AGUAYO QUEZADA SERGIO - Sergio Aguayo

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 14424/2002. El Espectáculo Editorial, S.A. de C.V. y otras. 13 de
enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria:
Carmina S. Cortés Pineda.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI,
noviembre de 2002, página 1131, tesis I.3o.C.368 C, de rubro: "DAÑO MORAL.
PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN
RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).".
Por otro lado, llamo la atención de sus Señorías, la infracción al artículo 81 del Código de
Procedimientos Civiles en que incurrió el juzgador, al no respetar los principios de claridad
y congruencia en su sentencia, en primer lugar, porque no es clara y por lo tanto
contraviene la ley, el hecho de que haya pretendido fundamentar su resolución en una tesis
denominada “daño material”, la cual no era aplicable al caso, por ser una controversia
entre particulares y no de una sociedad o persona jurídica, por lo que dicha tesis, que
aparece en la página 3 de la sentencia, no era aplicable y por lo mismo, la sentencia no se
fundamentó en Derecho, ya que la misma, además de no ser aplicable a casos de daño
moral por la afectación al honor, como se ha expuesto, sólo era aplicable a personas
morales y no a las partes en este procedimiento, además de no ser aplicable a las reglas
especiales de la ley para el daño moral, por lo que se aprecia la infracción al principio de
claridad de la resolución.
Además, la falta de cumplimiento al principio de claridad se desprende en la propia
contradicción que hay en la sentencia combatida, ya que como se ha señalado, el juzgador
considera que para que sea procedente la acción de daño moral por una persona física,
resulta indispensable que haya un daño trascendente y material, pero para hacer esa
consideración, en la página 3 de la sentencia que se combate, se transcribe una tesis
identificada como: “Daño Moral en el Derecho Positivo Mexicano”, la cual ya se
transcribió en este escrito (en la página 14) y que como se expuso, señala claramente lo
siguiente: “estos derechos (se refiere al honor o a la reputación, etc.) no pueden ser
tasables o valorables perfecta ni aproximadamente en dinero, por referirse a la persona en
su individualidad o intimidad...” para hacer posteriormente referencia, a la Teoría de la
Comprobación Objetiva, para señalar que para la procedencia de esta acción, no se necesita
un daño grave, ni material, ni siquiera que el daño moral se pruebe. En ese sentido, se
desprende la contradicción y poco cuidado que tuvo el juzgador en su resolución, ya que la
tesis en que se apoya, dice lo contrario a lo que afirma, es decir, su peculiar aseveración de
que para la procedencia del daño moral reclamado, resulta indispensable que se dé un daño
material, por lo que se demuestra una vez más la contradicción en que incurre el Juez en la
sentencia que se combate y con ello, la infracción al artículo 81 del Código de
Procedimientos Civiles.
En síntesis, el fallo dictado por el a quo en el expediente 544/2005, con fecha 3 de marzo de
2006, se apoya en una tesis del todo extraña a la causa intentada por la demandante, en
razón de que vincula la actualización del daño moral con la figura que denomina “daño
material”, la cual expresamente se reconoce aplicable para las personas jurídicas en la cita
que en tal sentencia puede leerse en su foja tres.
Efectivamente, después de transcribir parte de los artículos 1916 y 1916 BIS del Código
Civil para el Distrito Federal, el a quo en la foja 3 de su sentencia señala:
“DAÑO MATERIAL.- Una persona jurídica solo puede reclamar indemnización por
causa de un.- Para que una persona jurídica pueda reclamar el pago de una
indemnización por concepto de daño moral, se requiere que dicho daño trascienda y
se convierta en un daño material.”
En ese tenor, resulta ilegal a todas luces sostener un criterio ligado con causas en las que se
ven involucradas personas jurídicas o morales, al momento de pretender resolver un juicio
del todo distinto en el cual se tiene por actor a una persona física. Esta sencilla diferencia
evidencia el desacierto en que incurre el a quo en el considerando “III” de la sentencia
recurrida. Verbigracia, a foja cinco:
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