AGUAYO QUEZADA SERGIO - Sergio Aguayo

Tesis: I.10o.C.15 C
Tesis Aislada
Materia(s): Civil
DAÑO MORAL. EXPRESIONES CUYA PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE
COMUNICACIÓN MASIVO ACREDITAN EN SÍ MISMAS QUE SE PRODUJO.
El derecho mexicano no define lo que es la moral para el orden jurídico, pues el
concepto varía de acuerdo con la época y medio social imperante; sin embargo, dado
que constituye un derecho de la personalidad, se reconoce y tutela en el artículo 1916
del Código Civil para el Distrito Federal, que establece que debe entenderse como
daño moral la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos,
creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o
bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Por tanto, la publicación
en un medio de comunicación masivo de expresiones que, ponderadas de acuerdo
con las reglas generales de la lógica y la experiencia a que hace referencia el
artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles, vulneren el respeto que se debe a
una persona y que la hacen digna de estimación y credibilidad, constituyen la
prueba de que se produjo ese daño, pues determinan la afectación a la consideración
que de sí misma tienen los demás; mayor aún si resulta un hecho notorio que el tipo
de expresiones proferidas menoscaben la integridad moral, conforme a lo dispuesto
por el precepto 286 del código adjetivo civil en cita. Lo que no implica atentar contra
la libertad de expresión, pues el artículo 6o. constitucional no contiene una
consagración en abstracto de esa libertad, sino una regulación jurídica que impide al
Estado imponer sanciones por el solo hecho de expresar ideas y hace responsable a
quien emite su opinión si de ello derivan consecuencias jurídicas, como los ataques a
la moral.
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 769/2000. Isabel Arvide Limón. 27 de febrero de 2001. Unanimidad de
votos. Ponente: J. Jesús Pérez Grimaldi. Secretaria: Margarita Morrison Pérez.”
Se insiste, la información que se da a conocer al público, sólo debe utilizar un lenguaje
descriptivo, no como el utilizado por el demandado en sus escritos, llenos de calificativos
que lejos de expresar un hecho, sólo emiten una opinión desaprobatoria contra quien van
dirigidos, exponiéndolo al descrédito, desprecio, o ridículo frente a las demás personas, lo
que vuelve maliciosa la expresión.
En ese tenor, resulta ilegal e infundada la apreciación realizada por el juzgador, en el
sentido de que mi representado, no acreditó la procedencia de su acción, y de que las
publicaciones materia de la litis eran lícitas, ya que de todo lo expuesto, en párrafos
anteriores, se aprecia lo contrario, esto es, la ilicitud de las publicaciones, por contener
hechos falsos, subjetivos y maliciosos y con ello, lo procedente de la acción intentada por la
parte actora.
En síntesis, en primer lugar en la sentencia recurrida no se distingue entre la libertad de
expresión y el derecho a la información, no obstante transcribir el artículo 1916 BIS del
Código Civil para el Distrito Federal, así como los artículos sexto y séptimo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que expresamente se
reconocen por separado tales derechos fundamentales.
Este proceder del a quo resulta del todo ilegal debido a que por ese medio se desentiende
por completo de los argumentos de la demandante en el sentido de que la parte demandada
en todo momento presentó sus ataques como si se tratara de afirmaciones irrefutables en los
hechos, aunque a lo largo del juicio ordinario terminara por reconocer que se trataban de
sus meras opiniones, argumentos que de ser tomados en cuenta, como legalmente procede,
llevan a concluir que al ni siquiera exhibir la demandada las supuestas fuentes informativas
en que dice basar sus cuestionamientos al derecho al honor de la ahora recurrente, queda
por entero manifiesta la ilicitud en el ejercicio de sus derechos.
La importancia de tan elemental distinción entre la libertad de expresión y el derecho a la
información, es que constituye la base para tener por demostrada la ilicitud de la conducta
de la demandada, en virtud de que aplicado a contrario sensu el artículo 1916 Bis del
Código Civil para el Distrito Federal, cada vez que una persona exceda o traspase los
términos y las limitaciones señalados en los artículos sexto y séptimo constitucionales, su
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