Corte Constitucional de Colombia Sentencia C-087/98 Referencia ...

1- Conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del decreto 2067 de 1991, compete a la
Sala Plena de la Corte tramitar y decidir los incidentes de nulidad que se promuevan
dentro de los procesos que se sigan ante ella. En efecto, con fundamento en ese
artículo, la Corte ha admitido solicitudes de nulidad de procesos de constitucionalidad,
no sólo por actuaciones o hechos ocurridos antes de dictarse el fallo sino también por
irregularidades en la sentencia misma, siempre y cuando éstas impliquen violación del
debido proceso, pues esta Corporación ha precisado que tiene "el deber de declarar
las nulidades que se presenten en cualquier etapa del proceso. Y la sentencia es una
de ellas." 17
El asunto bajo revisión.
2- Según el peticionario, la Corte debe declarar la nulidad parcial de la sentencia C-
087 de 1998, por cuanto dicha providencia excluyó del ordenamiento disposiciones de
la Ley 51 de 1975 que no habían sido demandadas, con lo cual se violó el debido
proceso, puesto que la Carta atribuye a esta Corporación la facultad exclusiva de
pronunciarse sobre las normas demandadas por los ciudadanos. Por ende, señala el
actor, la Corte desconoció la plenitud de las formas propias del proceso de control de
constitucionalidad pues declaró inexequibles disposiciones que no habían sido
demandadas, frente a las cuales la ciudadanía no tuvo la oportunidad de pronunciarse
y sin que se hubiera efectuado el traslado al Ministerio Público para que éste rindiera
su concepto de rigor, con lo cual se afectaron además derechos constitucionales ya
que se limitó el derecho de los ciudadanos a acusar esas disposiciones y se restringió
igualmente su posibilidad de intervenir como defensor de las mismas.
Ahora bien, es claro que el peticionario tiene razón en que la Corte declaró
inexequibles algunos artículos y apartes de la Ley 51 de 1975 que no habían sido
acusados. Sin embargo, y como el mismo peticionario lo reconoce, la Corte tenía un
fundamento normativo para ese proceder, que es la llamada regla de la unidad
normativa, prevista por el artículo 6º del decreto 2067 de 1991, según el cual esta
Corporación “se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá
señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas
otras que declara inconstitucionales.”
Por consiguiente, el problema que se plantea es si la sentencia C-087 de 1988
desconoció el debido proceso al efectuar unidad normativa con toda la Ley 51 de
1975.
Alcances de la figura de la unidad normativa y nulidad en los procesos
constitucionales.
3- Conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corporación, la realización de una
unidad normativa “debe ser excepcional 18 ”. En efecto, salvo los casos taxativos
mencionados por la Carta, a la Corte no le corresponde revisar oficiosamente las
leyes sino que debe pronunciarse sobre aquellas normas que sean demandadas por
un ciudadano. Además, en función del carácter participativo del proceso de control
constitucional en nuestro país, es necesario permitir el más amplio debate ciudadano
sobre las disposiciones examinadas por la Corporación (CP arts 1º, 40 ord. 6º y 241).
La Corte ha señalado entonces que la aplicación de esta figura “sólo procede cuando
ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente
17 Auto 08/93 M.P. Jorge Arango Mejía, doctrina reiterada en los autos del 27 de junio de 1996 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo y auto 035 del 2 de octubre de 1997. MP Carlos Gaviria Díaz.
18 Sentencia C-221 de 1997. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento Jurídico No 23, criterio
reiterado, entre otras, en la sentencia C-320 de 1997.
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