AGUAYO QUEZADA SERGIO - Sergio Aguayo

AGUAYO QUEZADA SERGIO
VS.
PRIMITIVO RODRÍGUEZ OCEGUERA
JUICIO ORDINARIO CIVIL.
EXPEDIENTE: 544/2005
C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL.
PRESENTE
RODOLFO VIDAL GÓMEZ ALCALÁ, en mi carácter de apoderado legal de SERGIO
AGUAYO QUEZADA, parte actora en este procedimiento, personalidad que tengo
reconocida en autos, atentamente comparezco y expongo:
Con fundamento en los artículos 688, 689, 691, 692, 693, 694, 695 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, vengo en nombre de mi
mandante, a interponer RECURSO DE APELACIÓN en contra de la SENTENCIA
DEFINITIVA de fecha 3 de marzo del 2006, dictada en el expediente en el que se actúa,
por el C. Juez 40° de lo Civil del Distrito Federal, por ministerio de ley, publicada en el
Boletín Judicial el día 6 de ese mes, la cual en su primer punto resolutivo, determinó
incorrectamente que la parte actora no probó su acción, la cual fue estudiada de oficio y en
el segundo punto resolutivo, declaró improcedente la acción de daño moral intentada, por
los razonamientos descritos en el considerando “segundo” (así) absolviendo de igual forma
a la parte demandada, al pago de las costas causadas.
Lo anterior en virtud de causar los siguientes:
A G R A V I O S
PRIMERO. La sentencia recurrida, señala en sus puntos resolutivos, lo siguiente:
“R E S U E L V E
PRIMERO.- Ha procedido la Vía Ordinaria Civil en que el actor NO probó su acción, la
cual fue estudiada de oficio por el suscrito juzgador.
SEGUNDO.- Se declara IMPROCEDENTE la acción de DAÑO MORAL intentada por
SERGIO AGUAYO QUEZADA, por los razonamientos descritos en el considerando II de
esta misma sentencia. Por tanto, se absuelve a PRIMITIVO RODRÍGUEZ OCEGUERA,
de las prestaciones que le fueron reclamadas en el escrito inicial de demanda.
TERCERO.- Por no encontrarse el presente asunto dentro de los supuestos del artículo
140 del Código de Procedimientos Civiles, no se hace condenación a costas.
CUARTO.- Notifíquese.”
Para llegar a tal determinación, por lo que se refiere a los tres primeros puntos resolutivos,
hay que acudir a los considerandos tercero, cuarto, cuarto (así) y cinco, y no al segundo,
que no es aplicable, como erróneamente se indica en el punto resolutivo segundo, lo cual
sólo denota la negligencia, el descuido y la premura con las que actuó el juzgador al
momento de dictar y revisar la sentencia que hoy se combate, infracción que por sí misma,
demuestra violación a los principios de claridad y congruencia que cualquier resolución
judicial debe tener, de acuerdo a lo que previene el artículo 81 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, toda vez que resulta falso lo establecido en
dicho punto resolutivo, en atención a que el considerando II no desvirtúa la acción
intentada.
En cambio, los considerandos III, IV, IV (así) y V, señalan lo siguiente:
“III.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimientos
Civiles las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus
pretensiones. Ahora bien, por ser el procedimiento una cuestión de orden público, el
suscrito juzgador tiene la obligación de estudiar de oficio la IMPROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN POR FALTA DE ALGUNO DE SUS ELEMENTOS, según lo resuelto por el

Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, bajo el rubro
“ACCIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA”.
Por lo anterior, es preciso señalar que por daño moral “Se entiende la afectación que
una persona sufre en sus sentimientos, configuración y aspecto físico, o bien, en la
consideración que de sí mismo tienen los demás.” De conformidad con lo establecido en
los artículos 1916 y 1916 Bis del Código Civil, quien demanda la reparación del daño
moral debe acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el daño que
directamente le hubiere causado tal conducta, por lo que cuando se vulnere o menoscabe
la integridad física de las personas se presumirá que hubo daño moral.
A efecto, de establecer la improcedencia de la acción, es importante transcribir los
artículos que la Ley establece, para tener por NO acreditado el daño moral en contra del
demandado...” (se transcriben los citados preceptos).
“DAÑO MATERIAL.- Una persona jurídica solo puede reclamar indemnización por
causa de un.- Para que una persona jurídica pueda reclamar el pago de una
indemnización por concepto de daño moral, se requiere que dicho daño trascienda y se
convierta en un daño material.
Bajo esa tesitura, se tiene que para acreditar la existencia de daño moral, se requiere
analizar lo que el Derecho Positivo Mexicano señala al respecto, por lo que en el
presente caso No. Registro: 184,505. Tesis aislada. Materia (s): Civil, Novena Época,
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Abril de 2003. Tesis: I.4º.C.58 C. Página: 1073.
DAÑO MORAL EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO...” (se transcribe).
“En ese contexto y antes de entrar a la valoración de las pruebas es necesario establecer
en primer término que la libertad de expresión se encuentra regulada por los artículos
SEXTO y SÉPTIMO de la Constitución General de la República, los cuales para una
mejor percepción se transcriben a continuación:... (se transcribe).
Por lo antes dicho, se tiene que para que prospere la acción del daño moral, se tiene que
acreditar la lesión a los derechos que la persona ha sufrido. Es decir, se tiene que
acreditar la afectación directa a sus derechos, creencias, decoro, honor, configuración,
aspectos físicos, etc., puesto que estos son los llamados derechos de la personalidad,
como adecuadamente los viene considerando la legislación civil contemporánea, que
concede una amplia gama de prerrogativas y poderes para garantizar al individuo el
goce de estas facultades y el respeto al desenvolvimiento de su personalidad física y
moral, por lo que no es aceptable que se puedan vulnerar tales derechos a una persona,
por la consideración de salir a la luz pública en una nota informativa o periodística,
siendo por ello de vital trascendencia el hecho de que necesariamente al reclamar el
pago de una indemnización por concepto de daño moral, tal daño debe trascender y
convertirse igualmente en un daño material. Luego entonces, en el presente asunto, el
actor NO acredita el daño moral que manifiesta se le ha causado, tampoco el daño
material que a consecuencia de aquel hubiese sufrido, y mucho menos que ese daño
haya sido por un hecho ilícito que el ahora demandado haya hecho al actor, a raíz de
haber ejercitado su derecho de expresión, y que a consecuencia de esto, el hoy actor
sufrió una afectación en su honor, su reputación o la consideración que de él tienen las
demás personas. Por lo que a todas luces, resulta evidente la IMPROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN, dado que, los documentos que exhibió como medios de prueba resultaron
insuficientes para acreditar “EL DAÑO MORAL” que dijo haber sufrido, ello en razón de
los siguientes razonamientos. Primero, NO cumplió con los requisitos exigidos por el
Código Civil, en su artículo 1916 para ejercitar la acción intentada, en virtud de que es
menester que quien la ejercite, justifique los siguientes elementos a) la existencia de un
hecho o conducta ilícita provocada por una persona denominada autora; b) que ese
hecho o conducta ilícita produzca afectación a una determinada persona, en cualquiera
de los bienes que a título ejemplificativo tutela el artículo 1916 del Código Civil para el
Distrito Federal; c) que haya una relación de causalidad adecuada entre el hecho
antijurídico y el daño. Situación que en presente asunto NO ocurrió, toda vez, que con las
pruebas aportadas por el actor NO acreditó lo que señaló en las prestaciones I, II y III de
su escrito inicial de demanda cuando señaló: “...I) La declaratoria judicial de que la
parte demandada, señor PRIMITIVO RODRÍGUEZ OCEGUERA, ha causado a la parte
actora, SERGIO AGUAYO QUEZADA, un daño moral, por la afectación a mi derecho al
honor, mi reputación, así como a la consideración que de mí tienen las demás personas,
por los hechos y consideraciones que se exponen en la presente demanda, en atención a
que ejercitó su libertad de expresión y su derecho a la información en forma ilícita, II)
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Con motivo de la declaratoria que se solicita en el numeral anterior, la publicación, a
través de los medios informativos que su Señoría considere convenientes, acorde a lo
ordenado en la parte final del último párrafo del artículo 1916 del Código Civil para el
Distrito Federal, de los extractos de la sentencia que reflejen adecuadamente la
naturaleza y alcance de la decisión que se adopte en este juicio, en el que se deberá
declarar que la parte demandada, señor PRIMITIVO RODRÍGUEZ OCEGUERA, ha
ejercido su libertad de expresión y su derecho a la información de forma abusiva e lícita
afectando con ello mi derecho al honor, así como mi reputación y la consideración que de
mí tienen las demás personas, provocándome un daño moral III) Como consecuencia de
lo anterior, el pago de la indemnización, para reparar el daño moral que se ha causado a
la parte actora, derivado de la afectación que de manera ilícita se ha presentado en
detrimento de mi derecho al honor, así como mi reputación y la consideración que mi
tienen las demás personas, la cual deberá de fijar su señoría considerando la lesión de
que he sido objeto en mis derechos, el grado de responsabilidad de la parte demandada,
su situación económica, la de la parte demandante, así como las demás circunstancias
que se actualizan en este caso....” (fojas 1 y 2) dado, que NO acreditó la afectación que
refiere sufrió en su HONOR, REPUTACIÓN y LA CONSIDERACIÓN QUE DE ÉL
TIENEN LOS DEMÁS, lo anterior encuentra sustento jurídico en lo resuelto por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, Instancia. TERCER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, Noviembre de 2002. Tesis:
I.3o.C.368 C. Página 1131. DAÑO MORAL. PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA LA
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO
FEDERAL)” (se trancribe junto con otra denominada: DAÑO MORAL. ES LA
ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS
SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR,
REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS,
O BIEN, EN LA CONSDIERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS
DEMÁS PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO”), lo cual en el presente caso NO
quedó acreditado, tal y como se preciará a continuación.
IV.- Bajo esa tesitura, es de señalarse, que el actor ofreció como medio de prueba de su
parte la Confesional a cargo del demandado, probanza la cual se desahogó en la
audiencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil cinco (fojas 352 a 356) ahora bien,
al absolver las posiciones que fueron calificadas de legales, el absolvente en las
posiciones 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, otro 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 129, 131,
133, 139, 140, 143 y 150 contestó en forma afirmativa las mismas, al señalar entre otras
cosas que; ha realizado publicaciones desde el año de mil novecientos noventa y siete a
dos mil cuatro en el periódico La Jornada; que en fecha dos de junio de mil novecientos
noventa y siete publicó en el periódico La Jornada, una carta titulada “Reitera el
carácter de inversionista del apoyo financiero de EU a ONG”, que el 19 de abril de 2001,
se publicó en el periódico La Jornada, una carta de su autoría titulada: “Señala vínculos
de ONG mexicanas con la ultraderechista NED”; que el actor y la señora Mariclaire
Acosta Urquidi, aceptaron directamente el patrocinio de NED; que en el último párrafo
de la precitada carta refiere que la NED es una agencia de espionaje; que en fecha 6 de
septiembre de 2001, publicó en el Diario La Jornada. “Sobre las actividades del NED en
México”, que el 15 de mayo de 2002, se publicó en el periódico La Jornada una carta de
su autoría titulada “Rodríguez Oceguera insta a debate a Aguayo”; que el 28 de julio de
2002, publicó un artículo denominado “Mis NED habla a Rajatabla”. Al respecto, es de
señalarse que el absolvente al aclarar las precitadas posiciones, también señaló 73.-
“...que sí, tales afirmaciones las he fundamentado siempre en lo que sobre la NED han
afirmado Diarios Estadounidenses y miembros del Congreso, Académicos y funcionarios
gubernamentales...”; 75.- “...que sí, basado en las fuentes antes señaladas...”; 78.- El
señor SERGIO AGUAYO no tiene un problema conmigo, sino con las fuentes señaladas
por mí, con ellas debería debatir o a ellas debería demandar si es que cree dicen cosas
falsas...”; 89.- que sí y me remito a las fuentes estadounidenses en que baso tal
afirmación...” (foja 354); 129.- que si y he fundamentado mi opinión en lo dicho por
Diarios Académicos e Instituciones prestigiadas norteamericanas quienes han
documentado la relación con la NED con la CIA, no soy yo, son Organizaciones y
Personas y Medios de información altamente calificados y reconocidos de los Estados
Unidos. El señor Aguayo me quiere hacer aparecer en su demanda y en todos sus escritos
como si yo fuera el que originó las acusaciones de que la NED es una Agencia de
Espionaje e intervención. Si el no lo cree a quien debe demandar es a los Diarios New
Cork Times, a Legisladores de Estados Unidos, Académicos de Estados Unidos y a la
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propia NED que reconoce en sus estatutos la estrecha relación que tiene con el
Departamento de Estado y los Fondos Anuales es más de noventa y ocho por ciento que
recibe el congreso estadounidense para promover los intereses de Estados Unidos en el
Mundo...” y “...150.- Doy mis opiniones públicas fundamentándolas en fuentes
autorizadas y que pueden verificar para su veracidad cualquier persona como lo ha
hecho el propio señor Aguayo...” Por lo que con dichas manifestaciones, se tiene que el
absolvente NIEGA en forma contundente, escribir sus notas sin fundamentos, y además
dichas notas, las hace basadas en fuentes autorizadas. Más aún, es de señalarse que si
bien es cierto, que el demandado contestó afirmativamente dichas posiciones, también
lo es, que de las mismas NO se advierte, la aceptación por parte del enjuiciado, el haber
causado daño moral alguno, al actor, tampoco, se le haya causado un daño en su honor
o reputación como lo señala el accionante en su escrito inicial de demanda. Las
posiciones formuladas a la absolvente tuvieron relación con los diversos escritos
publicados por el demandado a los cuales hizo alusión el actor, pero que de ninguna
manera con los mismos se acreditan los hechos calumniosos, injuriosos o de naturaleza
semejante, es más el demandado señaló que dicha información fue autorizada por quien
en su oportunidad revisa lo que se va a publicar y salir a la luz pública, toda vez, que de
dicha publicaciones NO se advierte daño causado al actor. Por tanto el hoy demandado
ejercitó su derecho de expresión de acuerdo con la ley que lo faculta para tal efecto. Cabe
señalar, que el absolvente al contestar la posición 15.- NEGÓ en forma categórica la
misma en la cual se le preguntó lo siguiente “...Que usted ha dejado de ser amigo de
Sergio Aguayo Quezada...” (foja 349), contestando “...que no, aclarando que mandé mi
pésame a la muerte de su mamá a la que sigo apreciando mucho...”. Por lo que de la
referida prueba, el actor NO acredita una desconsideración que la demás gente tiene con
él. Lo anterior, resulta de aplicar al presente caso lo resuelto por nuestro Máximo
Tribunal de Justicia, visible en el No. Registro: 199,883. Tesis aislada. Materia(s): Civil,
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo: IV, Diciembre de 1996, Tesis: I.6o.C.88 C. Página
385. DAÑO MORAL, NO SE ESTÁ OBLIGADO A LA REPARACIÓN DEL, CUANDO SE
EJERCEN LOS DERECHOS DE OPINIÓN, CRÍTICA Y EXPRESIÓN DE LAS IDEAS A
QUE ALUDE EL ARTÍCULO 6º. CONSTITUCIONAL..” (se transcribe como también
transcribe otra denominada DAÑO MORAL Y DERECHO A LA
INFORMACIÓN)...
“En la precitada audiencia se desahogó la prueba de Reconocimiento marcada con el
número 42 la cual contiene la entrevista que dio el demandado en fecha diecinueve de
mayo del año dos mil tres, bajo el título “Atrás del Partido México Posible sí está el
apoyo de la NED, dijo Primitivo Rodríguez”, probanza la cual NO fue reconocida por el
demandado, que el contenido de dicho documento no es propio, sino del reportero Fermín
Alejandro García. Por tanto, dichas probanzas NO le son favorables a los intereses del
oferente de la prueba. Asimismo ofreció la prueba Testimonial a cargo de Mariclaire
Acosta Urquidi y Luz Beatriz Rosales Esteva, probanza que en la audiencia de fecha
catorce de diciembre de dos mil cinco, el actor SE DESISTIÓ DE DICHA PRUEBA (foja
406) por lo que dicha probanza tampoco es favorable a los intereses del oferente de la
prueba. Asimismo, se tiene que el actor ofreció como documentos base de su acción, las
siguientes Documentales Públicas y Privadas consistentes en...” (se transcriben las
documentales que ofreció mi poderdante)...
“Cabe mencionar, que la valoración que hace el suscrito Juez de cada uno de estos
documentos, es sólo lo que se demuestra en su contenido. Ahora bien, es de señalarse que
valorados que han sido cada uno de los precitados documentos, NO se advierte que las
publicaciones ahí contenidas, le hayan ocasionado al actor, el daño moral que refiere se
le causó, en su honor, reputación y consideración que tienen las demás personas de él,
o bien, que haya trascendido a un daño material, que el actor refiere en su escrito inicial
de demanda. Luego entonces, de las precitadas constancias NO se advierte, que el ahora
demandado a través de los referidos medios de información masivo, hayan afectado el
derecho del actor en su honor, su reputación o en su patrimonio. Por lo que, la
reputación del actor como profesionista, académico y persona NO han sido vulneradas,
por las manifestaciones hechas en diversos medios informativos por el demandado. Luego
entonces, dichos documentos son insuficientes para acreditar las prestaciones que solicita
el actor en su escrito inicial de demanda, por lo que al presente caso, es de aplicarse lo
resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Novena Época.
Instancia: DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO. Fuente. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Mayo
de 2001. Tesis: I.10o.C.15 C. Página: 1119. DAÑO MORAL. EXPRESIONES CUYA
PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVO ACREDITAN EN SÍ
MISMAS QUE SE PRODUJO (se transcribe)...
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Más aún, de las notas periodísticas descritas con anterioridad, NO se advierte que con tal
acción, el enjuiciado haya ejercitado hecho uso de su libertad de expresión en forma
ilícita, y con ello, haya ocasionado al actor el daño moral que reclama, ya que si bien es
cierto, realiza una serie de manifestaciones en contra del actor, también lo es, que no es
el único que realiza dichas manifestaciones en contra del accionante, por lo que es de
determinarse que con dichas notas periodísticas, se haya incurrido en actos delictuosos,
es más que se le haya ocasionado a la actora afectación en su honor o reputación. Por
tanto, es de concluirse que el actor NO acreditó el daño moral que establecen los
artículos 1916 y 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal. Para robustecer lo
anterior, es de aplicarse al presente caso lo resuelto por nuestro máximo Tribunal de
Justicia visibles en Novena Época, Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, Septiembre de 2001. Tesis: I.3o.C.243 C. Página
1305. DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA
EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN,
VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS O BIEN, EN LA
CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR
HECHO ILÍCITO. (se transcribe)...
Así como la visible con el No. Registro: 189,743. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Novena
Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, Mayo de 2001. Tesis I.10o.C.15 C. Página 1119.
DAÑO MORAL. EXPRESIONES CUYA PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE
COMUNICACIÓN MASIVO ACREDITAN EN SÍ MISMAS QUE SE PRODUJO. (se
transcribe así como DAÑO MORAL. LIBERTAD DE IMPRENTA O PRENSA.
LIMITANTES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 7 CONSTITUCIONAL)...
Finalmente la visible con el No. Registro: 191,835. Tesis aislada. Materia(s): Civil.
Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, Mayo de 2000. Tesis I.7o.C.30 C. Página 921.
DAÑO MORAL. PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS QUE LO CAUSAN... (se
transcribe)...
Por todo lo manifestado con anterioridad, y valorado es de considerarse que el actor, con
ninguna de las pruebas aportadas en el juicio acreditó que el demandado le hubiese
causado un daño moral, por lo que deberá DECLARARSE LA IMPROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN EJERCITADA POR LA PARTE ACTORA, absolviendo al demandado de todas
las prestaciones reclamadas.
IV.- (sic) Cabe señalar, que el demandado al contestar la demanda instaurada n su
contra, interpuso excepciones de su parte (fojas 154 a 216) las cuales en el presente
asunto, NO son de analizarse, pues es indudable que antes de hacer el estudio de una
excepción es preciso determinar si la acción que con ella se combate existe o no, tal y
como se precisó con anterioridad, en la cual se determinó que la acción intentada por el
actor resultó IMPROCEDENTE. Sirve de base a lo manifestado lo que al respecto
resolvió la Tercera Sala, Sexta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación
Tomo LXXXII, Página 97, bajo el rubro “EXCEPCIONES, PROCEDENCIA DEL
ESTUDIO DE LAS”. (se transcribe)...
V.- Por todo lo anterior, se tiene que la acción intentada por el actor RESULTÓ
IMPROCEDENTE, consecuentemente es de absolverse al demandado de todas y cada
una de las prestaciones que le fueron reclamadas en el escrito inicial de demanda, ello en
atención a los razonamientos descritos con anterioridad.
Por lo expuesto, es de resolverse y se:...”(Lo subrayado y en negritas es del suscrito).
De la anterior transcripción, se puede sintetizar que las consideraciones que tomó el Juez en
sus puntos resolutivos, para absolver a la parte demandada, por no considerar procedente la
acción intentada, la cual analiza según él, antes de estudiar las excepciones y defensas, son
las siguientes:
a) Que para que se pueda reclamar un daño moral, por la afectación al derecho al honor,
reputación, así como a la consideración que de un sujeto tienen las demás personas,
realizada mediante medios masivos de información, como lo es la prensa, constituye un
requisito indispensable, de acuerdo a una “adecuada interpretación de los artículos 1916 y
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1916 Bis del Código Civil”, el que el daño sea “trascendente y repercuta en un daño
material”, además de que éste se debe probar. A este propósito, se apoya en una supuesta
tesis de jurisprudencia de la que no da las fuentes de su localización y que por lo tanto, el
suscrito no las puede proporcionar en este Recurso, que se denomina “daño material”, la
cual es aplicable a personas jurídicas, esto es, a sociedades civiles o mercantiles. Nótese
cómo tanto la parte actora como la demandada son personas físicas y no morales, es decir,
no son “jurídicas”.
b) Que la parte actora no acreditó la ilicitud de las conductas, ni la afectación al honor, ni el
daño causado, particularmente no se acreditó el daño profesional ocasionado.
c) Que no existe causalidad entre las publicaciones realizadas por el hoy demandado y la
afectación al honor de la parte actora.
d) Que las publicaciones efectuadas por la parte demandada, sí se fundamentaron en
“fuentes autorizadas”, por lo que las mismas se hicieron en ejercicio de la libertad de
expresión. Nótese que nada se dice del derecho a la información.
e) Que la valoración que da el juzgador a las documentales exhibidas por el actor y que
reflejan las manifestaciones vertidas públicamente por la parte demandada, “sólo
manifiestan su contenido”, el cual a criterio de ese juzgador, no es ilícito, sin que
proporcione más elementos.
f) Que no se le causa un daño moral al actor, toda vez que la parte demandada no es la
única persona que realiza las manifestaciones.
g) Que al no acreditarse debidamente la procedencia de la acción, el juzgador se abstiene de
analizar las excepciones y defensas opuestas por la parte demandada.
Sin embargo, estas consideraciones son infundadas e indebidas, por lo que se manifiesta en
el presente y en los siguientes agravios:
En primer lugar, resulta incorrecta la apreciación realizada por el Juez por ministerio de ley,
en el sentido de que para que se pueda reclamar un daño moral por la afectación al derecho
al honor, reputación y consideración que tienen de un sujeto las demás personas, por
manifestaciones realizadas por medios masivos de información, es requisito indispensable
que el daño sea trascendente y repercuta en un daño material, además de que deba ser
probado, toda vez que esa opinión expresada en los considerandos transcritos, junto con los
puntos resolutivos que emite, no se encuentran apegados a derecho y con ello, infringe los
artículos 19, 1910, 1916 y 1916 Bis del Código Civil, así como los artículos 81 y 82 del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que a la letra señalan:
“Articulo 19. Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a
la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a
los principios generales de derecho.”
“Articulo 1910. El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño
a otro, esta obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como
consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la victima.”
“Articulo 1916. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus
sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración
y aspecto físicos, o bien en la consideración que de si misma tienen los demás. Se
presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la
libertad o la integridad física o psíquica de las personas.
Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del
mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con
independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad
contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá
quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a los articulo 1913, así como el
estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del
presente código.
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La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y solo pasa a
los herederos de la victima cuando esta haya intentado la acción en vida.
El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos
lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de
la victima, así como las demás circunstancias del caso.
Cuando el daño moral haya afectado a la victima en su decoro, honor, reputación o
consideración, el juez ordenara, a petición de ésta y con cargo al responsable, la
publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y
alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes.
En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios
informativos, el juez ordenara que los mismos den publicidad al extracto de la
sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original.”
“Articulo 1916 bis. No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus
derechos de opinión, critica, expresión e información, en los términos y con las
limitaciones de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la Republica.
En todo caso, quien demande la reparación del daño moral por responsabilidad
contractual o extracontractual deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del
demandado y el daño que directamente le hubiere causado tal conducta”.
“ARTICULO 81.- Todas las resoluciones sean decretos de trámite, autos provisionales,
definitivos o preparatorios o sentencias interlocutorias, deben ser claras, precisas y
congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas
hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas
por el promovente, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva
cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del día siguiente. Las sentencias
definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las
contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito,
condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que
hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el
pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.”
“ARTICULO 82.- Quedan abolidas las antiguas fórmulas de las sentencias y basta con
que el Juez apoye sus puntos resolutivos en preceptos legales o principios jurídicos, de
acuerdo con el artículo 14 constitucional.”
El artículo 19 del Código Civil, obliga a los juzgadores a resolver y decidir las
controversias judiciales, de acuerdo a la letra de la ley, cuando ésta es clara y no deja lugar
a ninguna duda, cuando existe oscuridad en la ley, se debe acudir a la interpretación y sólo
a falta de ésta, se aplican los principios generales del derecho implícitos en nuestro
ordenamiento. En ese tenor, el juzgador, no puede apartarse de la ley y debe aplicarla, al
momento de dictar su sentencia definitiva. Esta obligación se concatena con la prevista en
el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, donde también
se establece la obligación de los jueces, de dictar sus resoluciones, incluyendo las
sentencias definitivas, de manera clara, precisa y congruente con las prestaciones
reclamadas por las partes, recogiendo esta disposición, los llamados principios de claridad y
de congruencia, decidiendo todos los puntos que hayan sido materia del debate. Estos
principios también se complementa con el de exhaustividad, en atención a que el Juez debe
decidir en la sentencia respecto de todo lo solicitado por la parte actora, y debe analizar
todos los hechos expuestos con las pruebas aportadas de las partes.
Dentro del primer principio, el de claridad, se vincula a los órganos jurisdiccionales con el
deber de aplicar la ley en los casos que se le presentan, como señala el artículo 82 del
código adjetivo, de acuerdo a las normas que da el artículo 19 del Código Civil. Por su
parte, el principio de congruencia obliga a que no pueden contradecirse en su propia
resolución y vincularse a lo actuado durante el procedimiento, así como a lo solicitado por
las partes y probado por ellas. Cuando la sentencia definitiva no cumple ni respeta la ley, no
guarda relación con lo solicitado por las partes, ni toma en consideración lo probado por
ellas, resulta evidente que se infringe en perjuicio de las partes, las disposiciones invocadas.
Lo anterior sucedió así, en perjuicio de mi representado, toda vez que el Juez no aplicó
correctamente los artículos 1916 y 1916 Bis del Código Civil, en razón de que cuando se
7

