Corte Constitucional de Colombia Sentencia C-087/98 Referencia ...

comunicación. Como tampoco violan los artículos constitucionales que garantizan la
libertad de empresa y la autonomía de los propietarios de los medios de comunicación,
porque es la misma Carta la que otorga a las autoridades unas facultades para
intervenir en las relaciones privadas, a través de una política fundada en la solidaridad y
en la prevalencia del bien común. Es decir, como al tenor del artículo 333 de la
Constitución, la libre competencia económica es un derecho que supone
responsabilidades, bien puede el legislador disponer que las personas que sean
vinculadas a dichas empresas para ejercer como periodistas, cumplan con ciertos
requisitos, como en este caso, poseer la tarjeta profesional.
3. Intervención de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia
Universidad Javeriana y de la Asociación Colombiana de Facultades de
Comunicación Social
El Dr. Gabriel Jaime Pérez, Decano Académico de la Facultad de Comunicación y
Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana y Secretario de la Asociación
Colombiana de Facultades de Comunicación Social, en nombre de las dos entidades,
presentó extemporáneamente un escrito en el cual solicita a la Corte declarar
constitucional las disposiciones demandadas. Los argumentos para fundamentar su
posición son los siguientes:
1. El periodismo debe ser ejercido por profesionales preparados, capaces de analizar,
interpretar y adquirir el criterio suficiente para cumplir con responsabilidad la difícil misión
de informar. Si bien la práctica periodística es importante, no se puede confundir con la
preparación que habilita para ejercerla con calidad. El periodismo, en este sentido, es
una profesión y no un oficio, que proporciona unos conocimientos de los que el
periodista actualmente no puede prescindir: derecho internacional, derecho
constitucional, sistemas informativos, fiscales, sociología, relaciones internacionales,
formación lingüística, literaria, económica, etc. Busca, además, dar una formación
integral para que el profesional sea capaz de enfrentar las transformaciones
tecnológicas, y asumir con criterio las necesidades de información de una sociedad cada
vez más exigente y consciente de los problemas sociales, culturales y políticos del país.
Es por ello que sin los requisitos exigidos por la ley 51 de 1975 no se podría garantizar la
idoneidad en el ejercicio de la profesión y se volvería al absurdo de considerar el
periodismo como un simple oficio que no requiere formación.
2. Los demandantes no tienen razón al afirmar que la exigencia de la tarjeta profesional
para ejercer el periodismo discrimina a aquellas personas especializadas en el manejo
de ciertos temas como la economía o el derecho, pero que no cumplen con los requisitos
dispuestos en las normas demandadas, porque se trata de sujetos que se encuentran en
diferentes supuestos de hecho. En efecto, los colaboradores son todas aquellas
personas que pueden dar un punto de vista sobre asuntos que generalmente son de su
especialidad o profesión, mientras que los periodistas profesionales, son aquéllos que
realizan su labor en forma permanente y remunerada, previa formación universitaria.
Pero además, si se eliminaran estos requisitos, sí se estaría violando el derecho a la
igualdad, pues el periodista sí se encuentra en una situación análoga a la de otros
profesionales a quienes se les respeta el derecho a laborar en actividades inherentes a
su profesión.
4. Intervención del Ministro de Educación
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