AGUAYO QUEZADA SERGIO - Sergio Aguayo

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 519/2002. Transportes Aéreos Pegaso, S.A. de C.V. 30 de enero de
2003. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretaria: María
Luz Silva Santillán.”
Si acaso, lo que este criterio intenta separar en los casos en que el daño moral se alegue por
personas jurídicas y no por personas físicas, es que las primeras deben demostrar, a fin de
que pueda entenderse que han sufrido un daño moral, que previamente terceras personas les
ha reconocido una imagen de prestigio que se ha visto afectada por la actuación del sujeto
que demanden. Requisito que a todas luces no resulta aplicable para causas intentadas por
personas físicas, como se enseña en las partes resaltadas de la tesis que enseguida se
reproduce:
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXI, Mayo de 2005
Tesis: VI.2o.C.416 C
Página: 1467
HONOR Y REPUTACIÓN COMO DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. CUANDO
SE RECLAMA EN JUICIO LA INDEMNIZACIÓN CORRELATIVA POR EL DAÑO
MORAL OCASIONADO, NO DEBE DEMOSTRARSE SU EXISTENCIA, SALVO
PRUEBA EN CONTRARIO, SINO EN TODO CASO LOS ACTOS MATERIALES
IMPUTADOS A QUIEN SE ATRIBUYE SU AFECTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA). El honor y la reputación, son cualidades inherentes a la
persona conforme lo establece el artículo 76, en su numeral 1, del Código Civil para
el Estado de Puebla, al identificarlos como integrantes de los derechos de la
personalidad, y su violación, en términos del arábigo 1958 del propio código
sustantivo genera el derecho a reclamar el daño moral ocasionado. Por tanto, cuando
se pretenda en juicio el pago de la indemnización correlativa, no debe considerarse
como un elemento objetivo a demostrar la existencia de los citados atributos o que
éstos fueran reconocidos por la sociedad antes y después del acto que motiva su
afectación, al que se considera fuente de responsabilidad exigida, salvo prueba en
contrario, ya que las indicadas cualidades son consustanciales a la persona misma y
lo único que, en todo caso, debe ser objeto de demostración en la justificación de esta
acción, son los actos materiales imputados a quien se atribuye su afectación y que
pudieran traer como consecuencia la transgresión de tales derechos.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 402/2004. Fernando Víctor Flores Eusebio y otros. 24 de febrero de
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario:
Crispín Sánchez Zepeda.”
Que este criterio se haya dictado con motivo de la interpretación de la legislación de otro
estado de la República, en nada impide que resulte aplicable a la causa que se intenta, toda
vez que en él se definen elementos propios a un derecho fundamental del que gozan todas
las personas en este país, como lo es el derecho al honor, derecho que no puede ser distinto
dependiendo del lugar que se habite, lo que es consistente con la legislación aplicable del
Distrito Federal.
En definitiva, a menos que se pueda pensar que al a quo no le es posible identificar las
diferencias existentes entre personas físicas y morales, no puede haber otra conclusión que
aquella en el sentido de que su sentencia deviene ilegal, al pretender introducir en una causa
de daño moral intentada por un individuo, elementos que cuando más pueden ser exigidos
tratándose de personas jurídicas.
A todo lo anterior, baste agregar que la ilegalidad del fallo dictado por el a quo es
cabalmente apreciable, con la sola lectura del artículo 1916 del Código Civil para el
Distrito Federal, porque si en la sentencia recurrida se hubiera tenido la elemental
precaución de transcribir en su totalidad tal precepto, no se habría tenido problema en
observar que en su segundo párrafo se reconoce que el daño moral puede presentarse “con
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