eclama un daño moral por la afectación al honor, reputación y consideración que las demás
personas tienen frente a otra, como es precisamente el presente caso, no es requisito de la
acción, ni de su procedibilidad, el que ese daño sea trascendente, ni mucho menos que
repercuta en un daño material, además de que se pruebe afectación en el honor profesional,
toda vez que esos elementos no se encuentran establecidos así expresamente en estas
disposiciones, por lo que el aplicador de la norma no puede incluirlos, ni inventarlos, ante
dicho texto claro.
En efecto, el artículo 1910 señala que el que obra ilícitamente y cause un daño a otro, está
obligado a repararlo. Actuar ilícitamente es, precisamente, violar con su actuación alguna
disposición del sistema jurídico mexicano, o no ajustarse, o no estar permitido en sus
disposiciones, ya sea del ámbito federal, estatal o municipal. El daño puede ser material o
moral.
Al respecto, tratándose de la institución del daño moral, vale la pena recordar que el
término “ilícito” ha sido definido por jurisprudencia obligatoria de conformidad con el
artículo 193 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del tenor siguiente:
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XIII, Enero de 2001
Tesis: I.6o.C. J/26
Página: 1584
ILÍCITO. TAL ADJETIVO JURÍDICO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 1916 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DEBE ENTENDERSE APLICADO
LATO SENSU. El numeral 1916 del ordenamiento sustantivo de la materia, que
contiene el adjetivo "ilícito", como elemento sine qua non de la conducta positiva u
omisiva, debe entenderse en género próximo como un no lícito, o no permitido por la
ley, con independencia de que ésta pertenezca o no al orden público; de tal manera
que se debe considerar aplicado lato sensu y no únicamente limitado a una conducta
u omisión sancionada por la ley penal.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 11846/98. Fernando Sánchez Jaimes. 7 de abril de 1999. Unanimidad
de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: José Guadalupe Sánchez
González.
Amparo directo 9086/99. Autotransportes Tlaxcala-Apizaco-Huamantla, S.A. de C.V. 7
de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes
Cuevas. Secretaria: María Teresa Covarrubias Ramos.
Amparo directo 11546/99. Nestlé México, S.A. de C.V. 7 de septiembre de 2000.
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I.
Cruz Carmona.
Amparo directo 776/2000. Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V., por conducto de su
apoderado legal Víctor Hugo Delgadillo Sánchez y otra. 7 de septiembre de 2000.
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Chávez Priego. Secretario: Jaime Aurelio
Serret Álvarez.
Amparo directo 3746/2000. Petróleos Mexicanos por conducto de su apoderado legal
Álvaro Camacho Marines. 3 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente:
Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: José Guadalupe Sánchez González.”
Por su parte, los artículos 1916 y 1916 Bis ya transcritos, señalan que daño moral es la
afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor,
reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de
sí misma tienen los demás. Cuando un hecho ilícito produzca un daño moral, el responsable
tiene el deber jurídico de repararlo, mediante una indemnización en dinero. El artículo 1916
es muy claro al momento de afirmar, que el deber de reparar el daño moral, es procedente
con: “independencia de que se haya causado daño material”, con lo que se consagra el
8

principio del Derecho Mexicano, de la “autonomía” en el ejercicio de la acción del daño
moral. Esta lectura no deja ninguna duda respecto a la intención del legislador, en el sentido
de que el daño moral, se puede reclamar haya o no habido daño material o haya o no
reclamado daño material, ya que configura la acción de daño moral como independiente del
daño material. Lo anterior, se confirma con la simple lectura de estos preceptos, así como
con el estudio de la iniciativa legislativa que se presentó en el año de 1982 para su reforma,
de la manera como actualmente se presentan:
“EXPOSICION DE MOTIVOS
MÉXICO D. F., A 3 DE DICIEMBRE DE 1982.
INICIATIVA DEL EJECUTIVO
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO CÓDIGO CIVIL PARA EL D. F.
EL C. secretario Everardo Gámiz Fernández:
... El respeto a los derechos de la personalidad, garantizado mediante la responsabilidad
civil establecida a cargo de quien los conculque, contribuirá a completar el marco que
nuestras leyes establecen para lograr una convivencia en la que el respeto a las
libertades no signifique la posibilidad de abusos que atenten contra las legítimas
afecciones y creencias de los individuos ni contra su honor o reputación.
Bajo la denominación de derechos de la personalidad se viene designando en la doctrina
civilista contemporánea y en algunas leyes modernas, una amplia gama de prerrogativas
y poderes que garantizan a la persona el goce de sus facultades y el respeto al
desenvolvimiento de su personalidad física y moral.
La persona posee atributos inherentes a su condición que son cualidades o bienes de la
personalidad y que el derecho positivo debe reconocer y tutela adecuadamente mediante
la concesión de un ámbito de poder y el deber general de respeto que se impone a los
terceros, el cual, dentro del derecho civil, deberá traducirse en la concesión de un
derecho subjetivo para obtener la reparación en caso de transgresión.
La reparación del daño moral se logra a base de una compensación pecuniaria, de libre
apreciación por el Juez. Hoy este principio es unánimemente admitido por las
legislaciones y por la jurisprudencia, desechando los escrúpulos pasados en valorar
pecuniariamente un bien de índole espiritual.
Nuestro Código Civil vigente, al señalar que la reparación del daño moral sólo puede
intentarse en aquellos casos en los que coexiste con un daño patrimonial y al limitar el
monto de la indemnización a la tercera parte del daño pecuniario, traza márgenes que
en la actualidad resultan muy estrechos y que la más de las veces impiden una
compensación equitativa para los daños extrapatrimoniales.
El Ejecutivo a mi cargo considera que no hay responsabilidad efectiva cuando el afectado
no puede exigir fácil, práctica y eficazmente su cumplimiento, que la responsabilidad no
se da en la realidad cuando las obligaciones son meramente declarativas, cuando no son
exigibles, cuando hay impunidad o inadecuación en las sanciones frente a su
incumplimiento. Por congruencia con lo anterior, en materia de responsabilidad por
daño moral es necesario ampliar las hipótesis para la procedencia de la reparación. Lo
anterior es particularmente importante en los casos en que a través de cualquier medio,
incluyendo los de difusión, se ataca a una persona atribuyéndole supuestos actos,
conductas o preferencias, consideradas como ilegales o violatorias de los valores
morales de la sociedad...”
De esta lectura, se desprende que efectivamente, la actual redacción del artículo 1916 y la
creación del 1916 Bis del Código Civil, facultan a los particulares en sus demandas, a sólo
reclamar el daño moral, con independencia y sin la necesidad de que se haya producido un
daño material, o simplemente que el daño haya sido extrapatrimonial, por lo que evita
además a los particulares la necesidad de probar ese daño al honor “profesional” (término
que también fue creado por el juzgador) respecto del cual, el juzgador no puede hacer
distinciones en el “honor”, por no permitírselo la ley, ya que la reparación del daño, se
actualiza con sólo acreditar la ilicitud de la publicación, lo cual se presenta cuando ésta no
se ajusta a la ley.
9

En el mismo sentido, opina Salvador Ochoa Olvera: “Es así como por primera vez
(refiriéndose a las reformas de 1982, que produjeron la redacción actual del artículo 1916
del Código Civil) nuestro derecho concibe la reparación del daño moral de una manera
autónoma de cualquier otro tipo de responsabilidad civil o penal que no sea la derivada
del daño inmaterial. Actualmente no importa si existe o no la condena por responsabilidad
civil derivada de un daño a bienes materiales, para poder ejercer la acción de reparación
moral.” (Salvador Ochoa Olvera, “La Demanda por Daño Moral”, Mundo Nuevo,
México, 1991, p. 31).
Por lo que se refiere al tema de la demostración indubitable del daño material causado,
como lo exige el Juez, en la sentencia que se combate, elemento que no se encuentra
expresamente determinado en el artículo 1916 del Código Civil, el autor en comento señala
lo siguiente: “Es así como nuestro Código se une a las corrientes argentina y francesa
sobre la prueba de la existencia del daño moral, ya que en nuestro derecho, para
demostrar el daño inmaterial, solamente es necesario: A. Probar la relación jurídica que
vincula al sujeto activo o agente dañoso con el sujeto pasivo o agraviado. B. Demostrar
la existencia del hecho u omisión ilícitas que causa un daño moral, lesionando uno o
varios de los bienes que tutela esta figura. (conducta antijurídica y realidad del ataque).
En el inciso B anterior, tenemos el segundo supuesto a demostrar para acreditar la
existencia del daño moral. Su importancia se ejemplifica de la siguiente manera: no es
necesario acreditar ante el Juez la intensidad del dolor sufrido o la magnitud del daño
internamente causado... De acuerdo con la valoración objetiva, existirá un daño moral
desde el momento que existe lo ilícito de la conducta, que se demuestra con la realidad
del ataque. De la misma forma, existe la vinculación jurídica entre el agresor y el
agraviado. Para la prueba del daño moral no importa si dichos calificativos son ciertos o
si verdaderamente le causaron dolor moral al sujeto pasivo..., ya que existe el hecho
antijurídico y al momento en que el agraviado solicita su reparación, está expresando en
sentido afirmativo, que uno o varios de los bienes que tutela el agravio extrapatrimonial le
fueron conculcados...” (Op. Cit. pp. 80 y 81).
También de una adecuada interpretación de estos preceptos del Código Civil, no se puede
desprender que sólo pueden ser reclamados judicialmente daños “trascendentes” ya que
ese requisito, no se desprende del texto expreso de la ley, o de su debida interpretación
jurídica, por lo que el juzgador está impedido para establecerlo.
Por último, sólo está excluido de cubrir el daño moral, quien ejerce su derecho de opinión,
crítica, expresión, e información al amparo de lo que marcan los artículos 6 y 7
constitucionales, pero dentro de sus limitaciones.
En ese orden de ideas, la resolución del a quo que por la presente se combate, resulta ilegal
toda vez que evade por completo la interpretación armónica de los artículos sexto y séptimo
constitucionales, a la luz de otros preceptos del ordenamiento jurídico mexicano como son
los artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 17 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, V de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, y 11 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, esto con independencia de las alusiones a la reputación que se señalan tanto en el
inciso a) del tercer párrafo del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, como en el inciso a) del segundo inciso del artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, los cuales en su conjunto completan lo dicho en los
artículos 1916 y 1916 BIS del Código Civil para el Distrito Federal.
En principio, habrá de distinguirse entre la libertad de expresión y el derecho a la
información de una manera bastante sencilla, pues la primera propicia que sus titulares
expresen todo tipo de opiniones, juicios de valor y cualquier postura que guarden en
relación con algún tema en particular, sin que sea posible fijar un parámetro de corrección
que permita decidir si tales expresiones son adecuadas o no, puesto que en una sociedad
democrática no deben existir principios absolutos, y determinados a priori, que definan lo
que está bien o mal.
Sin embargo, ello no implica que la libertad de expresión sea absoluta e irrestricta, pues si
se le toma de pretexto para esgrimir opiniones ofensivas (maliciosas) es claro que
10

sobrepasaría los límites de su debido ejercicio, toda vez que no ha de confundirse con un
inexistente derecho a insultar, a desprestigiar o a ofender.
Por su parte, el derecho a la información, sobre todo cuando se presenta en su vertiente de
comunicar informaciones fácticas a los demás, requiere para su debido ejercicio del apego
al criterio de veracidad, pues es evidente que las personas no tienen derecho a informar
falsedades, o en otras palabras, que el derecho a la información como derecho a informar,
no implica el derecho a mentir para desinformar a la opinión pública. Así, es claro que si se
informa con descuido descarado, o peor aún, sin demostrar la existencia de las fuentes de
investigación, su veracidad, o si se alteran las fuentes de información, no se podrá alegar la
protección que el derecho a la información concede a sus titulares.
Definidas de esa manera las fronteras que enmarcan el adecuado ejercicio tanto de la
libertad de expresión como del derecho a informar, aparece una limitante adicional para la
primera libertad, en razón de que no deben presentarse como informaciones de hechos
verificados con un mínimo de objetividad, lo que únicamente se corresponde con ideas,
opiniones, juicios de valor o puntos de vista subjetivos pertenecientes a la persona que de
esa manera quiere hacer pasar a sus meras expresiones como si fueran informaciones
sólidas.
Asimismo, constituye una limitante a la libertad de expresión, formular aseveraciones en sí
mismas maliciosas, comunicadas con la intención de ofender o desprestigiar a las personas,
como sin duda constituyen el hecho de sugerir o afirmar, o dar a entender públicamente,
que una persona, como lo es la parte actora en este procedimiento, defiende los intereses
norteamericanos, que es empleado por una institución supuestamente al servicio de
actividades de espionaje, o bien, que es financiada económicamente por medio de una
agrupación al servicio de esos mismos intereses.
En ese tenor, habrá de tenerse mucho cuidado en distinguir cuándo una persona ejercita su
libertad de expresión y cuándo recurre a su derecho a la información.
Así, como en el caso que se presenta en este juicio, la parte demandada ha actuado de
manera ilícita, al abusar de su libertad de expresión y su derecho a la información en
detrimento del derecho al honor de la actora, importa definir el contenido de este último
derecho, reconocido como tal en los tratados internacionales en los cuales se basó la
demanda inicial, pero sobre todo, cuyos contenidos reciben adecuada protección gracias a
la institución del daño moral, que coincidentemente salvaguarda como bienes de la
personalidad, la honra, la reputación y la consideración que de una persona tienen sus
semejantes (y no solamente el “honor profesional” a que se refiere el juzgador en su
sentencia recurrida, término que no pudo utilizar al no desprenderse de la ley aplicable al
caso). En este sentido, al contenido esencial del derecho al honor, se ofrece protección en
el ordenamiento jurídico civil doméstico, precisamente por medio del daño moral.
En el derecho al honor, tradicionalmente se han distinguido dos aspectos, uno subjetivo que
guarda relación con el sentimiento de autoestima que cada persona tiene de sí misma, y otro
objetivo, que se vincula con la opinión que los demás poseen sobre sus actividades, con la
reputación y fama que cada uno ha podido forjarse entre sus semejantes. Como debe ser
claro en un Estado Constitucional de Derecho, como el que se pretende construir en nuestro
país, ninguna de esas vertientes que conforman el derecho al honor descansa sobre
distinciones hereditarias o que de cualquier otra manera rompan con la igualdad sin
discriminaciones de la que debiéramos gozar todas las personas en este país.
Al contrario, el derecho al honor encuentra fundamento en la dignidad humana con la que
contamos todos los individuos, y su respeto se encamina a permitir a cada uno de sus
titulares, el libre desarrollo de su personalidad, que a su vez, hace posible su
desenvolvimiento en sociedad, es decir, permite que las personas entablen relaciones
sociales con los demás en consideración de la imagen que basada en hechos y no en
apariencias, cada uno de nosotros ha logrado fraguarse a lo largo de los años con sus
propias acciones.
De analizarse detenidamente estos elementos, resulta relativamente sencillo percatarse que
la libertad de expresión y el derecho a la información pueden llegar a limitarse si sus
11

estricciones legales devienen necesarias para proteger otros derechos, como el derecho al
honor, que de otra forma quedarían a merced de su ejercicio abusivo. Evidentemente, esas
posibles restricciones no pueden derivar en una censura previa sino que se limitan al
establecimiento de responsabilidades ulteriores, las cuales habrán de fijarse caso por caso
con la intención de encontrar parámetros que puedan generalizarse para la resolución de
futuras oposiciones, como es el caso de la responsabilidad civil.
En ese entendido, el enfrentamiento de la libertad de expresión y el derecho a la
información, por un lado, con el derecho al honor, por el otro, requiere para su adecuada
resolución, antes que todo, la verificación de que todos esos derechos se pretenden hacer
valer dentro de las fronteras que le son propias, o en otras palabras, que su ejercicio es
acorde con su contenido.
Por ejemplo, quien pretenda escudarse en el ejercicio de la libertad de expresión para
esgrimir palabras ofensivas, lo que en realidad demuestra, es que no ejerce esa libertad,
sino un inexistente “derecho” a insultar a los demás, o en el caso del derecho a la
información, una conducta no se puede enmarcar en él, si en lugar de informar con respeto
a mínimas exigencias de veracidad, lo que se intenta es ejercer un inexistente “derecho” a
la mentira. Sólo si el ejercicio de esos derechos es respetuoso de sus contenidos, podrá
actualizarse un juicio de ponderación.
Todo esto, sin olvidar que la institución civil del daño moral, ha sido incluida en nuestro
ordenamiento jurídico, como una restricción a la libertad de expresión y al derecho a la
información, precisamente para intentar proteger bienes de la personalidad que a su vez
conforman la esencia del derecho al honor.
En ese entendido, de una vez vale la pena adelantar un par de tesis que confirman que el
derecho a la información, incluida la vertiente consistente en el derecho a informar, debe
apegarse para su adecuado ejercicio, y a fin de evitar su ilícito uso abusivo, a parámetros de
veracidad, de conformidad con lo que al respecto enseñan los siguientes criterios:
“Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. XLV/2000
Página: 72
DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA SUPREMA CORTE INTERPRETÓ
ORIGINALMENTE EL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DE
PARTIDOS POLÍTICOS, AMPLIANDO POSTERIORMENTE ESE CONCEPTO A
GARANTÍA INDIVIDUAL Y A OBLIGACIÓN DEL ESTADO A INFORMAR
VERAZMENTE. Inicialmente, la Suprema Corte estableció que el derecho a la
información instituido en el último párrafo del artículo 6o. constitucional, adicionado
mediante reforma publicada el 6 de diciembre de 1977, estaba limitado por la
iniciativa de reformas y los dictámenes legislativos correspondientes, a constituir,
solamente, una garantía electoral subsumida dentro de la reforma política de esa
época, que obligaba al Estado a permitir que los partidos políticos expusieran
ordinariamente sus programas, idearios, plataformas y demás características
inherentes a tales agrupaciones, a través de los medios masivos de comunicación
(Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 2a. Sala, Tomo X, agosto 1992,
p. 44). Posteriormente, en resolución cuya tesis LXXXIX/96 aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio
1996, p. 513, este Tribunal Pleno amplió los alcances de la referida garantía al
establecer que el derecho a la información, estrechamente vinculado con el derecho
a conocer la verdad, exige que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad
información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violación grave a
las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional. A través de otros
casos, resueltos tanto en la Segunda Sala (AR. 2137/93, fallado el 10 de enero de
1997), como en el Pleno (AR. 3137/98, fallado el 2 de diciembre de 1999), la Suprema
Corte ha ampliado la comprensión de ese derecho entendiéndolo, también, como
garantía individual, limitada como es lógico, por los intereses nacionales y los de la
sociedad, así como por el respeto a los derechos de tercero.
12

