LEGISLACION MEXICANA - Orden Jurídico Nacional

8º.- La ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare
expresamente, o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la
ley anterior.
9º.- Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en
contrario.
10.- Las leyes que establecen excepciones a las reglas generales, no son aplicables a
caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes.
11.- Las leyes del Estado de Oaxaca, incluyendo las que se refieren al estado y
capacidad de las personas, se aplicarán a todos los habitantes del Estado ya sean
nacionales o extranjeros, estén domiciliados en él o sean transeúntes.
12.- Los bienes inmuebles sitos en el Estado de Oaxaca y los bienes muebles que en él
se encuentren, se regirán por las disposiciones de este Código; cuando los dueños
fueren extranjeros se tendrán en cuenta, además, las disposiciones de las leyes
federales sobre la materia.
13.- Los actos jurídicos, en todo lo relativo a su forma, se regirán por las leyes del lugar
donde pasen. Sin embargo, los mexicanos o extranjeros residentes fuera del Estado,
quedan en libertad de sujetarse a las formas prevenidas por este Código cuando el acto
haya de tener ejecución dentro del Estado.
En cuanto a los actos del Estado civil ajustados a las leyes de los otros Estados, del
Distrito Federal y territorios, tendrán validez en el territorio del Estado de Oaxaca.
14.- Los efectos jurídicos de los actos y contratos celebrados fuera del Estado, siempre
que deban ser ejecutados dentro de su territorio, se regirán por las disposiciones de
este Código.
15.- Los habitantes del Estado tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y
disponer de sus bienes, en forma que no perjudique derecho ajeno, bajo las sanciones
establecidas en este Código y en las leyes relativas.
16.- Cuando alguno explotando la ignorancia, inexperiencia, miseria o estado de
necesidad de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado
a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho de pedir la nulidad del
contrato y de ser ésta imposible, la reducción equitativa de su obligación.
El derecho concedido en este artículo dura un año contado desde el día de la
celebración del contrato.
(Reformado por Decreto Núm. 291, publicado en el Periódico Oficial de 20-IV-
2001).