Corte Constitucional de Colombia Sentencia C-087/98 Referencia ...

(C.P., art. 2) - lo es en este caso por relacionarse de manera íntima con la
materialización de las más decisivas libertades públicas -, el que se pretende impone
que las medidas que los poderes públicos adopten con miras a su realización, deban
tener la aptitud sustancial para lograrlo.
El requisito de la idoneidad, en el juicio de proporcionalidad, estima la virtualidad
teórica de la decisión normativa que se endereza al cumplimiento de un fin concreto,
vale decir, su fracaso real no apareja su inexequibilidad siempre que ello no pudiese
haber sido razonablemente previsto. Sin embargo, tratándose de restricciones que se
erigen en el campo de la libertad de expresión y de información, no parece que la
Corte deba ab initio aceptar limitaciones que no compensen los recortes a la libertad
con la fundada expectativa que pueda abrigarse respecto del efectivo logro de las
finalidades propuestas. Por regla general, la idoneidad parcial de una medida legal,
no afecta su constitucionalidad, toda vez que se considera irrazonable exigir al
legislador que un fin constitucional se cumpla de manera inmediata e integral.
Empero, debe distinguirse el caso de las medidas que sólo podrían resultar aptas
respecto del fin si fueran acompañadas de otras y que por no estarlo, así fueren
parcialmente idóneas, están condenadas a priori a fracasar en lo que se refiere a la
consecución de un determinado objetivo. Si esto último se presenta, la medida legal
consistente en una restricción de un derecho fundamental, aunque sea parcialmente
idónea, deberá declararse inconstitucional por sacrificar una libertad sin tener una
mínima seguridad acerca de su viabilidad o aptitud para conseguir el fin. Lo anterior
debe ser aplicado con más fuerza y contundencia en el campo de las restricciones
relativas a los derechos que gozan de una especial prelación, como los contenidos en
el artículo 20 de la C.P.
La situación que se analiza ilustra de manera patente la necesidad, así sea
excepcional, de que la Corte involucre en el análisis relativo a la idoneidad de la
restricción legal, un parámetro de efectividad que califique la plausibilidad del medio
empleado. Es evidente que la mera profesionalización de la actividad periodística -
traducida en la posesión de un tarjeta de acreditación -, no puede por sí sola lograr
ningún efecto tangible y real en lo concerniente a los fines constitucionales a los que
se orienta: libertad e independencia de los periodistas e información veraz e imparcial.
En primer término ello no es posible si se mantiene, y no se ataca por la ley, la
excesiva concentración de los medios de comunicación social en manos de los
grupos económicos, circunstancia que impide la formación de una opinión pública
libre y que ha convertido a la gran mayoría de los periodistas en simples instrumentos
del gran capital y de sus intereses informativos, ocasionando, de paso, grave
detrimento a su propia dignidad. En segundo término, los fines constitucionales
estarán lejos de concretarse si los medios así controlados pueden libremente,
abusando de su posición dominante, aplicarse a ellos mismos - y al país - dosis
mayores o menores de “auto-censura”. En tercer término, tales fines no pueden
reflejarse en la realidad si dentro de la empresa comunicativa los periodistas no
participan activamente en la orientación del respectivo medio, puesto que la libertad y
la independencia no son adornos o privilegios de estos profesionales, sino que sirven
al propósito de que las personas que constituyen su vasta audiencia accedan a una
información veraz e imparcial.
La falta de una respuesta efectiva a los problemas planteados, unido a su franco
desconocimiento, hace que la medida adoptada por el legislador, por ser ella aislada y
funcionalmente fragmentada, sólo sea útil en últimas para establecer un requisito
puramente formal. De este modo el rendimiento neto de la medida se reduce a
restringir la libertad, sin aportar ningún avance sustancial en relación con los fines
constitucionales mencionados. En cambio, la determinación de un sistema de
acreditación que respete la Constitución, integrado en el marco de una regulación del
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