Amparo en revisión 3008/98. Ana Laura Sánchez Montiel. 7 de marzo de 2000.
Unanimidad de diez votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.
Amparo en revisión 2099/99. Evangelina Vázquez Curiel. 7 de marzo de 2000.
Unanimidad de diez votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas.”
“Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: III, Junio de 1996
Tesis: P. LXXXIX/96
Página: 513
GARANTÍAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACIÓN). VIOLACIÓN
GRAVE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97
CONSTITUCIONAL. LA CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD
DE LAS AUTORIDADES QUE ACTÚAN DENTRO DE UNA CULTURA DEL
ENGAÑO, DE LA MAQUINACIÓN Y DEL OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL
ARTÍCULO 6o. TAMBIÉN CONSTITUCIONAL. El artículo 6o. constitucional, in
fine, establece que "el derecho a la información será garantizado por el Estado". Del
análisis de los diversos elementos que concurrieron en su creación se deduce que esa
garantía se encuentra estrechamente vinculada con el respeto de la verdad. Tal
derecho es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que
contribuirá a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso de
nuestra sociedad. Si las autoridades públicas, elegidas o designadas para servir y
defender a la sociedad, asumen ante ésta actitudes que permitan atribuirles conductas
faltas de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta,
condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer
la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general,
incurren en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97
constitucional, segundo párrafo, pues su proceder conlleva a considerar que existe en
ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la
cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la
verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del
conocimiento de los gobernados.
Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo
segundo del artículo 97 de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad
de once votos.”
Del estudio atento de este par de criterios dados por el Pleno de nuestra Suprema Corte de
Justicia de la Nación, no queda duda de que el derecho a la información a fin de que sea
ejercido dentro de los límites constitucionalmente previstos, requiere apegarse a pautas de
veracidad, puesto que lo contrario daría por absurda consecuencia que en la cúspide de
nuestro ordenamiento jurídico se reconociera un inexistente derecho a la mentira. Al
tratarse de la interpretación que en el orden interno da nuestro máximo Tribunal sobre un
derecho humano fundamental, es claro que los criterios resultantes devienen aplicables
también para el caso de que sean particulares quienes ejerciten ese derecho, puesto que los
mismos a la hora de informar a sus semejantes, igual que las autoridades, tampoco pueden
difundir o comunicar información manipulada, incompleta o falsa. De nueva cuenta,
defender una postura contraria que permitiera a las personas hacer lo que a las autoridades
se prohíbe, es decir, informar datos contrarios a la verdad, rompería la esencia del propio
derecho a la información, lo cual sería a todas luces desacertado, de menos porque pasaría
por alto que el derecho a la información no puede ser ejercido por sus titulares olvidando
que también envuelve un derecho del público que recibe la información y de cada una de
las personas que lo conforman, consistente en ser informadas verazmente.
Lo que se demostró con todos los medios de convicción que se ofrecieron por mi
representado, durante este juicio y que no fueron valorados debidamente por el juzgador en
la sentencia que se combate, por este medio, es que las conductas provenientes de la
parte demandada no corresponden a un adecuado ejercicio de sus libertades de
comunicación (expresión e información) sino que por el contrario, obedecen a su
abuso ilícito, y por lo mismo, en el ejercicio no permitido de esos derechos, pues el señor
13

Primitivo Rodríguez Oceguera disfraza sus opiniones subjetivas desfavorables hacia la
parte actora, como si fueran hechos inobjetables, lo que no demostró en este procedimiento,
utilizando además para ello, expresiones ofensivas, maliciosas e intentadas con ánimo de
desprestigiar públicamente a la parte actora, logrando en su oportunidad repercutir en la
consideración que de ella tenían los demás, y pretendiendo informar al público sin buscar
apegarse a criterios de veracidad, como fehacientemente prueba el hecho de que en ningún
momento haya exhibido en el juicio, documento alguno de los que dice haber derivado sus
injustificadas y maliciosas acusaciones, lo que evidentemente constituye un hecho ilícito, y
por ende, hace procedentes las prestaciones reclamadas en este juicio, dado que con el
abuso ilícito fuera de los límites que definen sus libertades de comunicación, ha causado
una afectación al derecho humano fundamental al honor del que es titular la demandante.
En ese tenor, se desprende lo incorrecto del fallo del juzgador, al señalar que resulta
improcedente la acción intentada por mi representado, toda vez que ese daño moral no fue
trascendente, ni repercutió materialmente, ni se reclamó un daño material, ni se probó ese
supuesto daño y que el demandado no actuó indebidamente, toda vez que esos requisitos no
se encuentran en la letra de la ley, por lo que no se aplicó correctamente ésta en la
resolución que se combate.
Tampoco se respetó la debida interpretación de dichos preceptos, dada por los tribunales
competentes para ello, los cuales han dejado establecido en primer lugar, que cuando se
produce un daño al honor y la reputación de una persona, ese daño por su propia naturaleza,
no puede traducirse en un evento físico o material, y por ello, es evidente que tampoco se
produce en forma ostensible un daño material, que deba probarse, ya que precisamente lo
que se afecta, con ese acto ilícito, es una situación de carácter inmaterial, o como se conoce
en la doctrina “extrapatrimonial”, como lo es la psique, la estimación, la consideración, el
afecto, el honor de una persona, por lo que no puede probarse, como lo pretende el
juzgador, con los medios de prueba previstos para la legislación, sino que debe considerarse
como probado, con la existencia de una manifestación ilícita, por ello, y si se consulta la
doctrina en estos temas, nuestra legislación adopta la “Teoría de la Comprobación Objetiva
del Daño”, es decir, al amparo de los preceptos invocados, sólo se debe demostrar la
existencia del hecho ilícito que es causante del daño, y que dicho hecho vincula o relaciona
a las partes dentro de un procedimiento, para que con base en ello, se tenga por probado el
daño moral y sea procedente la acción que se intente dentro de un juicio.
En ese tenor, la parte actora para acreditar su acción, conforme a derecho, sólo estaba
obligada a demostrar la existencia objetiva de las publicaciones realizadas en medios de
comunicación masiva por la parte demandada, situación que quedó acreditada de los hechos
10 a 150 de la demanda y con los documentos que se exhibieron para probar esos hechos,
publicaciones que fueron admitidas como realizadas por ella, por la propia parte
demandada, en el desahogo de la prueba confesional. Además, de que en esas publicaciones
se hablaba de la parte actora, por lo que ésta, contrario a lo que afirma el juzgador en la
resolución recurrida, sí acreditó los elementos constitutivos de su acción, ya que por un
lado, acreditó la existencia de esas manifestaciones, las cuales se repite fueron admitidas
expresamente en la prueba confesional por la parte demandada, además de su escrito de
contestación a la demanda. De la lectura de esas publicaciones, se desprende que contenían
ataques dirigidos al hoy actor, con lo que se daba la relación entre el actor y el demandado
y la existencia de los hechos controvertidos y además, dichas publicaciones eran ilícitas, en
primer lugar, porque lo que se manifestaba en ellas en contra del actor era falso y la parte
demandada se abstuvo de acreditar la veracidad de sus afirmaciones, además de que eran
maliciosas, pues se presentaron como si se tratara de hechos inobjetables e irrefutables, lo
que ahora en este juicio la demandada califica como sus meras opiniones, así como por ser
ofensivas en sí mismas, contraviniendo con ello los artículos 6 y 7 constitucionales, 1, 4, 5,
11, 31 y demás aplicables de la Ley de Imprenta y 1916 y 1916 Bis del Código Civil.
En ese tenor, se desprende que es falso e incorrecto lo afirmado por el juzgador en el
sentido de que para que proceda la acción intentada por mi poderdante, era menester la
existencia de un daño trascendente y reflejado en un daño material, lo cual debería probarse
suficientemente.
A estas consideraciones le resultan aplicables los siguientes criterios de jurisprudencia:
14

“Registro No. 259899
Localización:
Sexta Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Segunda Parte, LXXIV
Página: 22
Tesis Aislada
Materia(s): Penal, Civil
DAÑO MORAL. LA FALTA DE PRUEBAS SOBRE EL DAÑO MATERIAL, NO
IMPIDE AL JUZGADOR FIJAR UNA INDEMNIZACION EN FAVOR DE LA
VICTIMA. La falta de pruebas sobre el daño material, no impide al juzgador fijar
una indemnización por el daño moral en favor de la víctima. En efecto, el daño moral
no puede valorizarse exactamente. Su reparación económica no es posible medirla con
precisión, y su monto o importancia pecuniaria no pueden quedar sujetos a ninguna
prueba. El precio de un dolor, de una honra, de una venganza, sería absurdo dejarlo
a la apreciación de peritos. Es a los Jueces a quienes corresponde señalar la cuantía
de la indemnización mediante un juicio prudente, tomando en cuenta la capacidad
económica del obligado, la naturaleza del daño y las constancias relativas que obren
en el proceso.
Amparo directo 8491/62. Eleuzinque Flores Hernández. 19 de agosto de 1963. Cinco
votos. Ponente: Manuel Rivera Silva.”
“Séptima Época
Instancia: Tercera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: 217-228 Cuarta Parte
Página: 98
DAÑO MORAL. PRUEBA DEL MISMO. Siendo el daño moral algo subjetivo, no
puede probarse en forma objetiva como lo alegan los quejosos, al señalar que el daño
moral no fue probado, puesto que existe dificultad para demostrar la existencia del
dolor, del sentimiento herido por atender a las afecciones íntimas, al honor y a la
reputación, por eso la víctima debe acreditar únicamente la realidad del ataque.
Amparo directo 8339/86. G. A. y otra. 6 de abril de 1987. Unanimidad de cuatro
votos. Ausente: Ernesto Díaz Infante. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria:
Hilda Martínez González.”
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XVII, Abril de 2003
Tesis: I.4o.C.58 C
Página: 1073
DAÑO MORAL EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO. En el dictamen de la
Cámara Revisora del decreto de veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta
y dos, que reforma, entre otros, el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito
Federal, se establece, en lo que interesa: "... La iniciativa se fundamenta en la
doctrina civilista contemporánea de los derechos de la personalidad, la cual tiende a
garantizar a la persona el goce de sus facultades y el respeto al desenvolvimiento de
su personalidad física y moral.". Los bienes que tutela esa figura son, de manera sólo
enunciativa: a) afectos; b) creencias; c) sentimientos; d) vida privada; e)
configuración y aspectos físicos; f) decoro; g) honor; h) reputación; e, i) la
consideración que de uno tienen los demás. Estos derechos no pueden ser tasables o
valorables perfecta ni aproximadamente en dinero, por referirse a la persona en su
individualidad o intimidad. Por esa razón, la legislación mexicana adopta la teoría
de la comprobación objetiva del daño y no la subjetiva; es decir, basta la
demostración de: 1) la relación jurídica que vincula al sujeto activo con el agente
pasivo o agraviado, y 2) la existencia de un hecho u omisión ilícitos que lesione uno
o varios de los bienes que tutela la figura, enunciados con anterioridad. Entonces,
no se requiere la justificación de la existencia efectiva ni la extensión o gravedad del
daño, lo cual conduciría a una prueba imposible, y esa demostración y tasación se
dejan al prudente arbitrio del juzgador.
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 14424/2002. El Espectáculo Editorial, S.A. de C.V. y otras. 13 de
enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria:
Carmina S. Cortés Pineda.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI,
noviembre de 2002, página 1131, tesis I.3o.C.368 C, de rubro: "DAÑO MORAL.
PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN
RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).".
Por otro lado, llamo la atención de sus Señorías, la infracción al artículo 81 del Código de
Procedimientos Civiles en que incurrió el juzgador, al no respetar los principios de claridad
y congruencia en su sentencia, en primer lugar, porque no es clara y por lo tanto
contraviene la ley, el hecho de que haya pretendido fundamentar su resolución en una tesis
denominada “daño material”, la cual no era aplicable al caso, por ser una controversia
entre particulares y no de una sociedad o persona jurídica, por lo que dicha tesis, que
aparece en la página 3 de la sentencia, no era aplicable y por lo mismo, la sentencia no se
fundamentó en Derecho, ya que la misma, además de no ser aplicable a casos de daño
moral por la afectación al honor, como se ha expuesto, sólo era aplicable a personas
morales y no a las partes en este procedimiento, además de no ser aplicable a las reglas
especiales de la ley para el daño moral, por lo que se aprecia la infracción al principio de
claridad de la resolución.
Además, la falta de cumplimiento al principio de claridad se desprende en la propia
contradicción que hay en la sentencia combatida, ya que como se ha señalado, el juzgador
considera que para que sea procedente la acción de daño moral por una persona física,
resulta indispensable que haya un daño trascendente y material, pero para hacer esa
consideración, en la página 3 de la sentencia que se combate, se transcribe una tesis
identificada como: “Daño Moral en el Derecho Positivo Mexicano”, la cual ya se
transcribió en este escrito (en la página 14) y que como se expuso, señala claramente lo
siguiente: “estos derechos (se refiere al honor o a la reputación, etc.) no pueden ser
tasables o valorables perfecta ni aproximadamente en dinero, por referirse a la persona en
su individualidad o intimidad...” para hacer posteriormente referencia, a la Teoría de la
Comprobación Objetiva, para señalar que para la procedencia de esta acción, no se necesita
un daño grave, ni material, ni siquiera que el daño moral se pruebe. En ese sentido, se
desprende la contradicción y poco cuidado que tuvo el juzgador en su resolución, ya que la
tesis en que se apoya, dice lo contrario a lo que afirma, es decir, su peculiar aseveración de
que para la procedencia del daño moral reclamado, resulta indispensable que se dé un daño
material, por lo que se demuestra una vez más la contradicción en que incurre el Juez en la
sentencia que se combate y con ello, la infracción al artículo 81 del Código de
Procedimientos Civiles.
En síntesis, el fallo dictado por el a quo en el expediente 544/2005, con fecha 3 de marzo de
2006, se apoya en una tesis del todo extraña a la causa intentada por la demandante, en
razón de que vincula la actualización del daño moral con la figura que denomina “daño
material”, la cual expresamente se reconoce aplicable para las personas jurídicas en la cita
que en tal sentencia puede leerse en su foja tres.
Efectivamente, después de transcribir parte de los artículos 1916 y 1916 BIS del Código
Civil para el Distrito Federal, el a quo en la foja 3 de su sentencia señala:
“DAÑO MATERIAL.- Una persona jurídica solo puede reclamar indemnización por
causa de un.- Para que una persona jurídica pueda reclamar el pago de una
indemnización por concepto de daño moral, se requiere que dicho daño trascienda y
se convierta en un daño material.”
En ese tenor, resulta ilegal a todas luces sostener un criterio ligado con causas en las que se
ven involucradas personas jurídicas o morales, al momento de pretender resolver un juicio
del todo distinto en el cual se tiene por actor a una persona física. Esta sencilla diferencia
evidencia el desacierto en que incurre el a quo en el considerando “III” de la sentencia
recurrida. Verbigracia, a foja cinco:
16

“... siendo por ello de vital trascendencia el hecho de que necesariamente al reclamar
el pago de una indemnización por concepto de daño moral, tal daño debe trascender y
convertirse igualmente en un daño material. Luego entonces, en el presente asunto, el
actor NO acredita el daño moral que manifiesta se le ha causado, tampoco el daño
material que a consecuencia de aquel hubiese sufrido,…”
No obstante, ese no es el único momento en el que el a quo se equivoca y comete la
ilegalidad combatida en el presente agravio, puesto que en el primer considerando “IV” de
la sentencia recurrida (foja catorce), luego de la valoración a todas luces arbitraria, por
infundada y no motivada, de las pruebas que enlista desde la foja once, asevera lo que a
continuación se reproduce textualmente:
“Ahora bien, es de señalarse que valorados que han sido cada uno de los precitados
documentos, NO se advierte que las publicaciones ahí contenidas, le hayan
ocasionado al actor, el daño moral que refiere se le causó, en su honor, reputación y
consideración que tienen las demás personas de él, o bien, que haya trascendido a un
daño material, que el actor refiere en su escrito inicial de demanda.”
En adición a ello, la ilegalidad de la sentencia recurrida es todavía más patente si se
considera que incluso tratándose de personas jurídicas el criterio seguido por el a quo es
desacertado, dado que para éstas tampoco es exigible la presencia de un supuesto “daño
material”, tal como queda de manifiesto en las partes resaltadas de la tesis que enseguida se
reproduce de manera íntegra:
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XVIII, Julio de 2003
Tesis: I.11o.C.65 C
Página: 1074
DAÑO MORAL. SU EXISTENCIA TRATÁNDOSE DE SOCIEDADES
MERCANTILES. De lo previsto en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito
Federal, se desprende que al daño moral se le considera como la afectación que una
persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida
privada, configuración y aspectos físicos, o bien, de la consideración que de sí misma
tengan los demás; por lo que cuando en virtud de un hecho u omisión se lesione
alguno de esos derechos, el responsable debe repararlo mediante una indemnización
en dinero, con independencia de que también exista un daño material. De lo
anterior, es claro que la ley concede una amplia gama de prerrogativas y poderes a
las personas, precisamente para garantizarles el goce de sus facultades y el respeto al
desenvolvimiento de su personalidad física y moral, en tanto que dichas personas
poseen esos atributos inherentes a su condición que son cualidades o bienes de la
personalidad reconocidos por la ley y tutelados a través de la determinación del deber
general de respeto que impone a los terceros y que, como se ve, se tradujo en la
concesión de un derecho subjetivo para obtener la reparación del daño moral en caso
de que se atente en contra de las legítimas afecciones y creencias de las personas
contra su honor o reputación. Ahora bien, respecto de las personas individuales o
físicas los derechos de la personalidad inherentes a su condición que se ven tutelados
frente a los demás son los ya relacionados, es decir, los sentimientos, afectos,
creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración, aspectos físicos y la
consideración que de la persona tienen los demás. En cambio, tratándose de
sociedades mercantiles o comerciantes consideradas como tales, los bienes o valores
que se protegen en el citado artículo son su reputación, la razón social, el prestigio y
la libertad contractual, pues dichas sociedades al gozar de personalidad tienen el
derecho de que les sean respetados los bienes inherentes a la misma, ya que son el
fundamento de su existencia y actividad. Sin embargo, no es suficiente que una
sociedad mercantil se estime atacada o vulnerada en su prestigio o crédito comercial,
para que se considere titular de la acción judicial y pedir la reparación del daño
moral, es decir, que la sociedad mercantil tenga sólo la creencia subjetiva de la
imagen que de sí misma tienen los demás, sino que debe justificarse que esa imagen
es la que realmente tienen de ella las otras personas, dado que como ya se ha
puntualizado lo que se protege por la ley es que los valores de la personalidad no
sufran ninguna afectación ante la sociedad, de tal manera que la imagen que se tenía
de la persona se mantenga intacta y no se vea mermada ante los demás.
17

