia.
Lo que se cuestiona es si la capacitación que ellos confieren, puede ser exigida como
condición para cumplir la actividad de informar (de modo permanente), dentro de un
sistema político que consagra la libertad de información como un derecho fundamental
de toda persona.
A juicio de la Corte, la respuesta tiene que ser negativa, por las razones que atrás
quedan consignadas, a propósito de la libertad de opinión, pues, como se ha dicho en
otro aparte de esta sentencia, la Constitución consagra la libertad de información con el
mismo vigor y alcance que aquélla, alcance y vigor que no pueden ser menguados con
la consideración de que en materia de información los riesgos sociales son mayores
cuando ella no es "veraz e imparcial" como la que tiene, también, derecho a recibir toda
persona. Parece entonces oportuno hacer referencia a este asunto.
2.2.3 La libertad de información y el riesgo social.
Es difícil imaginar alguna actividad social exenta de efectos riesgosos no sólo para el
que la cumple sino para el receptor o el sujeto pasivo. Tal evidencia ha determinado
cambios sociales significativos a los cuales no está sustraído el derecho. La sustitución
de la culpa por el riesgo creado, como presupuesto de la responsabilidad civil, es una
buena prueba de lo que se afirma.
Los riesgos son anejos a la vida social; eliminarlos resulta utópico y precaverlos tiene su
costo. Cuánto y por precaver cuáles, depende del sistema político que se elija. No
parece arriesgado afirmar que a mayor libertad mayores riesgos, pero los regímenes que
hacen del respeto a la dignidad humana su fundamento le asignan a ese valor un sitio
privilegiado en la escala axiológica. Sólo aceptan restringirla por razones irresistibles,
como cuando su ejercicio excesivo no se concilia con la necesidad de convivir. No
puede, pues, pensarse que a todo posible riesgo haya que responder con una restricción
a un bien de tan alta jerarquía.
Entre el eventual daño social que pudiera seguirse de una información inadecuada,
consecuencia de la libertad de informar, y la restricción general de ésta para precaverlo,
la sociedad democrática prefiere afrontar el riesgo del primero. Y es que no hay duda de
que impedirle a alguien que opine o informe habitualmente ("en forma permanente", dice
la ley), oponiéndole su incompetencia intelectual para hacerlo, es una modalidad de
censura, así se la maquille con razones de conveniencia, incompatible con un sistema
democrático y específicamente con una Constitución como la colombiana, que la
rechaza incondicionalmente, en términos categóricos: "... no habrá censura".
Lo que hasta aquí se ha dicho resulta rigurosamente armónico con un argumento final:
el legislador carece de potestad para reducir el ámbito de validez personal de las normas
constitucionales. En consecuencia, donde el Constituyente dijo: Toda persona, el
legislador no puede agregar "...siempre que esté provista de tarjeta" (y, por tanto, haya
satisfecho ciertas condiciones para obtenerla). Es por eso que del ejercicio de un
derecho fundamental (universal por naturaleza) no puede hacerse una práctica
profesional a la que sólo pueden acceder unos pocos.
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