Corte Constitucional de Colombia Sentencia C-087/98 Referencia ...

“Artículo 1º. Reconócese como actividad profesional, regularizada y amparada
por el Estado, el ejercicio del periodismo en cualesquiera de sus formas.
(...)
Artículo 11.El periodista profesional no estará obligado a dar a conocer sus
fuentes de información ni a revelar el origen de sus noticias, sin perjuicio de las
responsabilidades que adquiere por sus afirmaciones.
Artículo 12. Los funcionarios públicos y especialmente las autoridades de
policía, garantizarán la libre movilización del periodista y su acceso a los lugares
de información, para el pleno cumplimiento de su misión informativa, salvo en
casos reservados conforme a las leyes.
Parágrafo. La violación de lo dispuesto anteriormente será causal de mala
conducta, sancionable con destitución.
Artículo 13. Las Juntas Directivas de la organizaciones periodísticas de
carácter gremial o sindical que funcionen con personería jurídica, podrán ser
entidades consultivas del Gobierno nacional, en todo lo referente a la mejor
aplicación de esta Ley, y muy especialmente en cuanto a la observancia de una
estricta ética profesional.
Artículo 14. Señálase el 9 de febrero de cada año como Día del Periodista
Colombiano. El ministro de Educación tomará las medidas que estime
convenientes para la digna celebración de tal fecha.
Artículo 15. La presente Ley entrará a regir a partir de la fecha de su sanción y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.”
En ese orden de ideas, en la medida en que la sentencia consideró inconstitucionales
los requisitos para ser periodista, así como la tarjeta que de ella derivaba, y que toda
la ley se limitaba a regular la profesión de periodista bajo el supuesto de que sólo
eran periodistas quienes poseyeran la mencionada tarjeta, entonces era
perfectamente razonable que la Corte concluyera que la ley en su conjunto perdía
eficacia normativa, por lo cual era procedente excluirla en su totalidad del
ordenamiento jurídico. Por consiguiente, no tiene fundamento la petición de nulidad
por una presunta vía de hecho y eventual violación al debido proceso, puesto que la
sentencia se limitó a aplicar de manera razonable la unidad normativa, y son las
propias normas que rigen los juicios constitucionales las que consagran esa figura.
La unidad normativa hace pues parte de las formas propias de los procesos de
control constitucional de las leyes.
Distinción entre discrepancia sobre los fundamentos de una decisión y nulidad
de una sentencia.
7- Con todo, se podría considerar que la anterior argumentación no es válida, por
cuanto muchas de las normas no acusadas podrían conservar una cierta autonomía
de sentido, por lo cual no procedía efectuar la unidad normativa y declarar su
inexequibilidad. Según esta objeción, si la sentencia se hubiera limitado a retirar del
ordenamiento los artículos y apartes impugnados, entonces las disposiciones no
impugnadas conservaban una importante eficacia normativa. Así los actores sólo
habían acusado la expresión “previo el lleno de los requisitos que se fijan en la
presente Ley” del artículo 2º de la Ley 51 de 1975. Ahora bien, si se declaraba
inexequible exclusivamente esa expresión, entonces el artículo 2º hubiera quedado
del siguiente tenor:
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