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 519/2002. Transportes Aéreos Pegaso, S.A. de C.V. 30 de enero de
2003. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretaria: María
Luz Silva Santillán.”
Si acaso, lo que este criterio intenta separar en los casos en que el daño moral se alegue por
personas jurídicas y no por personas físicas, es que las primeras deben demostrar, a fin de
que pueda entenderse que han sufrido un daño moral, que previamente terceras personas les
ha reconocido una imagen de prestigio que se ha visto afectada por la actuación del sujeto
que demanden. Requisito que a todas luces no resulta aplicable para causas intentadas por
personas físicas, como se enseña en las partes resaltadas de la tesis que enseguida se
reproduce:
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXI, Mayo de 2005
Tesis: VI.2o.C.416 C
Página: 1467
HONOR Y REPUTACIÓN COMO DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. CUANDO
SE RECLAMA EN JUICIO LA INDEMNIZACIÓN CORRELATIVA POR EL DAÑO
MORAL OCASIONADO, NO DEBE DEMOSTRARSE SU EXISTENCIA, SALVO
PRUEBA EN CONTRARIO, SINO EN TODO CASO LOS ACTOS MATERIALES
IMPUTADOS A QUIEN SE ATRIBUYE SU AFECTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA). El honor y la reputación, son cualidades inherentes a la
persona conforme lo establece el artículo 76, en su numeral 1, del Código Civil para
el Estado de Puebla, al identificarlos como integrantes de los derechos de la
personalidad, y su violación, en términos del arábigo 1958 del propio código
sustantivo genera el derecho a reclamar el daño moral ocasionado. Por tanto, cuando
se pretenda en juicio el pago de la indemnización correlativa, no debe considerarse
como un elemento objetivo a demostrar la existencia de los citados atributos o que
éstos fueran reconocidos por la sociedad antes y después del acto que motiva su
afectación, al que se considera fuente de responsabilidad exigida, salvo prueba en
contrario, ya que las indicadas cualidades son consustanciales a la persona misma y
lo único que, en todo caso, debe ser objeto de demostración en la justificación de esta
acción, son los actos materiales imputados a quien se atribuye su afectación y que
pudieran traer como consecuencia la transgresión de tales derechos.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 402/2004. Fernando Víctor Flores Eusebio y otros. 24 de febrero de
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario:
Crispín Sánchez Zepeda.”
Que este criterio se haya dictado con motivo de la interpretación de la legislación de otro
estado de la República, en nada impide que resulte aplicable a la causa que se intenta, toda
vez que en él se definen elementos propios a un derecho fundamental del que gozan todas
las personas en este país, como lo es el derecho al honor, derecho que no puede ser distinto
dependiendo del lugar que se habite, lo que es consistente con la legislación aplicable del
Distrito Federal.
En definitiva, a menos que se pueda pensar que al a quo no le es posible identificar las
diferencias existentes entre personas físicas y morales, no puede haber otra conclusión que
aquella en el sentido de que su sentencia deviene ilegal, al pretender introducir en una causa
de daño moral intentada por un individuo, elementos que cuando más pueden ser exigidos
tratándose de personas jurídicas.
A todo lo anterior, baste agregar que la ilegalidad del fallo dictado por el a quo es
cabalmente apreciable, con la sola lectura del artículo 1916 del Código Civil para el
Distrito Federal, porque si en la sentencia recurrida se hubiera tenido la elemental
precaución de transcribir en su totalidad tal precepto, no se habría tenido problema en
observar que en su segundo párrafo se reconoce que el daño moral puede presentarse “con
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independencia de que se haya causado daño material” Conclusión que hubiera facilitado el
conocimiento de la siguiente tesis:
“Octava Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990
Página: 126
DAÑO MORAL. SU PAGO ES INDEPENDIENTE DE QUE SE HUBIERA
DEMOSTRADO O NO QUE SE CAUSARON DAÑOS Y PERJUICIOS. El texto del
artículo 1916 del Código Civil es claro al establecer, en lo conducente, que: "Cuando
un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá
la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia
de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual, como
extracontractual". De lo que se sigue que no es necesario demostrar previamente que
se causaron daños y perjuicios para que pueda ser procedente el concepto de daño
moral.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 2318/90. Francisco Aranda Ruiz. 30 de agosto de 1990. Unanimidad
de votos. Ponente: José Rojas Aja. Secretario: Jesús Casarrubias Ortega.”
Como argumentos adicionales, en la sentencia recurrida se ha presentado una violación a
los principios de legalidad y congruencia contenidos en los artículos 81 y 82 del Código de
Procedimientos Civiles, por inobservancia al artículo 1916 y 1916 Bis del Código Civil.
Mientras que el principio de congruencia encuentra fundamento en el artículo 81 del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el diverso principio de legalidad
se sustenta en el artículo 82 de tal código adjetivo, y en conjunto ordenan que queden
delimitadas las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional, a fin de que exista
identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente, así como que cualquier
resolución jurisdiccional dictada en un procedimiento judicial civil, debe ceñirse a la letra
de la ley aplicable al caso de que se trate o basarse en la interpretación jurídica de la misma.
En ese orden de ideas, las consideraciones del a quo por medio de las cuales condiciona la
existencia del daño moral a la presencia de un daño material, resultan del todo ilegales, en
razón de que confunden el daño moral, con el daño material.
A mayor abundamiento, el daño material podría tenerse como la pérdida o menoscabo
sufrido en el patrimonio, por la falta de cumplimiento de una obligación, en virtud del
artículo 2108 del Código Civil, en tanto que el daño moral, según el texto expreso del
artículo 1916 del Código Civil, es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos,
afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos
o bien la consideración que de sí misma tienen los demás.
Así, doctrinariamente, se conceptúa el daño moral como menoscabo de un derecho extrapatrimonial,
esto es, como resultado de la lesión de los bienes de la personalidad, atributos
por demás importantes para el ser humano. Por medio de esta institución civil, se protegen
bienes que tienen valor principal para la vida de las personas, como son la paz, la
tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, todos ellos dirigidos a salvaguardar
a la persona humana. En definitiva, el daño moral es un menoscabo de un derecho extrapatrimonial;
es el atentado a derechos extra-patrimoniales, es una violación a todos los
derechos de la personalidad; a fin de cuentas, un atentado contra derechos fundamentales.
Tan cierto es esto que nuestra legislación sustantiva civil, define el daño material en el
artículo 2108 y el daño moral se consagra y se conceptúa en el artículo 1916.
Siendo así, el a quo parte de un supuesto equívoco al decir que el DAÑO MORAL DEBE
TRASCENDER Y CONVERTIRSE EN UN DAÑO MATERIAL y afirmamos que es
equívoca esta consideración del C. Juez Cuadragésimo Civil, pues no tiene ni base
iusfundamental, ni legal, ni doctrinal, pues se insiste, el DAÑO MORAL lesiona los
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derechos de la personalidad, que son derechos humanos fundamentales, y el material
lesiona el patrimonio del individuo.
Como la sentencia recurrida tiene su base en este argumento, en la mencionada confusión,
viola en perjuicio de la actora, hoy recurrente, los principios de legalidad y congruencia,
contenidos en los artículos 81 y 82 del Código de Procedimientos Civiles, al confundir y
mezclar sin apoyo legal en la sentencia esos dos conceptos.
En todo caso, la especial circunstancia que el daño moral causado tenga o deba tener una
indemnización o consecuencia pecuniaria, no le convierte en daño patrimonial o material
como erróneamente estimó el a quo, todo lo cual lleva a CONCLUIR que la sentencia
recurrida tiene un principio o base ilegal, y por ello, sus Señorías al declarar fundado este
agravio, al no haber reenvío en la apelación, deberán examinar el DAÑO MORAL causado,
como figura autónoma y que lesiona los derechos personales, y de ahí, proceder a examinar
las pruebas rendidas en autos, atendiendo a la litis integrada por la demanda y la
contestación dada a la misma y no con la evidente confusión que aparece en la sentencia.
En ese tenor, se desprende la procedencia de este agravio.
SEGUNDO. Infracción a los artículos 19, 1910, 1916 y 1916 Bis del Código Civil, los
artículos 1, 4, 5, 10, 11, 31 de la Ley de Imprenta, así como los artículos 81, 82, 281 y 282
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, toda vez que en la sentencia
que se combate, en el considerando tercero, como en sus puntos resolutivos, el juzgador
considera que la acción intentada por mi poderdante resulta improcedente, en atención a
que no acreditó la ilicitud de las conductas, ni la afectación al honor, ni el daño causado.
Sin embargo, tal consideración resulta infundada e ilegal por las siguientes consideraciones:
Señala el juzgador que las publicaciones no son ilícitas, en primer lugar, porque según él, se
hicieron en ejercicio del derecho de expresión de la demandada, como lo señala en la
página 5 de la sentencia, además de que se hicieron “fundadamente”, por estar basadas en
“fuentes autorizadas”.
Sin embargo, el juzgador olvida que la libertad de expresión y el derecho a la información,
previstos en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución, como se expuso en el agravio
anterior, no son absolutos, sino que en los propios preceptos, se contienen limitaciones
expresas, como lo son el ataque a la moral, a la vida privada, o a los derechos de tercero y
que al sobrepasar esos límites la conducta que pretende excusarse en ellos deviene ilícita.
Por lo que se refiere a la vida privada, el artículo 1 de la Ley de Imprenta, considera que
constituye un ataque a la vida privada, cualquier manifestación o expresión maliciosa,
hecha ya sea verbal, manuscrita o por medio de la imprenta, y que exponga a una persona,
al odio, desprecio, ridículo o pueda causarle un demérito en su imagen, reputación,
intereses u honor.
Además, el artículo 4 de la ley en comento, dispone que una expresión es maliciosa, cuando
sea ofensiva en sí misma, o implique la intención de ofender. De cualquier manera, no es
maliciosa, cuando la expresión sea verdadera, siempre y cuando lo pruebe el autor de la
publicación. El artículo 11 considera que las publicaciones ofensivas son ilícitas, por lo que
se aplican las sanciones que señala este precepto y el artículo 31 establece sanciones por el
ataque malicioso a la vida privada.
Por otro lado, de los citados artículos de la Ley de Imprenta, en conjunción con los artículos
1916 y 1916 Bis del Código Civil, se desprende que una publicación, en donde se afecta el
honor o reputación de una persona, para ser lícita, debe ser verdadera y cierta, con base en
pruebas que ofrezca el autor en donde se acredite esa situación, o que tuvo motivos
fundados para considerarlos verdaderos, probanza que de acuerdo a lo que dispone el
artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles, corre a cargo de la parte demandada en
este caso, mediante la exhibición de los documentos de donde desprenda su dicho, esto es,
que lo que afirma en sus diversas publicaciones es cierto. El precepto indicado señala lo
siguiente:
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“Articulo 281.- las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de
sus pretensiones.
Por su parte el artículo 282, del ordenamiento en comento dispone lo siguiente:
“Articulo 282.- el que niega solo será obligado a probar:
I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;
II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante;
III. Cuando se desconozca la capacidad;
IV. Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción.
De lo anterior se desprende que son ilícitas y por lo tanto reclamables en la acción del daño
moral, cualquier publicación que sea maliciosa y/o falsa.
Sin embargo, el juzgador no analizó estas dos situaciones que fueron indicadas en el escrito
inicial de demanda, en los hechos 10 a 150 en primer lugar, porque sólo se refirió al aspecto
de las aparentes fuentes de las manifestaciones formuladas por la parte demandada, por lo
que se limita a señalar que efectivamente en su criterio, las notas que aparecieron
públicamente por parte del demandado, tenían “fundamento” en “fuentes autorizadas”,
aseveración del todo aventurada como más adelante se argumentará, sin que haya analizado
el aspecto malicioso de las publicaciones, por lo que se infringió el principio de
congruencia del artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, al no tomar en cuenta
todo lo solicitado por mi representado, en su escrito inicial de demanda, particularmente, el
que las expresiones utilizadas por el demandado en sus manifestaciones, eran maliciosas en
sí mismas, o de la manera como se hacían públicas, como se acreditará en los agravios
subsecuentes, cuando se analicen algunas de estas publicaciones, por lo que se requería un
pronunciamiento específico por parte del juzgador.
El Juez simplemente se limita a decir que en su concepto, las notas periodísticas se
encuentran basadas en “fuentes autorizadas”, sin acreditar o demostrar su dicho, por lo que
de la misma manera se infringió el principio de claridad que toda resolución debe tener, ya
que no señala ni acredita ese dicho suyo del todo sorprendente, en el sentido de que en
realidad, existen fuentes autorizadas de esas notas, por lo que su afirmación se vuelve
dogmática, al igual que toda la sentencia que dictó, ya que no acredita o demuestra el por
qué señala que las notas publicadas por el demandado, tenían dichas fuentes, que las
mismas existían y que eran fiables y verdaderas, ya que lo anterior, no fue acreditado por el
demandado, como se desprende del expediente en el que se actúa, por lo que el Juez carecía
de elementos para llegar a tal convicción, ya que como se puede apreciar de las pruebas
ofrecidas por el señor Primitivo Rodríguez, las mismas no tenían como objetivo probar la
licitud de sus manifestaciones, ni los supuestos elementos verdaderos sobre las cuales hizo
sus imputaciones.
De cualquier manera, además esa afirmación es incorrecta, ya que lo que exige tanto la Ley
de Imprenta como el Código Civil, no es el hecho de que haya fuentes para hacer una
manifestación, o que los responsables de los medios de información, revisaran lo que se iba
a publicar y ver su soporte documental, para el caso de que exista, otra manifestación del
todo aventurada por parte del a quo que inclusive rompe con el principio de congruencia,
sino que esas fuentes sean verdaderas y ciertas y que se haya realizado una labor de
investigación para acreditar que esas fuentes tienen esas características, lo que
definitivamente no quedó demostrado en este procedimiento, por lo que no se probó la
licitud de las publicaciones, lo que demuestra por el contrario, precisamente la ilicitud de
las actuaciones de la parte demandada y con ello, la procedencia de la acción intentada.
Lo anterior se ve confirmado, con la interpretación que ha dado el Poder Judicial, en el
sentido de que cuando se hacen manifestaciones en contra de una persona, las mismas se
deben hacer con base en la verdad y en fuentes verdaderas, para cumplir tanto con el
Código Civil, la Ley de Imprenta y la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, por lo que tanto, quien las hace, como el medio de comunicación que las
publica, deben verificar esa situación, lo que no acreditó el demandado, ni el juez fue
cuidadoso en estudiar este aspecto, por lo que éste no tenía ningún motivo para afirmar que
existían fuentes verdaderas y soportadas para hacer esa información, sobre todo, cuando las
mismas, ni siquiera se exhibieron en este proceso. Al respecto, le son aplicables las
siguientes tesis de jurisprudencia:
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“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XI, Mayo de 2000
Tesis: I.7o.C.30 C
Página: 921
DAÑO MORAL. PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS QUE LO CAUSAN. El
artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para
toda la República en Materia Federal, dispone que por daño moral se entiende la
alteración profunda que la víctima sufre en sus sentimientos, afectos, creencias,
decoro, reputación, honor, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la
consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito; por
su parte el diverso numeral 1830 del ordenamiento legal en cita, establece que es
ilícito el hecho contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. En
ese orden de ideas, para no incurrir en alguna de las hipótesis contenidas en tales
preceptos legales, los medios de comunicación impresa están obligados a corroborar
la veracidad de las notas informativas que pretendan publicar; es decir, deben
verificar que aquello que van a hacer del conocimiento público se apegue a la
realidad, para estar en aptitud de publicar una información objetiva y veraz, y no
afectar el honor y reputación de las personas, causándoles un demérito en su
prestigio, lo que de acuerdo con el artículo 1o. de la Ley de Imprenta vigente,
constituye un ataque a la vida privada, única limitante a la libertad de expresión,
prevista en los numerales 6o. y 7o. de la Constitución Federal; en consecuencia,
dichos medios deben ajustar a la verdad sus notas informativas, cuidando además
los términos que emplean al redactarlas, atendiendo a que no debe ser justificante
que quien hace una publicación ignore el significado jurídico del término empleado,
puesto que el desconocimiento de la ley no puede servir de excusa para un medio de
comunicación que se presume cuenta con especialistas y profesionales en la labor
informativa.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 11207/99. Ricardo Benjamín Salinas Pliego. 4 de febrero de 2000.
Unanimidad de votos. Ponente: Anastacio Martínez García. Secretario: Carlos Arturo
Rivero Verano.”
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XIII, Mayo de 2001
Tesis: I.10o.C.14 C
Página: 1120
DAÑO MORAL. LIBERTAD DE IMPRENTA O PRENSA. LIMITANTES
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 7o. CONSTITUCIONAL. Del texto del artículo
7o. constitucional se advierte que es inviolable el derecho de toda persona física o
moral, de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Sin embargo, el propio
precepto establece límites al ejercicio de esa libertad, los cuales consisten en el
respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. De lo que deriva que la
publicación de ideas u opiniones no es ilimitada e implica que si bien la libre
comunicación de pensamientos y opiniones es una garantía constitucional, quien
realice ese tipo de actividades debe responder de su abuso, cuando contravenga el
respeto a la vida, a la moral y a la paz pública. En atención a ello es que el artículo
1916 bis del Código Civil para el Distrito Federal, señala que no estará obligado a la
reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión crítica, expresión e
información, pero con las limitaciones a que se refiere el precepto constitucional
citado. Por lo que si en ejercicio de la libertad de imprenta o prensa, se publican
expresiones que atenten contra la integridad moral de una persona, el responsable de
esa publicación se encuentra obligado a la reparación del daño moral causado,
independientemente del vínculo que tenga con quien lo haya redactado, pues con el fin
de no incurrir en un hecho ilícito, está obligado a verificar que sus publicaciones
carezcan de manifestaciones o expresiones maliciosas, que no expongan a persona
alguna al odio, desprecio o ridículo, ni pueda causarle demérito en su reputación o
en sus intereses, lo que de acuerdo al precepto 1o. de la Ley de Imprenta en vigor,
constituye un ataque a la vida privada. Si bien los artículos 16 y 17 de esa ley
establecen a quién debe considerarse responsable en la comisión de delitos por medio
22

de la imprenta, litografía, grabado o cualquiera otro medio de publicidad, no resultan
aplicables para determinar la responsabilidad por daño moral, pues ésta no es de
carácter penal sino civil y se encuentra regulada por el Código Civil en el libro
cuarto, denominado "De las obligaciones", primera parte "De las obligaciones en
general", título primero "Fuentes de las obligaciones", capítulo V "De las
obligaciones que nacen de los actos ilícitos".
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 768/2000. Publicaciones Llergo, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Pérez Grimaldi. Secretaria: Margarita
Morrison Pérez.”
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XIV, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309
DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS
POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la
información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la
honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda
persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que
sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen
la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden
público. Así, la manifestación de las ideas se encuentra consagrada como uno de los
derechos públicos individuales fundamentales que reconoce la Constitución,
oponible por todo individuo, con independencia de su labor profesional, al Estado, y
los artículos 7o. y 24 de la propia Carta Fundamental se refieren a aspectos
concretos del ejercicio del derecho a manifestar libremente las ideas. El primero,
porque declara inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier
materia y, el segundo, porque garantiza la libertad de creencias religiosas. Así, el
Constituyente Originario al consagrar la libertad de expresión como una garantía
individual, reconoció la necesidad de que el hombre pueda y deba, siempre, tener
libertad para apreciar las cosas y crear intelectualmente, y expresarlo, aunque con
ello contraríe otras formas de pensamiento; de ahí que sea un derecho oponible al
Estado, a toda autoridad y, por ende, es un derecho que por su propia naturaleza debe
subsistir en todo régimen de derecho. En efecto, la historia escrita recoge
antecedentes de declaraciones sobre las libertades del hombre, y precisa que hasta el
siglo XVIII, se pueden citar documentos sobre esa materia. No hay duda histórica
sobre dos documentos básicos para las definiciones de derechos fundamentales del
hombre y su garantía frente al Estado. El primero es la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, la cual se mantiene
viva y vigente como texto legal por la remisión que hace el preámbulo de la
Constitución de Francia de fecha veinticuatro de diciembre de mil setecientos noventa
y nueve. El segundo, es la Constitución de los Estados Unidos de América, de
diecisiete de septiembre de mil setecientos ochenta y siete. En la historia
constitucional mexicana, que recibe influencia de las ideas políticas y liberales de
quienes impulsaron la Revolución Francesa, así como contribuciones de diversas
tendencias ideológicas enraizadas en las luchas entre conservadores y liberales que
caracterizaron el siglo XIX, tenemos que se hicieron y entraron en vigor diversos
cuerpos constitucionales, pero en todos ellos siempre ha aparecido una parte
dogmática que reconoce derechos inherentes al hombre, y que ha contenido tanto la
libertad de expresión como la libertad de imprenta. Por otra parte, los antecedentes
legislativos relacionados con la reforma y adición a la Constitución de mil novecientos
diecisiete, en relación al artículo 6o. antes precisado, tales como la iniciativa de ley, el
dictamen de la comisión que al efecto se designó, y las discusiones y el proyecto de
declaratoria correspondientes, publicados, respectivamente, en los Diarios de los
Debates de los días seis, veinte de octubre y primero de diciembre, todos de mil
novecientos setenta y siete, ponen de relieve que el propósito de las reformas fue el de
preservar el derecho de todos respecto a las actividades que regula. Esta reforma
recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de
información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de
comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y
comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo
largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía
23

popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que
reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas
tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto
que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de
tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su
familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar
algún delito o perturbar el orden público. Asimismo, ese derecho del individuo, con
la adición al contenido original del artículo 6o., quedó también equilibrado con el
derecho que tiene la sociedad a estar veraz y objetivamente informada, para evitar
que haya manipulación. Así, el Estado asume la obligación de cuidar que la
información que llega a la sociedad a través de los grandes medios masivos de
comunicación, refleje la realidad y tenga un contenido que permita y coadyuve al
acceso a la cultura en general, para que el pueblo pueda recibir en forma fácil y
rápida conocimientos en el arte, la literatura, en las ciencias y en la política. Ello
permitirá una participación informada para la solución de los grandes problemas
nacionales, y evitará que se deforme el contenido de los hechos que pueden incidir en
la formación de opinión. Luego, en el contenido actual del artículo 6o., se consagra la
libertad de expresarse, la cual es consustancial al hombre, y que impide al Estado
imponer sanciones por el solo hecho de expresar las ideas. Pero correlativamente, esa
opinión tiene límites de cuya transgresión derivan consecuencias jurídicas. Tales
límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se
exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la
cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que
tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe
dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la
perturbación del orden público. De modo que la Constitución de mil novecientos
diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en
contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se
ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe
el orden público.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 8633/99. Marco Antonio Rascón Córdova. 8 de marzo de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Rómulo Amadeo
Figueroa Salmorán.”
Aunque respecto de ninguna de las dos primeras tesis, utilizadas al final de la resolución
combatida, el a quo comparte los motivos por los cuales las incorpora en la sentencia
recurrida, y advirtiendo que con base en ellas de nueva cuenta puede caerse en la confusión
entre libertades de comunicación, lo cierto es que su recordatorio es de utilidad para
evidenciar que toda aquella persona que pretenda ejercitar su derecho a la información
dentro de los límites constitucionalmente previstos, sea medio de comunicación o simple
individuo, tiene el deber de apegarse a parámetros de veracidad y de evitar acusaciones que
injustificadamente ponen en entredicho el derecho al honor de sus semejantes.
Siendo así, en definitiva, esta mínima diligencia es pasada por alto por la demandada por la
simple y sencilla razón de que ni siquiera le interesó exhibir en juicio las supuestas fuentes
informativas que dice fundamentan sus acusaciones, con lo que resulta cristalino que ha
abusado ilícitamente de sus derechos tanto de expresión como de información, en
detrimento del derecho al honor de la actora.
En efecto, las tres tesis reproducidas anteriormente, aún con ciertas precisiones que
pudieran hacerse para distinguir perfectamente entre libertad de expresión y derecho a la
información, claramente señalan que para que una publicación no sea ilícita, cuando se
difunde en ejercicio del segundo de esos derechos, resulta indispensable que la misma sea
verídica o que haya tenido la presunción de verídica, por lo que el responsable de la
publicación, esto es el demandado, tuvo que haber verificado que la misma era verdadera y
que existían bases para considerarlo como tal, situación que no hizo la parte demandada, ni
probó en el juicio principal, ya que en primer lugar, si bien es cierto que señala que hay al
parecer, fuentes, las mismas nunca las ha exhibido o las exhibió (tampoco probó que el
medio de comunicación haya revisado esas fuentes) ni mucho menos en este procedimiento
probó la existencia de esas supuestas fuentes, tampoco acreditó que haya realizado una
labor de investigación, para verificar que efectivamente lo señalado en dichas fuentes, si es
que existen, es correcto, por lo que en realidad resulta patente su ilicitud, ya que no ha
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demostrado que sus imputaciones hacia el actor son verdaderas, tampoco que las mismas se
basan en fuentes y que éstas a su vez son verdaderas o tienen un grado de presunción. Por
otro lado, y como se manifestará en este escrito, las afirmaciones que realizó el demandado
en contra del actor, más que ser hechos verdaderos, como lo pretendía y presentaba
maliciosamente en sus comunicaciones, sólo reflejaban la mera opinión de su autor, como
expresamente reconoció durante el procedimiento, punto que no puede ser en sí verdad, al
reflejar la sola opinión del autor que las expresó, lo que no está amparado por el derecho a
la información, pues éste se refiere a comunicación de datos fácticos, ya que en realidad,
son expresiones que sólo demuestran la mera opinión subjetiva de su autor, así como
también, en todo caso, actualizan el ejercicio abusivo e ilícito de la libertad de expresión,
dado que a pesar de que ahora se reconocen como meros puntos de vista subjetivos del
demandado, en su momento se expusieron en la forma como se hicieron, como si fueran
hechos objetivos irrefutables, para despertar el desprecio y ridículo del público hacia la
parte actora.
En ese tenor, el juzgador carecía de elementos para considerar como improcedente la
acción intentada, al señalar que existían “fuentes autorizadas” para hacer las publicaciones,
ya que las mismas nunca se exhibieron durante el procedimiento, por lo que no se podían
hacer esas manifestaciones, junto con el hecho de que tampoco se probó que el medio
donde se publicaron, verificara la veracidad de la información divulgada contra el actor, por
lo que no había sustento, que acreditara el cumplimiento del artículo 81 del Código de
Procedimientos Civiles por parte del juzgador.
Por otro lado, las publicaciones materia de la controversia, no pueden contener hechos
ciertos, por su propia naturaleza, ya que el demandado, al momento de contestar la
demanda (páginas 52 a 55 de ese escrito) reconoció que en realidad, sólo reflejaban su mera
opinión, por lo que como consecuencia de ello, no pueden ser objetivas ni verdaderas, por
lo que el Juez al no tomar en cuenta esa confesión, no actuó en forma congruente con lo
actuado por las partes y por ello, su resolución, no se encuentra apegada a Derecho.
En efecto, como se puede desprender de las diversas publicaciones que constituyen la
materia de la litis, la parte demandada expresamente manifestó, con pruebas que dijo tener,
pero que nunca ha demostrado, ni demostró durante la secuela procesal, que la parte actora
y las distintas organizaciones en las que ha participado, recibieron y reciben recursos de la
NED (National Endouwment for Democracy) o Fundación Nacional para la Democracia, la
cual, al decir de la propia demandada, en esas publicaciones, se trata de una organización
creada por el ex-presidente norteamericano Ronald Reagan, para llevar a cabo el trabajo
que antes desarrollaba la “CIA”. En otras publicaciones, también materia de la litis, la
demandada señaló a dicha entidad, como el brazo “no gubernamental” del Departamento
de Estado norteamericano y la “cara amable” de la CIA, entre otras cosas, dichos que
fueron hechos por la parte demandada en base a supuestos documentos y pruebas que dijo
tener y que por supuesto, no mostró ni acreditó en la etapa respectiva del procedimiento
jurisdiccional.
Por otro lado, en su escrito de contestación a la demanda y en forma contradictoria con lo
señalado en las publicaciones materia de la litis y al desahogar su excepción de falta de
acción señalada como número XII, de su escrito de contestación, que no fue valorado
debidamente por el juzgador, procede a manifestar lo contrario a lo divulgado en sus
escritos materia de la litis, es decir, ahora afirma que la NED, o Fundación Nacional para la
Democracia, en opinión personal del demandado, defiende los intereses del gobierno de
los Estados Unidos, situación contraria a lo que afirmó inicialmente en sus diversas
publicaciones, donde aseguraba PÚBLICAMENTE que tal situación se encontraba
plenamente acreditada, lo que sólo demuestra la procedencia de la acción intentada.
Lo mismo sucede con la afirmación que hizo la parte demandada que la NED, o Fundación
Nacional para la Democracia, es el brazo no gubernamental del Departamento de Estado de
los Estados Unidos y la cara amable de la CIA, que realiza y realizaba de manera abierta lo
que dicha agencia hizo de manera oculta durante décadas.
Como se desprende de todas las publicaciones realizadas por la parte demandada y que
constituyen el objeto de esta controversia, ésta presenta la situación apuntada en el párrafo
anterior, como un hecho verdadero e irrefutable, que se sustenta en diversas fuentes de
25

