Ley 31/2003 - Zoo de Barcelona

• Finalmente, se exige la llevanza de un registro
de especies y ejemplares, con una serie de datos
básicos que se detallan específicamente,
remitiendo para la identificación de los animales
a los sistemas prevenidos en la normativa
de sanidad animal.
El Capítulo III contiene las disposiciones relativas
a la autorización e inspección de los parques
zoológicos: la apertura al público, la modificación
sustancial y la ampliación de los parques
zoológicos están sujetas a la autorización del
órgano competente de la Comunidad Autónoma
correspondiente, el cual comprobará, mediante
las correspondientes inspecciones, el cumplimiento
de las medidas de conservación exigidas en
el Capítulo II. Se señala la obligación de facilitar
la labor inspectora por los titulares y/o empleados
de los parques zoológicos.
En el Capítulo IV se establecen dos nuevos tipos
de registros: el Inventario Nacional y los Registros
autonómicos. El Inventario Nacional se crea en
el seno del Ministerio de Medio Ambiente a efectos
informativos y estadísticos, pudiendo orientar
los mecanismos de colaboración institucional
y ser de utilidad en las tareas de conservación
coordinada con otros agentes. La información
del Inventario procederá de los Registros
de las Comunidades Autónomas, que deberán
comunicar los datos de los parques zoológicos
autorizados en sus respectivos territorios.
El Capítulo V desarrolla el régimen de
responsabilidad de acuerdo con la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas del Procedimiento Administrativo Común,
tipificando las infracciones leves, graves y muy
graves en función de la puesta en riesgo de
los objetivos de la Ley. El órgano competente para
apreciar y sancionar las infracciones será el órgano
autonómico que determine la Comunidad
Autónoma competente en cada territorio, dadas
sus facultades de autogobierno y administración
ARTÍCULO 1 • LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
propia en esta materia. Las sanciones
que se han establecido en la Ley se
corresponden con el baremo establecido
en la legislación básica estatal vigente
sobre conservación y protección de la fauna
y flora silvestres.
Se establece el cierre inmediato de los
establecimientos zoológicos en el caso de falta
de autorización y se previene la posibilidad de
cierre en caso de cometerse otras infracciones
graves o muy graves. En estos casos, el órgano
competente deberá establecer las medidas
adecuadas de tratamiento, conservación
y traslado de los animales afectados
que el responsable del establecimiento deberá
llevar a cabo. En caso de incumplimiento,
la autoridad competente, en sustitución del
obligado, pondrá en ejecución dichas medidas,
repercutiendo su coste en aquél.
Además, en las disposiciones adicionales
se establecen criterios generales sobre las
medidas de seguridad pública que los parques
zoológicos deben mantener para prevenir
accidentes y riesgos a los visitantes,
la aplicación de las medidas de bienestar,
profilácticas y ambientales a los animales
no silvestres y la previsión del desarrollo
por el Gobierno de una regulación sobre
los Centros de Rescate en el marco de la
Convención internacional sobre el comercio
de especies amenazadas.
La disposición transitoria de la Ley establece
el plazo de un año para que los parques
zoológicos existentes antes de su entrada
en vigor se adapten a sus disposiciones,
es decir, que hasta el 28 de octubre de 2004
se podría solicitar la autorización
correspondiente. La entrada en vigor de la
Ley se produce al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado,
es decir, el 28 de octubre de 2003.
¿Por qué?
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