Corte Constitucional de Colombia Sentencia C-087/98 Referencia ...

periodista, es una opción legislativa que se deriva de la misma Constitución que en su
artículo 73 inequívocamente contempla la actividad del periodista como quehacer
típicamente profesional, cuya libertad e independencia, como fines constitucionales
deben, en consecuencia, ser obligatoriamente promovidos por la ley.
Además, junto a las razones que militan en favor de la regulación legal de las
profesiones en general - evitar que se produzcan daños a terceros; oportunidad y
necesidad de establecer ciertos requisitos subjetivos, especialmente en el campo del
conocimiento especializado; prevenir que otros valores y derechos de jerarquía
constitucional, que el Estado debe tutelar, puedan ser lesionados -, en el caso del
periodismo obran otros motivos que la imponen. La solución de los conflictos a que da
lugar la libertad de expresión y de opinión frente a otros derechos como la intimidad,
la honra y el buen nombre, muchas veces reclama que se determine la condición
profesional de la parte que ha emitido la información o suministrado el dato, máxime
cuando se pretende otorgar primacía al derecho a informar. El derecho a la objeción
de conciencia y el secreto profesional, cuyo ejercicio en el contexto de la dependencia
laboral de los informadores respecto de los medios de comunicación tiene notoria
importancia, también requiere que en algún sentido se defina al periodista profesional
y se fije su status . En materia penal, tanto para los efectos de la tipificación de ciertas
conductas, como en lo que concierne a la reserva de la fuente - vital para proteger la
independencia de esta actividad -, la determinación de esta categoría de personas no
puede sin más librarse al azar.
Sobra aquí volver a reiterar la salvedad ya hecha: todas las normas legales sobre
este asunto deben sujetarse a la Constitución Política y no quebrantar los derechos
fundamentales. En otras palabras, se pueden diseñar sistemas de acreditación
profesional que concedan enormes poderes al gobierno para identificar a los
periodistas y que por lo tanto sean inconstitucionales; pero, no puede descartarse,
que se consagren sistemas de acreditación del ejercicio del periodismo que sean
respetuosos de la Carta y sirvan al propósito de defender de manera efectiva la
libertad y la independencia del periodista.
23. La ley examinada precisamente viola la Constitución por no acertar en instituir un
sistema de protección de la libertad e independencia de los periodistas, que sea
compatible con la Constitución Política. En efecto, si se aplica a las restricciones que
contiene la citada ley, un examen estricto de proporcionalidad, la conclusión no puede
ser diferente de la inexequibilidad.
Las finalidades a las que se orientan las disposiciones de la ley, se ajustan
plenamente a la Constitución. La profesionalización de la actividad periodística, en
realidad, corresponde a un presupuesto enunciado en la Carta. No cabe duda de que
mejora la calidad del proceso de comunicación social - en el que los periodistas
ocupan una posición central como intermediarios y actores relevantes -, si éstos
deben previamente estudiar como disciplina académica las ciencias de la
comunicación social. Aparte de que la profesionalización de la actividad periodística,
es tan sólo un presupuesto de su libertad e independencia, estimularla contribuye a
promover el derecho a recibir información veraz e imparcial, no porque esto último se
siga automáticamente de lo primero, sino porque una mejor preparación académica
de los periodistas apunta indudablemente en esa dirección.
El medio utilizado por el legislador consistente en la obligación de adelantar dichos
estudios o demostrar experiencia de campo durante un tiempo que se contabiliza con
anterioridad a la vigencia de la ley, puede considerarse parcialmente idónea para
alcanzar el fin propuesto. La libertad y la independencia profesional del periodismo,
tienen el carácter de mandato constitucional que debe perseguirse mediante acciones
que sean conducentes a su cumplimiento efectivo. Como todo fin esencial del Estado
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