información que nunca exhibió ni acreditó su existencia en el juicio, particularmente, que
por medio de esa dependencia extranjera, se cumplían finalidades intervencionistas o de
conspiración por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, en la página
55 de su escrito de contestación a la demanda, la presenta ahora como una mera opinión
personal, que obtuvo de diversas fuentes, las cuales no menciona, ni mucho menos,
acredita su existencia, lo que evidencia una vez más, que hizo pasar como hechos probados
y realmente existentes, meras apreciaciones subjetivas de la hoy demandada, sin haberlo
precisado así en dichas publicaciones, lo que convierte a dichas manifestaciones públicas
como ilícitas, punto que debió haber determinado así el Juez en su sentencia, hoy
combatida, para declarar procedente la acción intentada y condenar al demandado, a las
prestaciones reclamadas.
En ese tenor, resulta evidente que se acreditaba con dicha confesión efectuada por el
demandado en su escrito de contestación a la demanda, la procedencia de la acción
intentada, al demostrar que por muchos años, la parte demandada imputó en contra de la
parte actora, diversos hechos o situaciones que ahora admite que en realidad constituían
una simple opinión de quien la formulaba, pero haciéndolo pasar frente a la opinión
pública, como hechos ciertos y demostrados objetivamente, en base a pruebas que en
realidad no soportan su dicho, para el caso de que existan.
No cabe duda que todas esas afirmaciones en su conjunto y que reconoció y confesó
expresamente la parte demandada, como meras opiniones, acreditan la procedencia de la
acción, ya que públicamente y por medios impresos y escritos, la parte demandada hizo
creer al público en general, particularmente a periodistas, analistas políticos y escritores,
que la parte actora y distintas organizaciones en las que ha participado, recibían recursos
económicos de una dependencia norteamericana con intereses intervencionistas y de
espionaje, información que no era veraz, ni comprobada, ni por supuesto, objetiva y que
solamente reflejaba la mera opinión de la parte demandada. En ese tenor, se aprecia la
infracción de las disposiciones legales invocadas en el escrito inicial de demanda y con
ello, la procedencia de la acción ejercitada en este juicio, por lo que al no haberlo
considerado así el juzgador, se aprecia la existencia del presente agravio, en atención de
que la conducta realizada por el demandado, convertían en ilícitas las manifestaciones
públicas e impresas realizadas en contra del actor, al no ser verídicas y ser además
infamantes y maliciosas.
El juzgador para considerar a las publicaciones impugnadas en este juicio como lícitas, se
limita exclusivamente a tomar en cuenta, la confesional rendida a cargo de la parte
demandada, y a las respuestas dadas en las mismas, de donde se desprende que él señaló la
existencia de unas fuentes, pero sin que haya indicado los datos de su localización. Así por
ejemplo, no indica el día en que apareció la supuesta noticia en el New York Times, cómo
es que les consta a los legisladores y académicos de la NED, dónde aparecen los estatutos
de la NED, cómo se llaman esas fuentes y dónde se localizan, por lo que al sólo apoyarse
en el dicho del demandado, sin que éste hubiere dado en el procedimiento jurisdiccional,
medios de convicción para confirmar su dicho, se demuestra que en realidad deviene de
igual forma en arbitraria y dogmática la afirmación del juzgador de que las publicaciones
materia de la controversia se hicieron fundadamente y en fuentes autorizadas, las cuales
nunca se mostraron en este procedimiento, para el caso de que existan.
Por el contrario, y como se ha mostrado en líneas anteriores, se aprecia que en realidad las
publicaciones efectuadas, al basarse en la mera opinión del demandado, no podían ser
ciertas, y que además eran en sí mismas maliciosas, de lo que se desprendía, contrario al
criterio del juzgador, la procedencia de la acción intentada.
Por otro lado, el juzgador no tomó en cuenta ni valoró debidamente los motivos del ataque
persistente y contumaz practicado por el demandado contra el actor, mismos que se
contienen en los hechos de la demanda, los cuales lejos de obedecer a un afán de
“investigación” y “divulgación” de una supuesta verdad no comprobada, obedecen a su
particular afán de afectar el derecho al honor del cual es titular el actor, como prueba el
hecho de no realizar las mismas imputaciones a todas las personas supuestamente
involucradas en los financiamientos externos. Verbigracia, sabiendo que la señora Ana
Teresa Aranda, quien dirigió el Sistema Integral de la Familia (DIF) cuando el demandado
trabajó para ella, presidió la Asociación Nacional Cívica Femenina, se le olvidó mencionar
26

en sus escritos públicos, que dicha asociación realizó actividades de observación electoral
con financiamiento de la Fundación Nacional para la Democracia, como se desprende de
las respuestas dadas a las posiciones 58 a 67, de la confesional a su cargo.
El a quo tampoco tomó en cuenta, ni valoró, la documental pública exhibida como anexo 1
de la demanda, en donde se aprecia el grado de afecto y amistad que existía entre las partes,
ya que existía un compadrazgo entre ellos, lo que reconoció el demandado, en el desahogo
de la prueba confesional, por lo que contrario a ese afán de “investigación” y de
“descubridor” de una supuesta verdad, la cual no existe, en realidad reflejaba, problemas
que existieron o se dieron durante dicha amistad o compadrazgo, las que pretendieron
resolverse mediante publicaciones disfrazadas de aparentes informaciones, en donde sólo se
mostraba el enojo y el coraje que existía en el demandado hacia el actor, ya que de otra
manera, no se puede explicar el afán permanente de desprestigio que ha realizado el
demandado en contra del actor, por más de ocho años y no frente a otros que también
recibieron financiamientos públicos, conocidos por el demandado, pero omitidos por él en
sus publicaciones.
Es evidente, que la libertad de expresión de ideas y el derecho de información, no pueden
servir para resolver oscuramente problemas de afecto y amistad que se dieron entre
personas.
En ese tenor, se desprende la infracción a los principios de claridad y congruencia que toda
resolución debe tener, toda vez que nunca se acreditó en este procedimiento, por pruebas
ofrecidas y desahogadas por la parte demandada, que las publicaciones realizadas por el
demandado hayan estado fundadas en fuentes existentes y autorizadas, por lo que no había
motivo para declarar improcedente la acción intentada, motivo por el cual, lo pertinente era
entrar al estudio de la acción y valorar cada una de las pruebas ofrecidas para acreditar los
hechos, en donde el juzgador debía analizar cada publicación para ver si la misma era
maliciosa o/y falsa, situación que no hizo.
De igual forma, tampoco el juzgador estudió la relación que existía entre las partes y los
motivos que hubo para la campaña de desprestigio contra el actor.
Por lo que se refiere a las expresiones maliciosas, como se desprende de los artículos
invocados de la Ley de Imprenta, son aquellas que se hacen con el ánimo de ofender, o sean
en sí mismas ofensivas, por lo que el hecho de que la parte demandada haya hecho
expresiones en ese sentido, como queda acreditado en los presentes agravios, disfrazando o
haciendo pasar como hechos objetivos e irrefutables lo que ahora reconoce como sus
simples juicios de valor, se desprende lo malicioso de su actuación. Los siguientes criterios
jurisprudenciales amplían este concepto:
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XVII, Marzo de 2003
Tesis: I.4o.C.57 C
Página: 1709
DAÑO MORAL Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. Los artículos 6o. y 7o. de la
Constitución Federal establecen el marco jurídico que a la vez que consagra el
derecho a la libre manifestación de las ideas y la libertad de imprenta, les impone
límites consistentes en que la manifestación de las ideas no debe ejercerse en forma
que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el
orden público; la libertad de imprenta tiene por límite el respeto a la vida privada, la
moral y la paz pública. Por su parte, el artículo 1o. de la Ley de Imprenta prevé lo
que se considera como ataques a la vida privada, y en su fracción I establece que lo es
toda manifestación o expresión hecha por la imprenta o que de cualquier otra
manera circule en la opinión pública donde se expone a una persona al odio,
desprecio o ridículo y que pueda causarle demérito en su reputación e intereses.
Como se advierte, en el supuesto de la fracción I resulta irrelevante que la
información o manifestación sea falsa o verdadera. Basta que se exponga a una
persona al odio, desprecio o ridículo. El decoro está integrado por el honor, el
respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación. Se basa
en el principio de que a toda persona, por el hecho de serlo, se le debe considerar
27

honorable, merecedora de respeto. La conculcación de este bien se configura en
sentido negativo, cuando el sujeto activo, sin fundamento, daña a una persona en su
honor o en la estimación que los demás tienen de ella en el medio social en que se
desenvuelve y que es donde directamente repercute en su agravio. El honor es un
bien objetivo que hace que la persona sea merecedora de confianza. Si una persona
sufre una afectación en la consideración que de ella tienen los demás, se debe
entender como una lesión a la estima que los demás le profesan, o sea, al trato con
urbanidad y respeto que merece. El límite entre la libertad de expresión y la conducta
ilegal del agente sólo puede establecerse mediante la ponderación de los derechos en
presencia, para determinar si la restricción que se impone al derecho de información y
expresión está o no justificada por la limitación que sufriría el otro derecho a la
intimidad. Dada su función institucional, cuando se produzca una colisión entre
ambos derechos, el de la información goza de una posición preferente, y las
restricciones a ese derecho deben interpretarse de tal modo que su contenido esencial
no resulte desnaturalizado. Tal valor preferente no es, sin embargo, absoluto. Si se le
reconoce como garantía de la opinión pública, sólo puede legitimar intromisiones en
otros derechos fundamentales que guarden congruencia con esa finalidad, o sea, que
resulten relevantes para la formación de la opinión pública. Carecerá de protección
cuando se ejercite de manera desmesurada a ese fin.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 14424/2002. El Espectáculo Editorial, S.A. de C.V. y otras. 13 de
enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria:
Carmina S. Cortés Pineda.”
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XIII, Mayo de 2001
Tesis: I.10o.C.14 C
Página: 1120
DAÑO MORAL. LIBERTAD DE IMPRENTA O PRENSA. LIMITANTES
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 7o. CONSTITUCIONAL. Del texto del artículo
7o. constitucional se advierte que es inviolable el derecho de toda persona física o
moral, de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Sin embargo, el propio
precepto establece límites al ejercicio de esa libertad, los cuales consisten en el
respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. De lo que deriva que la
publicación de ideas u opiniones no es ilimitada e implica que si bien la libre
comunicación de pensamientos y opiniones es una garantía constitucional, quien
realice ese tipo de actividades debe responder de su abuso, cuando contravenga el
respeto a la vida, a la moral y a la paz pública. En atención a ello es que el artículo
1916 bis del Código Civil para el Distrito Federal, señala que no estará obligado a la
reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión crítica, expresión e
información, pero con las limitaciones a que se refiere el precepto constitucional
citado. Por lo que si en ejercicio de la libertad de imprenta o prensa, se publican
expresiones que atenten contra la integridad moral de una persona, el responsable
de esa publicación se encuentra obligado a la reparación del daño moral causado,
independientemente del vínculo que tenga con quien lo haya redactado, pues con el
fin de no incurrir en un hecho ilícito, está obligado a verificar que sus publicaciones
carezcan de manifestaciones o expresiones maliciosas, que no expongan a persona
alguna al odio, desprecio o ridículo, ni pueda causarle demérito en su reputación o
en sus intereses, lo que de acuerdo al precepto 1o. de la Ley de Imprenta en vigor,
constituye un ataque a la vida privada. Si bien los artículos 16 y 17 de esa ley
establecen a quién debe considerarse responsable en la comisión de delitos por medio
de la imprenta, litografía, grabado o cualquiera otro medio de publicidad, no resultan
aplicables para determinar la responsabilidad por daño moral, pues ésta no es de
carácter penal sino civil y se encuentra regulada por el Código Civil en el libro
cuarto, denominado "De las obligaciones", primera parte "De las obligaciones en
general", título primero "Fuentes de las obligaciones", capítulo V "De las
obligaciones que nacen de los actos ilícitos".
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 768/2000. Publicaciones Llergo, S.A. de C. V. 27 de febrero de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Pérez Grimaldi. Secretaria: Margarita
Morrison Pérez.”
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La procedencia de la acción intentada y de las prestaciones que se reclaman, son
pertinentes, toda vez que las expresiones usadas por la parte demandada en las
publicaciones materia de la litis, dada las reglas de la lógica, de la experiencia, además del
prudente arbitrio de cualquier juzgador, al calificar a la parte actora: de “espía”, o de estar
“al servicio de intereses norteamericanos”, “ser pupilo del Imperio del Bien y de su
consorte la CIA”, o estar “patrocinado” por una agencia gubernamental americana”, son en
sí mismas falsas, maliciosas, ofensivas y utilizadas con la clara intención de ofender al
actor, desprestigiarlo, afectar su honor y hacerlo ver frente a la opinión pública como una
persona que al recibir dinero del extranjero, representa los intereses intervencionistas y de
espionaje norteamericano, a sabiendas de que el demandado sabe y conoce, por la relación
personal que tuvo por la parte actora, que es una persona autónoma, independiente y
objetiva en todo lo que realiza, además de que los trabajos en los que participa, como
académico, maestro, conferenciante, investigador, escritor, periodista y analista político,
requiere tener una imagen transparente y sin ninguna tacha, como cualquier persona que
realice actividades, lo que evidentemente con las publicaciones de la parte demandada se ha
afectado, al dudar y pretender señalar que la parte actora no tiene la independencia,
autonomía y objetividad en su actuación que dice tener. Sirven de apoyo a lo expuesto, los
siguientes criterios de jurisprudencia:
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XIV, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.243 C
Página: 1305
DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA
EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR,
REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O
BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO. El derecho romano, durante sus últimas
etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio
de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad
moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes
materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al
individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean
bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos
1916 y adicionar el 1916 bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre
de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y
segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel
que, incluso a quien ejerce su derecho de expresión a través de un medio de
información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el
derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que
son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la
Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño
moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus
sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada,
configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen
los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño
moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los
bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea
consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre
ambos acontecimientos.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 8633/99. Marco Antonio Rascón Córdova. 8 de marzo de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Rómulo Amadeo
Figueroa Salmorán.”
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XIII, Mayo de 2001
Página: 1119
29

Tesis: I.10o.C.15 C
Tesis Aislada
Materia(s): Civil
DAÑO MORAL. EXPRESIONES CUYA PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE
COMUNICACIÓN MASIVO ACREDITAN EN SÍ MISMAS QUE SE PRODUJO.
El derecho mexicano no define lo que es la moral para el orden jurídico, pues el
concepto varía de acuerdo con la época y medio social imperante; sin embargo, dado
que constituye un derecho de la personalidad, se reconoce y tutela en el artículo 1916
del Código Civil para el Distrito Federal, que establece que debe entenderse como
daño moral la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos,
creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o
bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Por tanto, la publicación
en un medio de comunicación masivo de expresiones que, ponderadas de acuerdo
con las reglas generales de la lógica y la experiencia a que hace referencia el
artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles, vulneren el respeto que se debe a
una persona y que la hacen digna de estimación y credibilidad, constituyen la
prueba de que se produjo ese daño, pues determinan la afectación a la consideración
que de sí misma tienen los demás; mayor aún si resulta un hecho notorio que el tipo
de expresiones proferidas menoscaben la integridad moral, conforme a lo dispuesto
por el precepto 286 del código adjetivo civil en cita. Lo que no implica atentar contra
la libertad de expresión, pues el artículo 6o. constitucional no contiene una
consagración en abstracto de esa libertad, sino una regulación jurídica que impide al
Estado imponer sanciones por el solo hecho de expresar ideas y hace responsable a
quien emite su opinión si de ello derivan consecuencias jurídicas, como los ataques a
la moral.
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 769/2000. Isabel Arvide Limón. 27 de febrero de 2001. Unanimidad de
votos. Ponente: J. Jesús Pérez Grimaldi. Secretaria: Margarita Morrison Pérez.”
Se insiste, la información que se da a conocer al público, sólo debe utilizar un lenguaje
descriptivo, no como el utilizado por el demandado en sus escritos, llenos de calificativos
que lejos de expresar un hecho, sólo emiten una opinión desaprobatoria contra quien van
dirigidos, exponiéndolo al descrédito, desprecio, o ridículo frente a las demás personas, lo
que vuelve maliciosa la expresión.
En ese tenor, resulta ilegal e infundada la apreciación realizada por el juzgador, en el
sentido de que mi representado, no acreditó la procedencia de su acción, y de que las
publicaciones materia de la litis eran lícitas, ya que de todo lo expuesto, en párrafos
anteriores, se aprecia lo contrario, esto es, la ilicitud de las publicaciones, por contener
hechos falsos, subjetivos y maliciosos y con ello, lo procedente de la acción intentada por la
parte actora.
En síntesis, en primer lugar en la sentencia recurrida no se distingue entre la libertad de
expresión y el derecho a la información, no obstante transcribir el artículo 1916 BIS del
Código Civil para el Distrito Federal, así como los artículos sexto y séptimo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que expresamente se
reconocen por separado tales derechos fundamentales.
Este proceder del a quo resulta del todo ilegal debido a que por ese medio se desentiende
por completo de los argumentos de la demandante en el sentido de que la parte demandada
en todo momento presentó sus ataques como si se tratara de afirmaciones irrefutables en los
hechos, aunque a lo largo del juicio ordinario terminara por reconocer que se trataban de
sus meras opiniones, argumentos que de ser tomados en cuenta, como legalmente procede,
llevan a concluir que al ni siquiera exhibir la demandada las supuestas fuentes informativas
en que dice basar sus cuestionamientos al derecho al honor de la ahora recurrente, queda
por entero manifiesta la ilicitud en el ejercicio de sus derechos.
La importancia de tan elemental distinción entre la libertad de expresión y el derecho a la
información, es que constituye la base para tener por demostrada la ilicitud de la conducta
de la demandada, en virtud de que aplicado a contrario sensu el artículo 1916 Bis del
Código Civil para el Distrito Federal, cada vez que una persona exceda o traspase los
términos y las limitaciones señalados en los artículos sexto y séptimo constitucionales, su
30

conducta abusiva dará pie a la reparación del daño moral, si con ella se afecta el derecho al
honor de un tercero.
Precisamente, ese es el caso en el presente juicio, toda vez que la demandada presentó por
alrededor de ocho años acusaciones en contra del honor y reputación de la demandante,
haciéndolas pasar como afirmaciones de hecho comprobadas e irrefutables, es decir,
esgrimiéndolas en ejercicio de su derecho a informar a los demás, pero respecto de las
cuales en la presente causa nunca tuvo el más mínimo reparo en compartir los elementos
necesarios para corroborar la veracidad de sus aseveraciones y el apego hacia sus supuestas
fuentes informativas, mostrando así total desinterés y descuido por respetar pautas de
veracidad indispensables para ejercer debidamente su derecho a la información.
En paralelo, el único límite fundamental en un estado constitucional y democrático de
derecho que debe respetar todo aquél que ejercite su libertad de expresión, es dejar en total
transparencia que lo que se emite en uso de ese derecho son opiniones personales, puntos
de vista subjetivos o juicios de valor, circunstancia que la demandada en ningún momento
dejó en claro en sus acusaciones a lo largo de los últimos ocho años, las cuales presentaba
como hechos irrefutables, aunque ahora con cierto cinismo en su participación en el juicio
ha reconocido con ese carácter de meras opiniones. Esta última confesión de la demandada
es, por el contrario, prueba patente de que ejerció ilícitamente su libertad de expresión.
En este tenor, de nueva cuenta ejemplifica la ilegalidad de la resolución recurrida, el
segmento de la sentencia del 3 de marzo de 2006 (foja 5), que se ha utilizado:
“… por lo que no es aceptable que se puedan vulnerar tales derechos a una persona,
por la consideración de salir a la luz pública en una nota informativa o periodística,
siendo por ello de vital trascendencia el hecho de que necesariamente al reclamar el
pago de una indemnización por concepto de daño moral, tal daño debe trascender y
convertirse igualmente en un daño material. Luego entonces, en el presente asunto, el
actor NO acredita el daño moral que manifiesta se le ha causado, tampoco el daño
material que a consecuencia de aquel hubiese sufrido, y mucho menos que ese daño
haya sido por un hecho ilícito que el ahora demandado haya hecho al actor, a raíz de
haber ejercitado su derecho de expresión, y que a consecuencia de esto, el hoy actor
sufrió una afectación en su honor, su reputación o la consideración que de él tienen
las demás personas.”
Con ello, el a quo hace ostensible una preocupante confusión en torno a la libertad de
expresión y el derecho a la información, distinción que el propio artículo 1916 BIS del
Código Civil para el Distrito Federal le demanda respetar a fin de aplicar correctamente los
artículos conducentes a una causa por daño moral. Esto es así en razón de que por un lado
califica de “nota informativa o periodística” a las acusaciones esgrimidas por la
demandada, pero sin exigirle que compruebe o de menos exhiba las pruebas necesarias para
corroborar que su derecho a informar lo ha ejercido con apego a mínimas pautas de
veracidad, mientras que por otra parte, califica a las actuaciones de la demandada como
propias “de haber ejercitado su derecho de expresión”, cuando nunca las presentó como
opiniones.
Justamente porque esa confusión entre ambos derechos es una constante falla en la
sentencia recurrida, que se traduce finalmente en su ilegalidad, resulta conveniente dejar
constancia de un par de criterios recientemente sustentados por la Primera Sala de nuestra
Suprema Corte de Justicia de la Nación en tal materia:
“Novena Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXI, Enero de 2005
Tesis: 1a. CLXV/2004
Página: 421
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS
POR EL LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE
LA PUBLICIDAD COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN
EN SU DIMENSIÓN PURAMENTE INFORMATIVA. La libertad de expresión e
imprenta goza de una vertiente pública e institucional que contribuye de manera
31

