Corte Constitucional de Colombia Sentencia C-087/98 Referencia ...

temas como la economía, el derecho, la ciencia, las artes, etc., puedan divulgar sus
conocimientos a través de la prensa escrita o hablada. Es claro que la tarjeta profesional
no es garantía para los receptores de la información, de la idoneidad del periodista, pero
si lo es el conocimiento y el manejo científico del tema que se esté tratando.
3. La ley 51 de 1975, en las disposiciones demandadas, también viola la libertad de
empresa consagrada en el artículo 333 de la Carta, porque limita la posibilidad de los
medios de comunicación de escoger el equipo de trabajo que, en su concepto, aporte
mayores beneficios a su empresa. Esta facultad está implícita, además, en el artículo 20
de la Constitución, cuando reconoce a los medios de comunicación la libertad para
informar.
4. Las disposiciones impugnadas violan el derecho al trabajo y establecen una
discriminación inadmisible en contra de un sin número de personas que, no obstante
contar con el talento, la vocación, la experiencia, los conocimientos y la ética profesional
para formar y conducir responsablemente la opinión pública, no reúnen los requisitos
exigidos en ellas. Como se expresó, para ejercer el periodismo, no basta que se maneje
la información, o que se tomen clases de locución y lenguaje; es necesario que el
periodista tenga un manejo del tema y del contenido de la noticia y para ello, es
importante que se trate de un profesional en la materia. En otros términos, "no es la
tarjeta la garantía del periodista sino sus cualidades académicas y personales las que le
dan o le quitan la posibilidad de ejercer el periodismo."
Además, consideran que en un Estado social de derecho, participativo y pluralista, los
medios de comunicación deben estar abiertos a las manifestaciones de todos los
residentes en Colombia y no de unos pocos, como lo consagran las disposiciones
impugnadas. La aplicación de requisitos como los que contempla la ley controvertida,
llevarían al absurdo de exigir que un boletín religiosos o sindical, requiera
inexorablemente de un profesional de la comunicación social.
5. La observancia práctica de una disposición es requisito indispensable para su
constitucionalidad. Es por ello, que las normas demandadas deben retirarse del
ordenamiento, porque la realidad nacional muestra que no se cumplen, en primer lugar
porque gran parte de los directores y personas que ejercen el periodismo en influyentes
medios de comunicación social no tienen tarjeta de periodista; en segundo lugar, porque,
a pesar de haber sido promulgadas con la finalidad de mejorar la calidad en el ejercicio
del periodismo, continúan los abusos y arbitrariedades contra la intimidad de las
personas.
6. No se puede comparar el periodismo con otras profesiones a las que se les exige la
tarjeta profesional, como el derecho, la medicina o la arquitectura, pues éstas aplican
conocimientos específicos de la respectiva ciencia, mientras que el periodismo se
desenvuelve en el manejo técnico de la información de otras disciplinas, y no en el
marco de un único conocimiento.
IV. INTERVENCIONES
1. Intervención del Ministro de Comunicaciones
El Ministro de Comunicaciones, a través de apoderado solicitó a la Corte declara
constitucionales las disposiciones acusadas. Los argumentos principales de su escrito,
pueden resumirse así:
4