EL REFORMADOR JUSTO RUFINO BARRIOS

serán forzados a cumplir con un día entero de trabajo.
El 3 de abril de 1877, Barrios con el "Rglamento de Jornaleros" (Decreto 177) el gobierno
legalizó el sistema forzado en las fincas de café y caña para los que tuvieran necesidad de ellos.
Los trabajadores fueron divididos en clases: los colonos, quienes por contrato, vivían y
trabajaban en las fincas; los jornaleros habilitados, aquellos que a cambio de dinero trabajaban
para los dueños de fincas para pagar sus deudas: y los jornaleros no habilitados, quienes
prometían trabajar por cierto tiempo sin recibir dinero anticipado. Los derechos y las
responsabilidades de cada clase estaban definidas en detalle. Los colonos podían vender su
trabajo por cuatro años y no podrían abandonar la finca hasta que todas sus deudas hubieran
sido canceladas. Ellos tenían la obligación de trabajar por salarios acordados por las fincas y les
era prohibido dejar el trabajo antes de que terminara el contrato aunque hubieran pagado sus
deudas al finquero. En caso de que ellos, por contrato, no recibieran alimentación, no podrían
abandonar la propiedad en tiempos de escasez de mano de obra y si el dueño les pudiera
proveer alimentos a precio adecuado, el trabajador no podría trabajar para otro finquero por el
tiempo que su contrato estuviera vigente. Los jornaleros habilitados tenían obligaciones
similares, excepto que no estaban obligados a permanecer en la finca por contrato sino que
podían salir una vez hubieran pagado sus deudas. Los jornaleros no habilitados, si no habían
recibido ningún salario anticipado estaban obligados a terminar su contrato, el cual, si no
estipulara de otra manera, era de una semana. Todos poseían una tarjeta con las cuentas,
donde el dueño de la finca, anotaba los pagos y las deudas, la calidad del empleado y los días
laborados. Esperamos que los indios supieran una aritmética básica para entender dichas
transacciones, a mi parecer un tanto complicadas. Los contratos contenían y estipulaban si el
dueño pagaría por la alimentación, alojamiento y escuela para los niños del trabajador.
Muchos trabajadores eran contratados para trabajar con los acuerdos anotados, pero el
reclutamiento para trabajar en los mandamientos era ilegal y los mandamientos eran
manejados por las autoridades públicas, bajo el control del Jefe Político Departamental, a quien
los finqueros comunicaban sus necesidades de trabajadores. Los reclutas eran sacados de los
pueblos cercanos a las plantaciones, pero a veces, de lugares más lejanos. Las demandas podían
ser de sesenta trabajadores a la vez, pero venían a tener efecto solamente en trabajadores que
no hubieran sido ya contratados a trabajar con dinero de anticipo. El período del trabajo bajo
los mandamientos era de ocho a quince días, si los trabajadores venían del mismo
departamento o de un mes si vinieran de otro. En este último caso, el dueño debería pagar dos
reales por cada diez leguas que el trabajador debiera de viajar, pero sin recibir ningún pago para
el viaje de regreso. Los finqueros pagaban a las autoridades medio real por cabeza de indios
trabajando por una o dos semanas y un real si trabajaban por más tiempo. Los alcaldes y
gobernadores supervisaban y autorizaban el reclutamiento, pero la acción final era acarreada
por los dueños y sus agentes. Los indios no recibían más de la mitad de los salarios anticipados
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