esencial a la formación y al mantenimiento de una opinión pública libre y bien
informada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia
representativa. Desde esta perspectiva, se entiende que las libertades de expresión e
imprenta protejan de manera especialmente clara y enérgica el derecho del individuo
a expresar sus ideas en materia política, y que otro tipo de discursos expresivos, como
el comercial, estén mucho más desconectados de la función que otorga a estos
derechos su singular posición dentro del esquema estructural de funcionamiento de la
democracia representativa. En este sentido, la publicidad puede, en ciertos casos y
bajo ciertas circunstancias, constituir una aportación al debate ciudadano sobre los
asuntos públicos, y puede contribuir a difundir y a dar plasticidad a ideas que pueden
y deben legítimamente ingresar en el debate público. Sin embargo, en la mayoría de
los casos, el discurso comercial se reduce simplemente a un conjunto de mensajes que
proponen a sus receptores la realización de una transacción comercial y, en esa
medida, su producción puede ser regulada por el legislador dentro de límites mucho
más amplios que si tratara de un caso de ejercicio de la libertad de expresión en
materia política. Si bien no puede afirmarse, ex ante y de manera absoluta, que el
discurso comercial esté totalmente fuera del ámbito de proyección de la libertad de
expresión, en la mayoría de ocasiones el mismo solamente complementa el libre
ejercicio de una actividad empresarial, por lo que le son aplicables las limitaciones
legales y constitucionales que se proyectan sobre esta última. Esto es así cuando las
limitaciones inciden en la dimensión puramente informativa de la publicidad y la
relación de la publicidad con el ejercicio de la libertad de imprenta no se da en el caso
concreto. El legislador, por tanto, al considerar la publicidad en cuanto mensaje que
da información sobre la oferta empresarial puede someterla a los límites de
veracidad y claridad exigibles en este ámbito.
Amparo en revisión 91/2004. Crédito Afianzador, S.A. de C.V., Compañía Mexicana
de Garantías. 20 de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Raúl M. Mejía Garza.”
“Novena Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXI, Enero de 2005
Tesis: 1a. CLXVI/2004
Página: 420
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E IMPRENTA. LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 11
DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS
FINANCIEROS NO VIOLENTA LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL. Las limitaciones establecidas en la fracción XV del
artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros no
pueden considerarse inconstitucionales al otorgar a la comisión nacional respectiva la
facultad de "analizar y en su caso, autorizar, la información dirigida a los usuarios
sobre los servicios y productos financieros que ofrezcan las instituciones financieras,
cuidando en todo momento que la publicidad que éstas utilicen sea dirigida en forma
clara, para evitar que la misma pueda dar origen a error o inexactitud". En el caso, la
relación entre la publicidad con el ejercicio de la libertad de expresión e imprenta,
que en abstracto no puede descartarse, no se da ya que la ley considera la publicidad
en cuanto mensaje que solamente da información sobre la oferta empresarial. La
disposición incide en la dimensión puramente informativa de la publicidad por lo
que es constitucional el establecimiento de límites de veracidad y claridad exigibles
en ese ámbito.
Amparo en revisión 91/2004. Crédito Afianzador, S.A. de C.V., Compañía Mexicana
de Garantías. 20 de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Raúl M. Mejía Garza.”
Aunque las anteriores tesis no son todo lo precisas que pudiera esperarse y aunque es obvio
que se refieren a una materia distinta a la de la presente causa, lo dicho en ellas no deja de
ser aplicable a este juicio dado que contienen criterios relativos a derechos humanos
fundamentales, derechos que no pueden variar dependiendo de la materia en que
intervienen, sino que exigen dado su naturaleza constitucional idéntica interpretación en
todos los ámbitos en que aparezcan.
Así, es sobradamente transparente que en estos criterios se ha comenzado a admitir la
distinción entre el derecho a la información y la libertad de expresión, ajustando el ejercicio
32

del primero al respeto a “límites de veracidad y claridad”, razón suficiente para que sea
fundada la argumentación relativa de nuestra parte, sin olvidar el par de tesis previamente
citadas provenientes del Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia que establecen ese
vínculo entre el derecho a la información y el respeto a la verdad.
En segundo lugar, en síntesis, el a quo estima en su resolución (a foja ocho), sin hacer
públicas las razones o motivos de tan sorprendente apreciación, que la demandada ejerció
legalmente su “derecho de expresión”, dando completa credibilidad a sus supuestas fuentes
informativas, incluso calificándolas de “fuentes autorizadas”, así como al señalamiento del
demandado de que supuestamente fueron avaladas “por quien en su oportunidad revisa lo
que se va a publicar y salir a la luz pública”; predicando idéntica consideración al hecho de
que la demandada niegue, como era de esperarse, que ha provocado daño moral alguno a la
actora; y aceptando arbitrariamente que no hay injuria en señalar de una persona
independiente, como la actora, que está al servicio de intereses intervencionistas
estadounidenses, acusación que constituye la esencia de los ataques sufridos por el hoy
recurrente.
Por su importancia, resulta aconsejable reproducir esta parte conducente del fallo:
“… se tiene que el absolvente NIEGA en forma contundente, escribir sus notas sin
fundamentos, y además dichas notas, las hace basadas en fuentes autorizadas. Más
aún, es de señalarse que si bien es cierto, que el demandado contestó afirmativamente
dichas posiciones, también lo es, que de las mismas NO se advierte, la aceptación por
parte del enjuiciado, el haber causado daño moral alguno, al actor, tampoco, se le
haya causado un daño en su honor o reputación como lo señala el accionante en su
escrito inicial de demanda. Las posiciones formuladas a la absolvente tuvieron
relación con los diversos escritos publicados por el demandado a los cuales hizo
alusión el actor, pero que de ninguna manera con los mismos se acreditan los hechos
calumniosos, injuriosos o de naturaleza semejante, es más el demandado señaló que
dicha información fue autorizada por quien en su oportunidad revisa lo que se va a
publicar y salir a la luz pública, toda vez, que de dichas publicaciones NO se advierte
daño causado al actor. Por tanto el hoy demandado ejercito su derecho de expresión
de acuerdo con la ley que lo faculta para tal efecto.”
Como se advirtiera oportunamente, la falta de distinción entre el derecho a la información y
la libertad de expresión, produce una serie de desaciertos en la sentencia recurrida que
motivan que la misma sea revocada. En ese tenor, efectivamente la demandada fue
publicando una serie de escritos en los que difunde con la calidad de hechos ciertos e
irrefutablemente comprobados, las acusaciones contrarias al derecho al honor de la actora,
ante los cuales, como mínimo para estimarse dentro de los límites del debido ejercicio de su
derecho a informar, y con todo y el principio “pro homine” jugando a su favor, resultaría
necesario que en la causa que se está dilucidando se hubieren presentado esas supuestas
fuentes informativas que según la demandada sustentan sus dichos.
Así, es a todas luces evidente que el proceder del juzgador de primera instancia de dar por
buenas e incluso calificar de autorizadas tales fuentes, las cuales nunca se identificaron o
exhibieron en juicio, deviene por completo ilegal, en razón de que ni siquiera el demandado
probó su existencia y mucho menos, que su contenido simplemente lo hubiera reproducido
en los diferentes escritos con los que ha causado un daño moral a la actora, caso en el que
podría empezarse a pensar que le asiste la excepción del “reportaje neutral”.
La ilegalidad de la que es presa la sentencia recurrida es de este modo grosera, pues lo que
implica es que el a quo sin ningún sustento probatorio, califique de “autorizadas” fuentes
que nunca ha visto y que nunca ha leído dado que nunca se le exhibieron en juicio por parte
de la demandada, a su vez que le cree al demandado que sus acusaciones las ha
“fundamentado”, es decir, sustentado, en lo que otras fuentes informativas enseñan, pero
sin jamás siquiera haber cotejado esas supuestas fuentes. Así, es evidente que ese acto de
fe profesado por el juez no puede ser secundado por la actora ni confirmado en segunda
instancia.
Para evitar malos entendidos. Nadie le está pidiendo al demandado o a cualquier otra
persona que haga uso del derecho a informar, que previamente al ejercicio de tal derecho
exhiba, acompañe o publique por entero las fuentes informativas en que dice basar sus
33

escritos, limitante que resultaría infundada en un estado constitucional y democrático de
derecho, además de hacer inoperante las publicaciones por la excesiva extensión que
representaría transcribir toda fuente.
Lejos de ello, lo que sí es deber de todo aquél que ejerce su derecho a informar, incluido el
demandado, es tener listas esas fuentes informativas para en el caso de que con ellas haya
afectado el derecho al honor de alguno de sus semejantes, tenga la posibilidad de exhibirlas
en juicio a fin de determinar si se le pueden fincar responsabilidades ulteriores como el
daño moral, o bien, si tales fuentes informativas justifican la afectación a los derechos de
un tercero, como el actor.
Así entendido, en la presente causa es manifiesto que el demandado no mostró nunca el
más mínimo interés en compartir sus supuestas fuentes informativas, razón por la que no se
encuentra en posibilidad de demostrar con ellas que ejerció lícitamente su derecho a la
información, en su vertiente de derecho a informar, además de que nunca en tales fuentes
pudo haber sustentado una acusación tan contraria al derecho al honor de la demandante
como lo es aquella consistente en que la actora está al servicio de intereses
intervencionistas estadounidenses.
TERCERO.- Infracción a los artículos 19, 1910, 1916 y 1916 Bis del Código Civil, los
artículos 1, 4, 5, 10, 11, 31 de la Ley de Imprenta, así como los artículos 81, 82, 281 y 282
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, toda vez que en los
considerandos tercero y cuarto de la sentencia impugnada, el juzgador declara
improcedente la acción intentada, en atención a que la parte actora no acreditó el daño
sufrido, ni que el mismo hubiere sido consecuencia de hechos a cargo de la parte
demandada.
En síntesis, la resolución dictada por el C. Juez Cuadragésimo de lo Civil dice seguir la
tesis de rubro “Daño moral en el derecho positivo mexicano”, a fin de apreciar los
elementos necesarios para acreditar la existencia del daño moral, para de inmediato
desconocer ese propio criterio, que entendido correctamente, establece la postura más
garantista a favor del derecho al honor, al no requerir que se evidencie la afectación ni el
grado de la misma para tener por procedente la acción por daño moral, dado que ello
conduciría a una prueba “imposible”.
Por su importancia, es prudente reproducir de nueva cuenta la tesis mencionada:
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XVII, Abril de 2003
Tesis: I.4o.C.58 C
Página: 1073
DAÑO MORAL EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO. En el dictamen de la
Cámara Revisora del decreto de veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta
y dos, que reforma, entre otros, el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito
Federal, se establece, en lo que interesa: "... La iniciativa se fundamenta en la
doctrina civilista contemporánea de los derechos de la personalidad, la cual tiende a
garantizar a la persona el goce de sus facultades y el respeto al desenvolvimiento de
su personalidad física y moral.". Los bienes que tutela esa figura son, de manera sólo
enunciativa: a) afectos; b) creencias; c) sentimientos; d) vida privada; e)
configuración y aspectos físicos; f) decoro; g) honor; h) reputación; e, i) la
consideración que de uno tienen los demás. Estos derechos no pueden ser tasables o
valorables perfecta ni aproximadamente en dinero, por referirse a la persona en su
individualidad o intimidad. Por esa razón, la legislación mexicana adopta la teoría
de la comprobación objetiva del daño y no la subjetiva; es decir, basta la
demostración de: 1) la relación jurídica que vincula al sujeto activo con el agente
pasivo o agraviado, y 2) la existencia de un hecho u omisión ilícitos que lesione uno
o varios de los bienes que tutela la figura, enunciados con anterioridad. Entonces, no
se requiere la justificación de la existencia efectiva ni la extensión o gravedad del
daño, lo cual conduciría a una prueba imposible, y esa demostración y tasación se
dejan al prudente arbitrio del juzgador.
34

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 14424/2002. El Espectáculo Editorial, S.A. de C.V. y otras. 13 de
enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria:
Carmina S. Cortés Pineda.”
En este entendido, son dos los elementos necesarios y suficientes para resolver la
procedencia de la acción por daño moral, requisitos que en esta causa se han demostrado
irrefutablemente, a saber, uno, la relación entre la demandada y el demandante, relación de
causalidad que se presenta con los escritos de los cuales es responsable la demandada y con
el hecho de haberlos dirigido contra la demandante, y dos, la ilicitud de la conducta de la
demandada, la cual ha derivado en la afectación al derecho al honor del que goza la
demandante, circunstancia que se debe tener por probada al acreditarse que el demandado
no ejerció su derecho a la información y su libertad de expresión dentro de los límites que
circunscriben ambos derechos, y que además su indebida actuación ha provocado la
afectación injustificada del derecho fundamental al honor de la ahora recurrente.
No es óbice a la anterior conclusión que el a quo insinúe que la demostración y tasación de
la afectación y el grado de la misma para tener por procedente la acción por daño moral,
queden confiadas al “prudente arbitrio del juzgador”, en razón de que esa encomienda no
implica el desconocimiento del mandato constitucional, así como del artículo 81 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que exige a todo órgano judicial exhibir
los motivos por los cuales arriba a las determinaciones que correspondan. En efecto, lo que
el juzgador de primera instancia ha debido llevar a cabo es reconocer que existen diversas
publicaciones de la parte demandada que hacen patente su relación con la demandante, así
como que ha abusado de sus libertades de comunicación.
Por el contrario, en varios momentos dentro de las consideraciones de la sentencia que
ahora se recurre, el a quo afirma que “para que prospere la acción de daño moral, se tiene
que acreditar la lesión a los derechos que la persona ha sufrido” (foja cinco), manifestación
por completo inconsistente con la aceptación del criterio contenido en la tesis por él citada,
“Daño moral en el derecho positivo mexicano”, y que en última instancia conduciría a que
la demandante tuviera que probar lo que ese mismo criterio califica de imposible, es decir,
probar las afectaciones concretas que ha sufrido en su honor, entre las cuales de todos
modos se ha evidenciado que terceras personas han modificado la consideración que de la
actora guardaban, supuesto suficiente para la procedencia del daño moral en términos del
artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal.
Para evidenciar esa ilegal incongruencia de la que es presa la sentencia recurrida, vale la
pena transcribir lo dicho por el a quo en la foja cinco de su resolución:
“Por lo antes dicho, se tiene que para que prospere la acción del daño moral, se tiene
que acreditar la lesión a los derechos que la persona ha sufrido. Es decir, se tiene que
acreditar, la afectación directa a sus derechos, creencias, decoro, honor,
configuración, aspectos físicos, etc., puesto que estos son los llamados derechos de la
personalidad, como adecuadamente los viene considerando la legislación civil
contemporánea, que concede una amplia gama de prerrogativas y poderes para
garantizar al individuo el goce de estas facultades y el respeto al desenvolvimiento de
su personalidad física y moral, por lo que no es aceptable que se puedan vulnerar
tales derechos a una persona, por la consideración de salir a la luz pública en una
nota informativa o periodística, siendo por ello de vital trascendencia el hecho de que
necesariamente al reclamar el pago de una indemnización por concepto de daño
moral, tal daño debe trascender y convertirse igualmente en un daño material.”
Sin embargo, esta apreciación resulta errónea y por lo mismo, se afectan los principios de
claridad y congruencia que toda resolución debe tener, debido a todo lo expuesto hasta el
momento en los presentes agravios, los que en obvio de repeticiones solicito se tengan por
aquí reproducidos como si a la letra se insertasen.
En adición a ello, como se desprende de los hechos 10 a 150 de la demanda, así como de
las documentales referidas en dichos hechos, las cuales se desahogaron oportunamente en
este procedimiento, por más de 8 años de manera consistente, el demandado realizó en
forma pública, por medio de la prensa, manifestaciones en donde involucraba al hoy actor,
de lo cual se desprende la relación que en la presente controversia tenían el actor y el
35

demandado, en función que en esas publicaciones, este último hacía imputaciones a la parte
actora. Además, las mismas eran en sí mismas maliciosas, de menos porque a través de
ellas la demandada presentaba como si se tratara de hechos inobjetables lo que solamente
era producto de sus muy particulares opiniones, razón por la que produjeron un daño moral
al actor.
La existencia de ese daño, además de que debe presumirse, por lo expuesto en los agravios
anteriores, se desprende de las documentales exhibidas por mi poderdante y relacionadas
con los hechos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 88, 89, 90, 110, 111, 112, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158 y 159, junto con las documentales públicas y privadas vinculadas con esos
hechos, que no fueron debidamente valoradas por el juzgador, de las cuales se desprende
que diversos periodistas, articulistas y otras personas han tomado como ciertas las
imputaciones falsas realizadas por el demandado, las cuales por sí mismas sirven para
apreciar la efectiva realización del daño en perjuicio del actor, ya que los citados terceros,
consideran al señor Sergio Aguayo Quezada, por el solo dicho del demandado, sin que lo
haya demostrado en foro alguno, como una persona vinculada con los aparatos de
inteligencia del gobierno estadounidense y patrocinada por una organización denominada
Fundación Nacional para la Democracia, a la que la demandada califica de agencia de
espionaje, además de presentarlo como una persona al servicio de los intereses
norteamericanos y como un agente de ellos.
Ese daño debe también tenerse por acreditado, en atención a que el actor es un académico
de El Colegio de México, columnista del Diario Reforma, participante en el programa de
opinión política “Primer Plano” que se transmite por el Canal Once, y defensor de los
Derechos Humanos, situación que es pública y notoria y que por lo tanto, cualquier
expresión que se haga públicamente en su contra, como contra cualquier persona, repercute
en la imagen que las personas tienen de él y por lo tanto, daña su honor.
De un debido análisis, particularmente de los anexos 18, 19, 25, 44, 48 del escrito inicial de
demanda, así como las pruebas supervenientes presentadas por mi poderdante,
correspondiente a las publicaciones del “Diario Milenio”, los días 17 y 20 de octubre del
2005, se aprecia efectivamente cómo ese daño moral se ha producido al actor, porque los
periodistas que lo escriben, consideran que existe una acusación válida y fundamentada de
que el actor pertenece o perteneció o estaba relacionado con la CIA, lo que claramente
denota pública y ostensiblemente ese daño al honor.
De haberse valorado las referidas documentales, con los hechos indicados, se hubiera
podido apreciar efectivamente el daño causado al honor del actor, además de que esa
prueba, como se ha mostrado, no era necesaria conforme a Derecho.
En todo caso, no está de más resaltar que en síntesis, la resolución dictada por el C. Juez
Cuadragésimo de lo Civil es incongruente al momento de apreciar los elementos para tener
por acreditada la procedencia de la acción por daño moral, pues en principio dice seguir la
postura contenida en la tesis de rubro “Daño moral en el derecho positivo mexicano”, que
establece como requisitos únicamente “la demostración de: 1) la relación jurídica que
vincula al sujeto activo con el agente pasivo o agraviado, y 2) la existencia de un hecho u
omisión ilícitos que lesione uno o varios de los bienes que tutela la figura, enunciados con
anterioridad. Entonces, no se requiere la justificación de la existencia efectiva ni la
extensión o gravedad del daño, lo cual conduciría a una prueba imposible, y esa
demostración y tasación se dejan al prudente arbitrio del juzgador”, para después a lo largo
de su fallo (como sucede en su foja cinco), pretender añadir diversos requisitos para estimar
la procedencia de la acción.
Estos diferentes requisitos los enuncia el a quo de la manera siguiente:
“… resulta evidente la IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, dado que, los
documentos que exhibió como medios de prueba resultaron insuficientes para
acreditar “EL DAÑO MORAL” que dijo haber sufrido, ello en razón de los siguientes
razonamientos. Primero, NO cumplió con los requisitos exigidos por el Código Civil,
en su artículo 1916 para ejercitar la acción intentada, en virtud, de que es menester
que quien la ejercite, justifique los siguientes elementos a) la existencia de un hecho o
conducta ilícita provocada por una persona denominada autora; b) que ese hecho o
36

conducta ilícita produzca afectación a una determinada persona, en cualquiera de los
bienes que a título ejemplificativo tutela el artículo 1916 del Código Civil para el
Distrito Federal; y, c) que haya una relación de causalidad adecuada entre el hecho
antijurídico y el daño. Situación que en presente asunto NO ocurrió, toda vez, que con
las pruebas aportadas por el actor NO acreditó lo que señaló en las prestaciones I II y
III de su escrito inicial de demanda… dado, que NO acreditó la afectación que refiere
sufrió en su HONOR, REPUTACIÓN y LA CONSIDERACIÓN QUE DE ÉL TIENEN
TODOS LOS DEMÁS…”
Antes que todo, debido es argumentar que esta peculiar forma de razonar del a quo,
ilegalmente confunde los elementos de procedencia de la acción con las prestaciones
demandadas por la actora, y de paso exhibe una preocupante forma circular de alegar,
mejor conocida como petición de principio, sin olvidar que introduce inexplicablemente
que el cambio de consideración de los demás hacia la demandante lo deben presentar
“TODOS LOS DEMÁS”, circunstancia impugnable porque aplica ilegalmente el artículo
1916 del Código Civil para el Distrito Federal.
En ese entendido, es prudente reiterar en el presente agravio, la tesis que el a quo dice
seguir en esta parte de su fallo, sin dejar de destacar que todo juzgador debiera conocer las
diferencias existentes entre nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y los diversos
Tribunales Colegiados de Circuito, a fin de poder identificar correctamente la procedencia
de los criterios que alega estar aplicando:
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XVI, Noviembre de 2002
Tesis: I.3o.C.368 C
Página: 1131
DAÑO MORAL. PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil
novecientos ochenta y dos, se estableció por primera vez el concepto de daño moral en
el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, como la alteración
profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor,
reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración
que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho, actividad, conducta o
comportamiento ilícitos. Los tratadistas conciben el daño moral como la privación o
disminución de aquellos bienes que tienen un valor notable en la vida del hombre,
como son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la integridad
física, el honor, entre otros. Sobre esa base, para que sea procedente la acción de
daño moral, es menester que el actor demuestre los siguientes elementos: a) la
existencia de un hecho o conducta ilícita provocada por una persona denominada
autora; b) que ese hecho o conducta ilícita produzca afectación a una determinada
persona, en cualquiera de los bienes que a título ejemplificativo tutela el artículo 1916
del Código Civil para el Distrito Federal; y, c) que haya una relación de causalidad
adecuada entre el hecho antijurídico y el daño.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 3203/2002. Edna Aidé Grijalva Larrañaga. 27 de marzo de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Israel Flores
Rodríguez.”
Con este criterio, aparentemente se añade un tercer requisito para determinar la procedencia
de la acción por daño moral, elemento que eventualmente pudiera alegarse encuentra
fundamento en el segundo párrafo, in fine, del artículo 1916 BIS del Código Civil para el
Distrito Federal. Sin embargo, suponiendo sin conceder que tal dato resultara constitutivo
de la procedencia del daño moral, es evidente que en la presente causa se ha mostrado
fehacientemente su presencia.
Así sucede, porque la demandante probó la afectación que sufrió la consideración que de su
persona guardaban los demás, no se olvide, uno de los bienes que tutela el artículo 1916 del
Código Civil para el Distrito Federal. Ello deriva de una legal apreciación de los escritos
provenientes de terceros individuos en este juicio, es decir, de los documentos exhibidos
37

cuya autoría no es atribuible al demandado ni a la actora, a través de los cuales se pone en
evidencia que esos terceros, esos “demás”, con base en las acusaciones de la demandada,
han considerando a la hoy recurrente en similares términos a los sostenidos por nuestra
contraparte.
Igualmente, resulta cristalino que se ha demostrado la existencia de los hechos o
actuaciones de la demandada que han dado pie a todo este juicio, puesto que es innegable
que ha venido realizado múltiples escritos en los que ha puesto en duda el honor y la
reputación de la actora, que son precisamente esos escritos los que han provocado una
afectación al derecho al honor del que es titular la demandante y, por último, que esos
escritos constituyen una acción ilícita y abusiva de la demandada, porque representan el
ejercicio indebido, fuera de sus límites constitucionales, tanto de su libertad de expresión
como de su derecho a la información, ambas libertades de comunicación, como
previamente se argumentó.
Más allá de eso, exigir a la actora que demuestre a plenitud la afectación en su honor, un
sentimiento personalísimo, es pedirle una prueba de imposible concreción y de arbitraria
apreciación por parte del juzgador, exigencia que el propio a quo descartó al invocar la tesis
de rubro “Daño moral en el derecho positivo mexicano”, criterio que debe prevalecer por
ser el más favorable al respeto del derecho humano fundamental al honor del que goza la
actora, así como por aplicación del principio pro homine o pro personae, del tenor
siguiente:
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XX, Octubre de 2004
Tesis: I.4o.A.441 A
Página: 2385
PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN. El principio pro homine,
incorporado en múltiples tratados internacionales, es un criterio hermenéutico que
coincide con el rasgo fundamental de los derechos humanos, por virtud del cual debe
estarse siempre a favor del hombre e implica que debe acudirse a la norma más
amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el
contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de
establecer límites a su ejercicio.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo en revisión 799/2003. Ismael González Sánchez y otros. 21 de abril de 2004.
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza
Arellano Pompa.
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXI, Febrero de 2005
Tesis: I.4o.A.464 A
Página: 1744
PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA. El principio pro
homine que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor
beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la
interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a
la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a
su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil
novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados
forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional,
es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
38

