Corte Constitucional de Colombia Sentencia C-087/98 Referencia ...

actividad del periodismo - que reconoce el mismo constituyente en el artículo 73 -, ni
tampoco desde la perspectiva de los artículos 20 y 26 de la C.P., a rechazar que el
legislador pueda regular esta profesión y establecer restricciones, desde luego
siempre que éstas se sometan al más estricto escrutinio de proporcionalidad y
razonabilidad, y no vulneren el núcleo esencial de las libertades consagradas en los
artículos citados.
Juzgo inapropiado reducir la portada del problema constitucional. Ya se recordó que
al potenciar ad infinitum el contenido hipotético de las restricciones, se esquivó su
análisis concreto en este caso. Adicionalmente, al eliminar de raíz la consideración del
riesgo social asociado al ejercicio del periodismo, se le restó toda plausibilidad a la
regulación legal de la profesión del periodista y, en particular, al señalamiento de un
requisito de acreditación social. Esta doble operación de potenciación (de la
restricción) y de aminoración (del riesgo social), permitió a la Corte dejar de lado la
faceta principal de la controversia, vale decir, la consideración de las condiciones bajo
las cuales puede - o no puede - el legislador regular la profesión de periodista sin
afectar la libertad de expresión y de información. En verdad, resulta falto de
sindéresis que la Constitución disponga que la actividad periodística gozará de
protección para garantizar su libertad e independencia profesional (C.P. art., 73), y,
de otra parte, que la misma no pueda ser materia de regulación legal y, por esta vía,
objeto de restricciones o limitaciones excepcionales, necesarias, precisas, razonables
y proporcionadas que se enderecen a alcanzar dichos objetivos.
Corresponde justamente al legislador satisfacer ambas necesidades: la de regular la
profesión de periodista y la de hacerlo sin afectar los derechos fundamentales. No
puede objetarse que a la esfera de derechos y deberes de toda persona vinculada
con el proceso de comunicación social - como emisor o receptor de informaciones y
de ideas y pensamientos -, se adicione otra que comprenda los derechos y deberes
especiales que se prediquen de los periodistas como profesionales, como quiera que
las exigencias y necesidades de quienes se ocupan como modo de vida de esta
actividad tienen connotaciones que no son las mismas de las que se aplican a las
restantes personas, aunque deba admitirse que la mayor intensidad con la que el
periodista ejercita la libertad de expresión y de opinión no demanda para él la
concesión de un estatuto privilegiado. El periodista existe para la Constitución como
un sujeto diferenciado que, por lo tanto, demanda un estatuto propio con miras a
garantizar su independencia y profesionalidad. Advertir la existencia de este
imperativo de origen constitucional, no significa, reitero, que dicho estatuto se
imponga como medio para instituir privilegios 16 . Su cometido no puede ser otro que el
trazado por la Constitución: lograr la libertad y la independencia del periodista.
Al lado de los derechos y deberes constitucionales que tienen por sujeto activo o
pasivo a toda persona, la ley puede establecer derechos y deberes de la persona
“como periodista” y en “tanto que periodista”. Cercenar esta posibilidad legítima de
diferenciación, sencillamente conduce a negar que el mandato contenido en el
artículo 74 de la C.P., pueda ser desarrollado por el legislador. Se sigue de lo anterior
que para los efectos de discernir la protección constitucional, en principio no viola la
Constitución Política que se introduzca por la ley un sistema para poder identificar qué
persona tiene la calidad de periodista. La necesidad de un estatuto diferenciado del
16 A este respecto, la Corte se ha pronunciado, entre otros, en los siguientes términos: “El aserto
anterior se funda no sólo en los principios universales de la igualdad, sino también en una valoración
de las circunstancias de pobreza por las que atraviesa el país, que exigen al Estado fortalecer la libre
competencia en igualdad de condiciones y le prohiben, decididamente, convertir el mercado laboral
en una feria de privilegios y exclusiones arbitrarias. En este sentido se orienta la Constitución, al
establecer como fin esencial del Estado facilitar la participación de todas las personas, en igualdad
de condiciones, en la vida económica de la Nación.”. (Sentencia C-619 de 1996).
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