AGUAYO QUEZADA SERGIO - Sergio Aguayo

En el mismo sentido, opina Salvador Ochoa Olvera: “Es así como por primera vez
(refiriéndose a las reformas de 1982, que produjeron la redacción actual del artículo 1916
del Código Civil) nuestro derecho concibe la reparación del daño moral de una manera
autónoma de cualquier otro tipo de responsabilidad civil o penal que no sea la derivada
del daño inmaterial. Actualmente no importa si existe o no la condena por responsabilidad
civil derivada de un daño a bienes materiales, para poder ejercer la acción de reparación
moral.” (Salvador Ochoa Olvera, “La Demanda por Daño Moral”, Mundo Nuevo,
México, 1991, p. 31).
Por lo que se refiere al tema de la demostración indubitable del daño material causado,
como lo exige el Juez, en la sentencia que se combate, elemento que no se encuentra
expresamente determinado en el artículo 1916 del Código Civil, el autor en comento señala
lo siguiente: “Es así como nuestro Código se une a las corrientes argentina y francesa
sobre la prueba de la existencia del daño moral, ya que en nuestro derecho, para
demostrar el daño inmaterial, solamente es necesario: A. Probar la relación jurídica que
vincula al sujeto activo o agente dañoso con el sujeto pasivo o agraviado. B. Demostrar
la existencia del hecho u omisión ilícitas que causa un daño moral, lesionando uno o
varios de los bienes que tutela esta figura. (conducta antijurídica y realidad del ataque).
En el inciso B anterior, tenemos el segundo supuesto a demostrar para acreditar la
existencia del daño moral. Su importancia se ejemplifica de la siguiente manera: no es
necesario acreditar ante el Juez la intensidad del dolor sufrido o la magnitud del daño
internamente causado... De acuerdo con la valoración objetiva, existirá un daño moral
desde el momento que existe lo ilícito de la conducta, que se demuestra con la realidad
del ataque. De la misma forma, existe la vinculación jurídica entre el agresor y el
agraviado. Para la prueba del daño moral no importa si dichos calificativos son ciertos o
si verdaderamente le causaron dolor moral al sujeto pasivo..., ya que existe el hecho
antijurídico y al momento en que el agraviado solicita su reparación, está expresando en
sentido afirmativo, que uno o varios de los bienes que tutela el agravio extrapatrimonial le
fueron conculcados...” (Op. Cit. pp. 80 y 81).
También de una adecuada interpretación de estos preceptos del Código Civil, no se puede
desprender que sólo pueden ser reclamados judicialmente daños “trascendentes” ya que
ese requisito, no se desprende del texto expreso de la ley, o de su debida interpretación
jurídica, por lo que el juzgador está impedido para establecerlo.
Por último, sólo está excluido de cubrir el daño moral, quien ejerce su derecho de opinión,
crítica, expresión, e información al amparo de lo que marcan los artículos 6 y 7
constitucionales, pero dentro de sus limitaciones.
En ese orden de ideas, la resolución del a quo que por la presente se combate, resulta ilegal
toda vez que evade por completo la interpretación armónica de los artículos sexto y séptimo
constitucionales, a la luz de otros preceptos del ordenamiento jurídico mexicano como son
los artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 17 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, V de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, y 11 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, esto con independencia de las alusiones a la reputación que se señalan tanto en el
inciso a) del tercer párrafo del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, como en el inciso a) del segundo inciso del artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, los cuales en su conjunto completan lo dicho en los
artículos 1916 y 1916 BIS del Código Civil para el Distrito Federal.
En principio, habrá de distinguirse entre la libertad de expresión y el derecho a la
información de una manera bastante sencilla, pues la primera propicia que sus titulares
expresen todo tipo de opiniones, juicios de valor y cualquier postura que guarden en
relación con algún tema en particular, sin que sea posible fijar un parámetro de corrección
que permita decidir si tales expresiones son adecuadas o no, puesto que en una sociedad
democrática no deben existir principios absolutos, y determinados a priori, que definan lo
que está bien o mal.
Sin embargo, ello no implica que la libertad de expresión sea absoluta e irrestricta, pues si
se le toma de pretexto para esgrimir opiniones ofensivas (maliciosas) es claro que
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