Amparo directo 202/2004. Javier Jiménez Sánchez. 20 de octubre de 2004.
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra
Valdez.”
CUARTO.- Infracción a los artículos 19, 1910, 1916 y 1916 Bis del Código Civil, a los
artículos 1, 4, 5, 10, 11, 31 de la Ley de Imprenta, así como a los artículos 81, 82, 281 282
y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, toda vez que en los
considerandos tercero y cuarto de la sentencia impugnada, el juzgador declara
improcedente la acción intentada, en atención a que considera que no constituyen actos
ilícitos, las publicaciones realizadas por el demandado, toda vez que no es el único que
realiza dichas manifestaciones, por lo que no se ha incurrido en ningún delito, ni por ende
se le ha causado a la actora un daño en su honor.
De entrada, el haber o no “incurrido en actos delictuosos” no es un requisito para la
procedencia del daño moral, además de que abre la puerta a figuras contrarias a un estado
constitucional y democrático de derecho como pueden ser los “delitos de opinión”, razón
por la que la actora en todo momento ha rehusado emprender la vía penal para ver
defendido su derecho humano fundamental al honor. Como sea, es suficiente recordar la
jurisprudencia previamente transcrita de rubro “Ilícito”. Tal adjetivo jurídico contenido en
el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, debe entenderse aplicado “lato
sensu”, para entender que nada aporta ni resulta aplicable la aseveración del a quo sobre la
presencia o no de actos delictuosos.
Sin embargo, la otra consideración del a quo, la consistente en que el demandado no es el
único que ataca el derecho al honor de la actora, resulta indebida y por lo tanto,
improcedente y en franca infracción de las disposiciones invocadas de la Ley de Imprenta y
del Código Civil, toda vez que el daño moral que puede causar una persona por sus
expresiones, es independiente de que otras personas realicen las mismas o parecidas
acusaciones. Esto es, el hecho de que varias personas violenten la ley, no excluye de
responsabilidad civil a una persona que también incumple con esa ley, por lo que la
existencia de varias personas que realicen manifestaciones falsas o maliciosas, no libera de
ninguna responsabilidad a otras personas que las hagan, como en este caso, sucede con la
parte demandada.
En efecto, la única excluyente de responsabilidad civil que puede invocar el juzgador a
favor de la parte demandada, para evitar una condena por daño moral por las
manifestaciones realizadas, constituye el hecho de que las expresiones utilizadas en ellas,
no son ofensivas ni maliciosas, pero que además, lo señalado en ellas es cierto y lo ha
comprobado por una investigación realizada por quien la formula, no siendo en
consecuencia relevante el hecho de que otras personas manifiesten lo mismo, por lo que no
tiene ningún peso jurídico la situación de que otras personas realicen manifestaciones en
contra del actor.
Sin embargo, lo preocupante es que el juzgador no realizó un debido estudio y análisis de la
acción intentada, de los hechos esgrimidos y de las pruebas que se ofrecieron para su
comprobación, de los cuales perfectamente se puede desprender que precisamente los otros
terceros que según el juez han hecho manifestaciones en contra del actor, han tomado como
cierto y correcto lo apuntado por el demandado, por lo que en realidad, éste ha sido la causa
de que otras personas se manifiesten incorrectamente en contra del actor, con lo que una
vez más queda comprobado el daño al honor y a la imagen del hoy actor, para el hipotético
caso de que conforme a derecho, se precisara de su prueba.
En síntesis, en el fallo dictado por el a quo en el expediente 544/2005, con fecha 3 de marzo
de 2006 (foja quince), se afirma que no se advierte ilicitud alguna de parte de la demandada
al ejercer su libertad de expresión ni tampoco que se haya originado daño moral alguno a la
actora, con apoyo en que si bien es verdad que la demandada ha realizado “una serie de
manifestaciones en contra del actor”, algo que hasta ese momento el juzgador de primera
instancia se negaba a reconocer, también es cierto “que no es el único que realiza dichas
manifestaciones en contra del accionante”, con lo cual de forma por demás grosera
incorpora un requisito del todo extraño a la institución del daño moral.
39

No se insistirá en la ilegal confusión de la que es presa el a quo respecto de la libertad de
expresión y el derecho a la información, pues por respeto al principio de economía procesal
los argumentos conducentes se deben tener por reiterados como si a la letra se insertasen,
además de que es debida la apreciación integral y armónica de este escrito en aras de
nuestro derecho de audiencia. Sin embargo, ahora deviene oportuno desacreditar de una
vez esa tan extraña afirmación del juez que acepta como defensa del demandado que no
está solo en su abuso.
Por el contrario, precisamente porque las manifestaciones esgrimidas por el demandado han
repercutido en terceras personas y en la consideración que ellas tienen de la actora, dado
que esas terceras personas han repetido y retomado dichas manifestaciones en contra del
demandante, es que queda acreditada en la presente causa la afectación a los bienes
protegidos en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal. El hecho de que
terceras personas se hayan visto influidas por la demandada o compartan su visión, no
representa ninguna excepción favorable a nuestra contraparte. De ahí, la ilegalidad del
fallo recurrido.
Esta última conclusión no se modifica ni con la cita de la tesis anteriormente transcrita de
rubro “Daño moral. Expresiones cuya publicación en un medio de comunicación masivo
acreditan en sí mismas que se produjo”, ni con la siguiente tesis proveniente de un Tribunal
Colegiado de Circuito y no de la Suprema Corte:
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XIV, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.243 C
Página: 1305
DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA
EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR,
REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O
BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS,
PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO. El derecho romano, durante sus últimas
etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio
de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad
moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes
materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al
individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean
bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos
1916 y adicionar el 1916 bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre
de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y
segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que,
incluso a quien ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información
masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de
terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son
precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la
Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño
moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus
sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada,
configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los
demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral
se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que
tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un
hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos
acontecimientos.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 8633/99. Marco Antonio Rascón Córdova. 8 de marzo de 2001.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Rómulo Amadeo
Figueroa Salmorán.”
Argumentadas con anterioridad las razones por las cuales el requisito de probar la
afectación concreta a los bienes tutelados por la figura del daño moral no es predicable en
40

la presente causa, dado que en ella se involucra el derecho humano fundamental al honor
del cual es titular la recurrente, cuando más esta tesis reitera el desacierto del a quo de
exigir la presencia de un daño material, expone que inclusive la libertad de expresión y con
mayor motivo el derecho a la información (puesto que éste además exige el apego a pautas
de veracidad), encuentra límites al afectar derechos de terceros como el derecho al honor, y
sobre todo, sirve para aclarar que no es requisito para la procedencia del daño moral que el
demandado sea el único que ataque a la persona que sufre ese daño moral, algo que
curiosamente en la sentencia atacada se tiene por excusa para el demandado.
QUINTO.- Infracción a los artículos 19, 1910, 1916 y 1916 Bis del Código Civil, los
artículos 1, 4, 5, 10, 11, 31 de la Ley de Imprenta, así como los artículos 81, 82, 281, 282,
402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, toda vez que en
los considerandos tercero y cuarto de la sentencia impugnada, el juzgador declara
improcedente la acción intentada, sin embargo, el actor con su demanda y los medios de
convicción que ofreció durante el procedimiento, ha demostrado la procedencia de la
misma, a pesar de que el juzgador haya mencionado que los medios de convicción que
refiere no eran favorables a la parte actora (páginas 7 a 19 de la sentencia combatida).
En efecto, como se señaló en los agravios anteriores y de acuerdo a una interpretación
correcta del artículo 1916 y 1916 Bis, del Código Civil, para la procedencia de la acción de
daño moral, cuando más, es requisito indispensable acreditar tres cosas: 1.- la existencia de
un hecho, 2.- la relación que une a ese hecho al actor y al demandado y 3.- que el hecho sea
ilícito. Tratándose de daño moral y de acuerdo a una lectura armónica de las tesis
transcritas en este escrito en los agravios anteriores, y bajo la óptica del principio “pro
homine”, no se requiere de prueba o justificación del daño, ni su gravedad, la cual debe
tenerse por probada, por considerarse un elemento de imposible prueba, cuando los
restantes elementos han quedado plenamente comprobados.
Precisamente el actor acreditó todos los supuestos de su acción, por lo que el juez estaba
obligado al estudio de la acción, como a la procedencia de las prestaciones reclamadas, toda
vez que:
Como se señaló en la demanda inicial, efectivamente la parte demandada, Primitivo
Rodríguez Oceguera, realizó las declaraciones públicas, manifestaciones, expresiones,
comunicaciones y reportajes que se señalan en los hechos 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 142, 143, 144, 148, 149 y 150, con lo que se cumple con el primer requisito,
esto es, la existencia de los hechos considerados como productores del daño moral, sobre
todo, porque tanto al contestar la demanda, como al desahogar la prueba confesional a
cargo de la demandada, reconoció tanto la existencia como la autoría de dichas
comunicaciones y reportajes.
También de los mismos y de los elementos de convicción que se dieron para su prueba, se
desprende la vinculación que hay entre el actor y el demandado, toda vez que en esas
publicaciones, este último se dirige, acusa, señala o menciona al actor, por lo que el
segundo elemento está también probado, al darse la relación entre el actor y demandado,
vínculo que se da por medio de los hechos materia de la controversia, esto es, las
publicaciones indicadas en los hechos anteriores, y las documentales que se desahogaron
para su acreditación.
Lo anterior se ha demostrado suficientemente, con los siguientes medios de convicción
ofrecidos y desahogados oportunamente:
Con el propio escrito de contestación a la demanda, en donde se admiten dichos hechos y
con la CONFESIONAL EXPRESA realizada ante el juzgador en el desahogo de la prueba
confesional a su cargo.
En ese tenor, ha quedado plenamente demostrado, que por más de ocho años, de una
manera consistente, en más de 29 escritos, 6 cartas privadas y 23 publicaciones, la parte
41

demandada, el señor Primitivo Rodríguez Oceguera, ha abusado del ejercicio de su libertad
de expresión y su derecho a la información, al haber difundido durante todo este tiempo y
de forma continuada, una serie de manifestaciones maliciosas y acusaciones falsas,
presentando sus opiniones como si fueron hechos ciertos e indubitables, sin evidencia ni
sustento alguno, expresadas de manera ofensiva y que afectan el honor y la reputación del
señor Sergio Aguayo Quezada, parte actora en este juicio, y cuyo propósito es presentarlo
públicamente, de forma consistente y permanente, en diversos medios de comunicación
como los diarios “Reforma”, ”La Jornada” y su suplemento “Masiosare”, “Milenio” y “La
Jornada de Oriente”, y revistas como “Proceso” y “Milenio Semanal” y “Milenio”, como
un empleado o agente de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas
en inglés), de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y del
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en fin, como una persona al
servicio de intereses intervencionistas y de espionaje norteamericanos, poniendo en
entredicho su honorabilidad, moralidad, imparcialidad, lealtad e independencia.
Al efecto, se remite a todas las cartas privadas y publicaciones citadas en los hechos
relatados en el escrito inicial de demanda y referidas en los hechos precisados en este
agravio.
Sin embargo, por considerarlo oportuno, como muestra clara que evidencia estas
acusaciones, se destacan las siguientes:
a) Carta de la parte demandada, publicada el 19 de abril de 2001 en el periódico “La
Jornada”, titulada “Señala vínculos de ONG mexicanas con la ultraderechista NED”
(hecho 29, anexo 12 de la demanda), en la que el señor Primitivo Rodríguez Oceguera
expresó públicamente lo siguiente:
“En el contexto del debate sobre la política mexicana en derechos humanos, Acosta y
Aguayo deberían cumplir su promesa de explicar porqué aceptaron el patrocinio de
una agencia de espionaje, cuyo trabajo incluye promover directa e indirectamente
entre las ONG condenas al gobierno de Cuba, pero no al de Estados Unidos, por la
muerte y abuso cotidiano de inmigrantes mexicanos...
Primitivo Rodríguez Oceguera”
En el párrafo transcrito, la parte demandada, el señor Primitivo Rodríguez Oceguera, afirma
públicamente que la parte actora aceptó directamente el “patrocinio” (que de acuerdo con
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa: “amparo, protección o
auxilio”) de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), a la
que le atribuye de una manera objetiva, la de ser una agencia de espionaje, y por lógica
consecuencia, el carácter de espía a las personas que ella “patrocina”, lo que constituye una
manifestación claramente maliciosa en sí misma, situación que debió haber sido valorada y
apreciada como tal por el juzgador, lo que no hizo, además de ser un ataque injustificado al
derecho al honor del señor Sergio Aguayo Quezada, por lo que lo tacha de ser una persona
al servicio de una agencia de espionaje, situación que es falsa, además de nunca haberse
probado, mucho menos en el presente procedimiento, ni existir fuentes para esa afirmación,
las cuales nunca se exhibieron durante el procedimiento.
Lo anterior se demostró suficientemente con los siguientes medios de convicción ofrecidos
y desahogados oportunamente:
La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la publicación a que se hace referencia en
este inciso a), exhibida en su oportunidad, como anexo 12 del escrito inicial de demanda.
Prueba que, con fundamento en el artículo 403 en relación con el 402 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, goza de valor probatorio pleno, y al no
dárselo el juzgador, se aprecia la infracción de las disposiciones legales invocadas en este
agravio.
La CONFESIONAL, a cargo del señor Primitivo Rodríguez Oceguera, por la que afirma
que la parte actora, el señor Sergio Aguayo Quezada, aceptó directamente el patrocinio de
la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), a la que califica
de una agencia de espionaje (Respuestas dadas a las posiciones 28 a 31, formuladas por la
parte actora y que obran debidamente en autos).
42

) Carta de la parte demandada, publicada el 6 de septiembre de 2001, en el periódico “La
Jornada”, titulada “Sobre las actividades de la NED en México” (hecho 55, anexo 22 de la
demanda), en la que el señor Primitivo Rodríguez Oceguera expresó públicamente lo
siguiente:
“Sobre las actividades de la NED en México
Querida Carmen: La agencia estadunidense National Endowment for Democracy
(NED) premiará al presidente Vicente Fox durante su visita a EU. Dado que la NED
es una agencia que ha suscitado fuertes controversias por sus operaciones de
espionaje e intervención, ofrezco algunos datos sobre ella, recomendando a la vez
consultar el suplemento dominical Masiosare del 13 de mayo, en el cual se
documentan de manera puntual los orígenes de la NED y lo que ha hecho en México...
“Además de patrocinar organizaciones de derecha, la NED consigue hacerlo con
ONG de derechos humanos y observación electoral. Su mayor logro fue haber
creado Alianza Cívica (AC) en 1994, a la que ha financiado desde entonces y a la
cual ha dirigido a través de personas como Sergio Aguayo y Rogelio Gómez
Hermosillo. En Washington se considera que las operaciones de infiltración y
cooptación de ONG y de organizaciones sociales realizadas aquí por la NED han sido
las más exitosas de América Latina. Junto con la derecha, la "sociedad civil"
patrocinada por Norteamérica habría logrado quitar al movimiento popular y a las
agrupaciones políticas de izquierda la bandera de la transformación democrática,
dando a EU valiosa información y mayor espacio de maniobra para lograr un cambio
de gobierno que consolidara la subordinación de México a los intereses de la Unión
Americana.
Atentamente:
Primitivo Rodríguez Oceguera”
En los párrafos transcritos, la parte demandada, el señor Primitivo Rodríguez Oceguera
afirma públicamente que el mayor logro de la Fundación Nacional para la Democracia
(NED, por sus siglas en inglés), a la que califica de una agencia de espionaje e
intervención, es haber creado y patrocinado a Alianza Cívica, organización a la que ha
dirigido a través del señor Sergio Aguayo Quezada, como si la parte actora en el presente
juicio, estuviera condicionada en su actuación por lo que le dictara aquella Fundación, lo
que constituye un ataque injustificado a su derecho al honor, toda vez que lo acusa de estar
al servicio de intereses de terceras personas, además de constituir en sí misma una
expresión maliciosa, de menos porque se presenta como un hecho objetivo e irrefutable y
no como mera opinión, situación que debió haber reconocido así el juzgador.
Lo anterior se demostró suficientemente en el procedimiento, con los siguientes medios de
convicción ofrecidos y desahogados oportunamente:
La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la publicación a que se hace referencia en
este inciso b), exhibida en su oportunidad, como anexo 22 del escrito inicial de demanda.
Prueba que, con fundamento en el artículo 403 en relación con el 402 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, goza de valor probatorio pleno, que al no
dárselo el juzgador, se aprecia la infracción de las disposiciones legales invocadas en este
agravio.
La CONFESIONAL, a cargo del señor Primitivo Rodríguez Oceguera, por la que afirma
que el mayor logro de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en
inglés), a la que califica de una agencia de espionaje e intervención, es haber creado a
Alianza Cívica, organización a la que ha dirigido a través del señor Sergio Aguayo
Quezada, parte actora en el presente juicio (Respuestas dadas a las posiciones 32 a 36,
formuladas por la parte actora y que obran debidamente en autos).
c) Carta de la parte demandada, publicada el 15 de mayo de 2002 en el periódico “La
Jornada”, titulada “Rodríguez Oceguera insta a debate a Aguayo” (hecho 85, anexo 30 de
la demanda), en la que el señor Primitivo Rodríguez Oceguera expresó públicamente lo
siguiente:
43

“No he sido yo, sino publicaciones como The New York Times, centros de
investigación como The Inter-Hemispheric Resource Center, The Cato Institute y The
American Enterprise Institute, y ex agentes de la CIA como Philip Agee, los que han
documentado las operaciones de intervención y espionaje de la Fundación Nacional
para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), así como su estrecha relación con
el Departamento de Estado y la propia CIA. A la vez, han sido dirigentes de ONG
como Mariclaire Acosta y Sergio Aguayo, no un servidor, quienes han aceptado
financiamiento de la NED.”
En el párrafo transcrito, la parte demandada, el señor Primitivo Rodríguez Oceguera afirma
públicamente que la parte actora en este juicio, el señor Sergio Aguayo Quezada ha
aceptado financiamiento de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus
siglas en inglés), a la que califica de una agencia de espionaje e intervención, lo que
constituye un ataque malicioso e injustificado a su derecho al honor, porque como se ha
probado en este juicio, siempre ha sido del conocimiento de la parte demandada, al haber
participado en Alianza Cívica, que las decisiones que concernían a la Coordinación
Nacional de Alianza Cívica, entre ellas, las que versaban sobre el financiamiento de dicha
organización, se tomaban de manera colegiada, además de que esto último se desprende así
de la documental pública en donde constan los estatutos sociales de esa asociación civil.
Lo anterior, se demostró suficientemente con los siguientes medios de convicción ofrecidos
y desahogados oportunamente:
La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la publicación a que se hace referencia en
este inciso c), exhibida en su oportunidad, como anexo 30 del escrito inicial de demanda.
Prueba que, con fundamento en el artículo 403 en relación con el 402 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, goza de valor probatorio pleno, que al no
dárselo el juzgador, se aprecia la infracción de las disposiciones legales invocadas en este
agravio.
La CONFESIONAL, a cargo del señor Primitivo Rodríguez Oceguera, por la que afirma
que la parte actora en este juicio, el señor Sergio Aguayo Quezada ha aceptado
financiamiento de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en
inglés), a la que califica de una agencia de espionaje e intervención (Respuestas dadas a las
posiciones 37 a 39, formuladas por la parte actora y que obran debidamente en autos).
d) Artículo de la parte demandada, publicada el 28 de julio de 2002 en el suplemento
“Masiosare” del periódico “La Jornada”, titulado “Miss NED habla a rajatabla” (hecho 91,
anexo 32 de la demanda), en el que el señor Primitivo Rodríguez Oceguera expresó
públicamente lo siguiente:
“–Gracias por permitir que hable sin embrujos ni tapujos. Nací en la Casa Blanca
con el nombre de Fundación Nacional para la Democracia, o "NED" para los cuates,
y tuve como padrino al Imperio del Bien y de madrina, a su consorte la CIA, con
quien trabajo noche y día. Aprendí a gatear derrumbando gobiernos comunistas en
Europa Oriental, y más crecidita me gané la medalla Coscolina y Leperina por mis
trabajos en el Lejano Oriente, las Filipinas y Centroamérica. A México ingresé desde
niña bajo el cuidado de las cotorronas de la Coparmex y la CTM. Pero después del
sustote que el Inge nos puso en 88 y el EZLN en 94, mi madrina me internó en el
convento de la sociedad civil organizada, donde me ha ido de perlas y diamantes...
–Desde luego que no. Hablo de la fórmula que convierte la transparencia en
chapopote sin que la audiencia lo note: cuando algo se destapa, otros tres algos se
tapan. ¿No ha leído ni oído al Doctor Aguayo? Es mi pupilo más aventajado en el
arte del 3x1. Lo que cuenta no es la ropa sucia que usted saca al lavadero, sino la
que encierra en el ropero.”
En los párrafos transcritos, la parte demandada, el señor Primitivo Rodríguez Oceguera se
refiere al “Imperio del Bien” como padrino de la Fundación Nacional para la Democracia
(NED por sus siglas en inglés), término que utiliza como sinónimo de los Estados Unidos
de América, y a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) como su
madrina, con la que, según lo dicho por la demandada, trabaja noche y día. En ese
contexto, el señor Primitivo Rodríguez Oceguera se refiere públicamente a la parte actora,
44

el señor Sergio Aguayo Quezada, como “pupilo” (la Real Academia de la Lengua
Española, registra los siguientes significados de esta palabra: huérfano, menor de edad,
respecto de su tutor, así como persona que se hospeda en casa particular por precio
ajustado) de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés),
asociación que vincula con la CIA y con el “imperio del bien”. Así, el término “pupilo”
que utiliza como sinónimo de aprendiz y de dependiente dada su minoría de edad, con esa
organización y por supuesto, con la CIA, constituye evidentemente una expresión maliciosa
y ofensiva en sí misma, dado el ánimo de ofender y ridiculizar públicamente, además de
una ataque injustificado al derecho al honor de la parte actora, en razón de que le acusa de
ser alguien dedicado a encubrir la verdad por instrucciones de terceras personas y de
coincidir con intereses contrarios a la transparencia.
Lo anterior se ha acreditado suficientemente con los siguientes medios de convicción
ofrecidos y desahogados oportunamente:
La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la publicación a que se hace referencia en
este inciso d), exhibida en su oportunidad, como anexo 32 del escrito inicial de demanda.
Prueba que, con fundamento en el artículo 403 en relación con el 402 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, goza de valor probatorio pleno, que al no
dárselo el juzgador, se aprecia la infracción de las disposiciones legales invocadas en este
agravio.
La CONFESIONAL, a cargo del señor Primitivo Rodríguez Oceguera, por la que reconoce
haberse referido a los Estados Unidos de América como el “Imperio del Bien” y a la parte
actora en este juicio, el señor Sergio Aguayo Quezada, como “pupilo” de la Fundación
Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), término que afirma haber
utilizado como sinónimo de aprendiz (Respuestas dadas a las posiciones 40 a 49,
formuladas por la parte actora y que obran debidamente en autos. En ellas, se puede
desprender que la propia parte demandada señala a su manifestación, como “humor
negro” hacia la parte actora, lo que sólo demuestra el carácter malicioso de la
publicación efectuada por ella) punto que ni siquiera fue objeto de estudio por parte del
juzgador en su sentencia, lo que se traduce en la infracción al principio de claridad y de
congruencia en la resolución impugnada.
e) Artículo de la parte demandada, publicado el 29 de junio de 2003 en el suplemento
“Masiosare” del periódico “La Jornada” titulado “Respuesta a sergioaguayo.org” (hecho
118, anexo 39 de la demanda), en la que el señor Primitivo Rodríguez Oceguera expresó
públicamente lo siguiente:
“El bueno, el malo y lo feo. Cuenta Aguayo en su página que mis “difamaciones”
contra él podrían explicarse por mi “personalidad”, o bien, por “los grupos y
políticos con quienes se ha asociado y a quienes ha entregado su lealtad” (¡sopas!), y
termina confesando que él es “profundamente nacionalista, independiente y
progresista” (¡ajúa!). Estando así de claro y nítido el asunto, ¿por qué aceptó
Aguayo llevarse de a piquete de ombligo con la Fundación Nacional para la
Democracia (NED, por sus siglas en inglés), agencia que en la versión de sus
defensores fue creada por el presidente Ronald Reagan para promover los intereses
de Estados Unidos en el exterior, y que, según sus críticos, eso lo hace en
coordinación con la CIA y el departamento de Estado?
Y aún hay más. Por otra parte, Aguayo oculta fuentes que documentan las ligas de
la NED con la CIA o el Departamento de Estado. Por ejemplo, La Jornada
(19/04/97), The Dallas Morning News (27/04/97), publicaciones de The Inter-
Hemispheric Resource Center y The Committee on Hemispheric Affairs (1990), The
Cato Institute (1993), los libros de Joshua Muravchik Exportando la democracia.
Cumpliendo el destino de América (1992) y Collin S. Cavell Exportando la democracia
‘hecha en América’. La NED y la política exterior de EUA (2002), el artículo del ex
agente de la CIA, Philip Agee “Cómo dar seguimiento en el futuro a las operaciones
encubiertas” (1993), y dos reportajes recientes, uno de The New York Times
(25/04/02) y otro The Boston Globe (18/08/02), los cuales revelan el patrocinio de la
NED a líderes del fallido golpe de Estado en Venezuela.”
En los párrafos transcritos, la parte demandada, el señor Primitivo Rodríguez Oceguera,
afirma públicamente que la parte actora, el señor Sergio Aguayo Quezada se lleva “de a
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piquete de ombligo” con la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas
en inglés), frase con la que quiso manifestar que la parte actora mantiene una relación muy
estrecha, franca y cercana con esa Fundación, a la que califica de agencia creada para
promover los intereses de los Estados Unidos de América en el exterior, en coordinación
con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de
Estado de ese país.
Asimismo, la parte demandada afirma públicamente en los párrafos transcritos, que el señor
Sergio Aguayo Quezada oculta fuentes que documentan las ligas de la NED con la CIA o el
Departamento de Estado, a pesar de reconocer el señor Primitivo Rodríguez Oceguera que
se trata de fuentes de carácter público, esto es, a las que cualquier interesado puede acudir,
pero que sin embargo la parte demandada se ha abstenido de probar su existencia, además
de exhibir públicamente o en el juicio, lo que a todas luces resulta una prueba irrefutable de
lo malicioso de las acusaciones de su parte, además del ataque directo hacia el honor del
actor, al pretender revestir sus apreciaciones, como si fueran hechos demostrados, lo que no
se ha probado.
Ambas acusaciones constituyen un ataque injustificado al derecho al honor del que es
titular la parte actora, dado que se le pretende hacer pasar en público, como una persona
vinculada a agencias promotoras de intereses intervencionistas de los Estados Unidos de
América y como alguien poco transparente e interesado en ocultar esa supuesta relación.
Lo anterior se demostró suficientemente con los siguientes medios de convicción ofrecidos
y desahogados oportunamente durante el procedimiento:
La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la publicación a que se hace referencia en
este inciso e), exhibida en su oportunidad, como anexo 39 del escrito inicial de demanda.
Prueba que, con fundamento en el artículo 403 en relación con el 402 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, goza de valor probatorio pleno, que al no
dárselo el juzgador, se aprecia la infracción de las disposiciones legales invocadas en este
agravio.
La CONFESIONAL, a cargo del señor Primitivo Rodríguez Oceguera, por la que reconoce
haber afirmado en la carta publicada que la parte actora, el señor Sergio Aguayo Quezada
mantiene una relación muy estrecha con la Fundación Nacional para la Democracia (NED
por sus siglas en inglés), cuando utilizó la expresión “de a piquete de ombligo”
(Respuestas dadas a las posiciones 68 a 73, formuladas por la parte actora y que obran
debidamente en autos).
La CONFESIONAL, a cargo del señor Primitivo Rodríguez Oceguera, por la que reconoce
haber afirmado en la carta publicada que la parte actora, el señor Sergio Aguayo Quezada,
oculta fuentes que documentan las ligas de la NED con la CIA o el Departamento de Estado
de los Estados Unidos de América, mismas que reconoce como públicas, esto es, a las que
cualquier interesado puede acudir (Respuestas dadas a las posiciones 75 a 78, formuladas
por la parte actora y que obran debidamente en autos).
Con la CONFESIONAL EXPRESA, que formuló la parte demandada al momento de dar
respuesta a la demanda planteada, en donde en las páginas 54 y 55 reconoce enfáticamente
como meras opiniones personales, los hechos de que la National Endowment For
Democracy (NED) defienda los intereses del Gobierno de los Estados Unidos de América,
el que haya realizado prácticas intervencionistas en distintos países de América Latina,
como Venezuela y Nicaragua, así como de que sea el brazo no gubernamental del
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y la “cara amable” de la CIA.
Todo esto convierte a estas acusaciones en expresiones notoriamente maliciosas y falsas, lo
que hace por sí mismo, procedente la acción intentada en este juicio.
f) Carta de la parte demandada, publicada el 15 de agosto de 2004 en el periódico La
Jornada”, titulada “La NED, instrumento de EU contra Venezuela” (hecho 130, anexo 18
de la demanda), en la que el señor Primitivo Rodríguez Oceguera expresó públicamente lo
siguiente:
“En varias ocasiones se ha pedido a Sergio Aguayo, Mariclaire Acosta y otros
dirigentes de ONG que han establecido estrechos vínculos con la NED que entreguen
46

a instituciones de investigación como la UNAM o El Colegio de México su
correspondencia con dicha agencia. De esta manera, estudiantes, investigadores y
reporteros podrán analizar lo que pretende realizar la NED en el país. Se han negado
a hacerlo. ¿Qué ocultan? ¿A qué le temen?
Esperemos que la NED y sus patrones de Washington sean derrotados por el pueblo
de Venezuela este domingo. Ojalá, también, que las ONG mexicanas de observación
electoral y derechos humanos tengan la congruencia y el valor civil de adoptar un
código de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, que incluya hacer
públicas su relación y correspondencia con agencias nefastas como la NED.”
En los párrafos transcritos, la parte demandada, el señor Primitivo Rodríguez Oceguera,
afirma públicamente que la parte actora, el señor Sergio Aguayo Quezada, mantuvo
correspondencia con la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en
inglés), agencia que califica de nefasta y cuyo “patrón”, jefe o superior, afirma la
demandada, es el gobierno de Estados Unidos de América. Asimismo, públicamente,
afirma el demandado, que el señor Sergio Aguayo Quezada ha ocultado dicha
correspondencia, pues teme hacerla pública, además de que le hace falta, así como a las
agrupaciones en donde ha participado, el “valor civil” de adoptar un código de
transparencia, como si el mismo, no existiera, lo cual, por supuesto, no está probado ni
acreditado, por el demandado.
En ese contexto, la parte demandada esgrime acusaciones injustificadas al derecho al honor
del señor Sergio Aguayo Quezada, al presentarlo como una persona ligada a agencias
estadounidenses con carácter intervencionista, y con intereses oscuros, que no tiene el valor
de hacer públicos, lo que es claramente una manifestación maliciosa.
Lo anterior se demostró suficientemente con los siguientes medios de convicción ofrecidos
y desahogados oportunamente durante el procedimiento jurisdiccional:
La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la publicación a que se hace referencia en
este inciso f), exhibida en su oportunidad, como anexo 18 del escrito inicial de demanda.
Prueba que, con fundamento en el artículo 403 en relación con el 402 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, goza de valor probatorio pleno, que al no
habérselo dado al juez, se acredita la procedencia del presente agravio.
La CONFESIONAL, a cargo del señor Primitivo Rodríguez Oceguera, por la que reconoce
haber afirmado en la carta publicada que la parte actora, el señor Sergio Aguayo Quezada,
mantuvo correspondencia con la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus
siglas en inglés), que ha ocultado, pues teme hacerla pública (Respuestas dadas a las
posiciones 80 a 89, formuladas por la parte actora y que obran debidamente en autos).
Que a pesar de que la parte demandada, el señor Primitivo Rodríguez Oceguera, realizó las
declaraciones públicas, manifestaciones, expresiones, comunicaciones y reportajes que se
señalan, en contra de mi representado, el Señor Sergio Aguayo Quezada, nunca las hizo en
contra de la señora Ana Teresa Aranda, quien dirigía el Sistema Integral de la Familia
(DIF) cuando la parte demandada trabajó en dicha institución. Lo anterior, a pesar de que
era del conocimiento del demandado, que la señora Aranda presidió en su momento la
Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM) organización no gubernamental que
realizó actividades de observación electoral y que recibió financiamiento de la Fundación
Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés).
En este contexto, resalta la parcialidad de las denuncias, la intención maliciosa y la
obsesión del señor Primitivo Rodríguez Oceguera en dañar el honor de mi representado, el
señor Sergio Aguayo Quezada, de forma directa y específica.
Lo anterior se demostró suficientemente con los siguientes medios de convicción ofrecidos
y desahogados oportunamente, durante el desarrollo del Juicio:
La CONFESIONAL, a cargo del señor Primitivo Rodríguez Oceguera, en la que afirma
haber trabajado en el Sistema Integral de la Familia (DIF) cuando era dirigido por la señora
Ana Teresa Aranda y por la que reconoce ser de su conocimiento que: la señora Ana Teresa
Aranda presidió la Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM); que la ANCIFEM
es una organización no gubernamental que realizó actividades de observación electoral; que
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la ANCIFEM recibió financiamiento de la Fundación Nacional para la Democracia (NED,
por sus siglas en inglés) y que a pesar de ello, nunca manifestó directa y públicamente a la
ANCIFEM, ni a la señora Ana Teresa Aranda, sus opiniones sobre la Fundación Nacional
para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), ni les solicitó información sobre la
relación que mantenían con dicha Fundación. (Respuestas dadas a las posiciones 58 a 67,
formuladas por la parte actora y que obran debidamente en autos).
También en el juicio, la parte actora, acreditó debidamente que las manifestaciones
maliciosas y falsas por parte de Primitivo Rodríguez Oceguera se continuaron realizando a
pesar de que la parte actora ya había dejado desde el año de 1999 a la organización
denominada Alianza Cívica y al Movimiento Mundial por la Democracia, en el año del
2001. Incluso en su comparecencia al Senado de la República en el año del 2004, continúa
haciendo su reiteradas imputaciones, a pesar de que no existía relación con el tema de la
comparecencia, ni motivo para que hiciera dichas imputaciones.
Lo anterior se demostró suficientemente durante el juicio, con los siguientes medios de
convicción ofrecidos y desahogados oportunamente:
La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada por el Juzgado
Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, de las copias
simples del discurso pronunciado por la parte demandada en su comparecencia ante la
Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, ocurrida el 11 de octubre de
2004, el cual se acompañó al escrito inicial de demanda como anexo 46. Prueba que, con
fundamento en el artículo 403 en relación con el 402 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, goza de valor probatorio pleno, que al no dárselo el juzgador se
aprecia la infracción de las disposiciones legales invocadas en este agravio.
La CONFESIONAL, a cargo del señor Primitivo Rodríguez Oceguera, por la que reconoce
haber comparecido ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, el
11 de octubre de 2004, con motivo del nombramiento del Presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y haber aprovechado dicho foro, para vincular al señor
Sergio Aguayo con la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en
inglés) y la elección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
(Respuestas dadas a las posiciones 99 a 102, formuladas por la parte actora y que obran
debidamente en autos).
También se demostró que las acusaciones, que por más de ochos años, en forma continua y
reiterada ha presentado públicamente la parte demandada, el señor Primitivo Rodríguez
Oceguera, como hechos ciertos e indubitables y que se mencionan en los hechos de la
demanda, pero que CONFESÓ durante el procedimiento judicial, que en realidad, SÓLO
CONSTITUYEN SUS MERAS OPINIONES, como lo reconoce en sus páginas 53 a 56
de su escrito de contestación a la demanda, han repercutido en diversas personas que,
cambiando la consideración que guardaban del señor Sergio Aguayo Quezada, y teniendo
acceso a diversos medios de comunicación, las recogen, renuevan, y afirman como ciertas,
con lo que se actualiza un daño a su honor y reputación.
Al efecto, se remite a las publicaciones citadas en los hechos relatados en el escrito inicial
de demanda, particularmente en los hechos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 88,
89, 90, 110, 111, 112, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 147,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 y 159, las cuales si bien fueron objetadas por la
parte demandada, no comprobó dicha objeción, además de que se acreditaron con las
documentales privadas y públicas referidas tanto en el escrito de demanda, como en el de
ofrecimiento de pruebas, junto con el cotejo practicado por el fedatario adscrito a ese
juzgado.
Llamo la atención de que en muchas de esas publicaciones, se señala como fuente de
información, las manifestaciones maliciosas producidas por el hoy demandado, además de
que éste en el desahogo de la prueba confesional, al absolver las posiciones 53, 54, 55, 56,
57, 58, 63, 106, 116, 117, 118 y 119 reconoció haber tenido vínculos o comunicaciones con
los autores de dichas publicaciones, lo que indudablemente prueba que la parte demandada
fue la causa, o contribuyó directa e inmediatamente a la elaboración de ellas, dando incluso
la información falsa en contra de la parte actora.
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Por considerarlo oportuno, como muestra clara que evidencia estas repercusiones, se
destacan las siguientes:
1.- Artículo aparecido en la revista “Bajo Palabra”, número 20, del 16 de junio de 2001,
escrito por Gastón Pardo, bajo el título “ONGs mexicanas, asalariadas del Senado gringo.
Agentes de EU, Mariclaire Acosta y Sergio Aguayo” (hecho 48, anexo 19), en el que el
autor, haciendo mención expresa del señor Primitivo Rodríguez Oceguera y de un artículo
de su autoría, se refiere al señor Sergio Aguayo Quezada, como una persona vinculada con
los aparatos de inteligencia del gobierno estadounidense y patrocinada por la Fundación
Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), a la que califica de agencia de
espionaje, en fin, considerando a la parte actora como un agente del gobierno de los
Estados Unidos de América.
Lo anterior se acreditó suficientemente con los siguientes medios de convicción ofrecidos y
desahogados oportunamente:
La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la publicación a que se hace referencia en
este numeral, exhibida en su oportunidad, como anexo 19 del escrito inicial de demanda.
Prueba que, con fundamento en el artículo 403 en relación con el 402 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, goza de valor probatorio pleno, que al no
dárselo el juzgador, se aprecia la infracción de las disposiciones legales invocadas en este
agravio.
2.- Artículo aparecido en la revista “Milenio Semanal”, del 18 de febrero de 2002, escrito
por Enidh Álvarez Soberanis, bajo el título “La CIA, tras registros en el IFE” (hecho 67,
anexo 25), en el que la autora, reproduciendo un artículo de la demandada, asocia al señor
Sergio Aguayo Quezada con la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus
siglas en inglés) y con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).
Lo anterior se demostró suficientemente con los siguientes medios de convicción ofrecidos
y desahogados oportunamente:
La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la publicación a que se hace referencia en
este numeral, exhibida en su oportunidad, como anexo 25 del escrito inicial de demanda.
Prueba que, con fundamento en el artículo 403 en relación con el 402 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, goza de valor probatorio pleno, que al no
dárselo el juzgador, se aprecia la infracción de las disposiciones legales invocadas en este
agravio.
La CONFESIONAL, a cargo del señor Primitivo Rodríguez Oceguera, por la que afirma
conocer a la autora del artículo al que se hace referencia en el numeral 2 y haberse
mantenido en comunicación con ella antes de la publicación de dicho artículo, para
proporcionarle información sobre la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus
siglas en inglés) y su relación con el señor Sergio Aguayo Quezada (Respuestas dadas a las
posiciones 53 a 57, formuladas por la parte actora y que obran debidamente en autos).
3.- Artículo escrito por Manú Dornbierer, aparecido en el periódico “El Siglo de Durango”,
del 17 de julio de 2004, bajo el título “Las señoras del empoderamiento” (hecho 127,
anexo 18), en el que la autora afirma que el señor Sergio Aguayo Quezada es amigo de la
Fundación Nacional para la Democracia y de la Agencia Central de Inteligencia de los
Estados Unidos de América.
Lo anterior se ha acreditado suficientemente con los siguientes medios de convicción
ofrecidos y desahogados oportunamente:
La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la publicación a que se hace referencia en
este numeral, exhibida en su oportunidad, como anexo 18 del escrito inicial de demanda.
Prueba que, con fundamento en el artículo 403 en relación con el 402 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, goza de valor probatorio pleno, que al no
dárselo el juzgador, se aprecia la infracción de las disposiciones legales invocadas en este
agravio.
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4.- Carta dirigida a Joaquín Estefanía, Director de la Escuela de Periodismo de “El País”, de
fecha 31 de agosto de 2004, escrita por Guillermo Ibarra Ramírez, en su calidad de
Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (hecho 139, anexo 44). Documento en el que su autor, haciendo
mención tácita de la parte demandada, como compañero de actividades en Alianza Cívica
del señor Sergio Aguayo Quezada, afirma que la parte actora ha desarrollado vínculos
ocultos y poco transparentes con la Fundación Nacional para la Democracia, a la que
considera ha sido utilizada por el gobierno de Estados Unidos de América para
desestabilizar gobiernos constituidos que no son de su agrado y para financiar otras
acciones muy poco cívicas.
Lo anterior se ha acreditado suficientemente con los siguientes medios de convicción
ofrecidos y desahogados oportunamente:
La DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en la carta a que se hace referencia en este
numeral, exhibida en su oportunidad, como anexo 44 del escrito inicial de demanda.
La DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en la carta dirigida a Alejandro Junco de la
Vega, director general del diario Reforma, suscrita por Guillermo Ibarra Ramírez, en su
calidad de Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, exhibida en su oportunidad como prueba superveniente y en la que
reconoce la autoría de la carta a que se hace referencia en este numeral y que fue presentada
como anexo 44 al escrito inicial de demanda.
5.- Artículo escrito por Manú Dornbierer, aparecido en el periódico “Diario Monitor”, del
13 de noviembre de 2004, bajo el título “Los videos y los amigos de Marta” (hecho151,
anexo 18), en el que la autora afirma que el señor Sergio Aguayo Quezada recibe fondos
del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
Lo anterior se ha acreditado suficientemente con los siguientes medios de convicción
ofrecidos y desahogados oportunamente:
La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la publicación a que se hace referencia en
este numeral, exhibida en su oportunidad, como anexo 18 del escrito inicial de demanda.
Prueba que, con fundamento en el artículo 403 en relación con el 402 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, goza de valor probatorio pleno, que al no
dárselo el juzgador, se aprecia la infracción de las disposiciones legales invocadas en este
agravio.
6.- Libro escrito por Earl Shorris, bajo el título “The Life and Times of Mexico”, editado
por la W. W. Norton & Company, en 2004 (hecho 157, anexo 48), en el que el autor,
haciendo mención expresa de la parte demandada, el señor Primitivo Rodríguez Oceguera,
y de algunos de sus artículos y cartas publicados con anterioridad, y reconociendo que fue
la parte demandada el que le proporcionó parte de la información, afirma que los Estados
Unidos de América invirtieron en el trabajo del señor Sergio Aguayo Quezada por la
democracia realizado dentro de Alianza Cívica, a través de la Fundación Nacional para la
Democracia (NED, por sus siglas en inglés), institución a la que considera un brazo del
gobierno estadounidense estrechamente vinculado con la Agencia Central de Inteligencia
de ese país (CIA, por sus siglas en inglés). Asimismo, el autor se refiere al Partido México
Posible, en el que la parte actora participó, como instrumento de la Fundación Nacional
para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), con el fin de que el gobierno
estadounidense pudiese cortejar a catedráticos universitarios y a profesionistas mexicanos,
a través del señor Sergio Aguayo Quezada.
Lo anterior se ha acreditado suficientemente con los siguientes medios de convicción
ofrecidos y desahogados oportunamente:
La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la publicación a que se hace referencia en
este numeral, exhibida en su oportunidad, como anexo 48 del escrito inicial de demanda.
Prueba que, con fundamento en el artículo 403 en relación con el 402 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, goza de valor probatorio pleno, que al no
dárselo el juzgador, se aprecia la infracción de las disposiciones legales invocadas en este
agravio.
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La CONFESIONAL, a cargo del señor Primitivo Rodríguez Oceguera, por la que afirma
ser amigo del autor del libro al que se hace referencia en este numeral y mantenerse en
comunicación con él cuando viene a México (Respuestas dadas a las posiciones 106 y 108,
formuladas por la parte actora y que obran debidamente en autos).
7.- Artículo escrito por Blanca Valadez y Rogelio Hernández, bajo el título “Sergio Aguayo
demanda a promotor del voto por relacionarlo con la CIA” que apareció publicado en el
diario “Milenio”, el 17 de octubre del 2005 (ofrecido en el presente juicio como prueba
superveniente), en el que los autores hacen referencia expresa al presente juicio, a la parte
demandada y a las acusaciones que por más de ocho años ha lanzado contra la parte actora,
actualizando así el daño moral que el señor Primitivo Rodríguez Oceguera ha infringido al
señor Sergio Aguayo Quezada.
Lo anterior se ha acreditado suficientemente con los siguientes medios de convicción
ofrecidos y desahogados oportunamente:
La DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en la publicación a que se hace referencia en
este numeral, exhibida en su oportunidad como prueba superveniente.
La CONFESIONAL, a cargo del señor Primitivo Rodríguez Oceguera, por la que afirma
haberse reunido con los autores del artículo al que se hace referencia en este número, antes
de que éste fuera publicado, para proporcionarles información sobre la Fundación Nacional
para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y su relación con el señor Sergio
Aguayo Quezada (Respuestas dadas a las posiciones 117 y 119, formuladas por la parte
actora y que obran debidamente en autos).
8.- La prueba superveniente ofrecida el pasado 26 de enero del año en curso, la cual
consiste en la página 23 del Diario Milenio del 20 de octubre del 2005, en donde aparece el
artículo denominado “Castañeda y Aguayo” escrito por el periodista Jorge Medina Viedas y
en el cual expresamente se señala lo siguiente:
“El caso de Aguayo es otro. Al fundador de Alianza Cívica lo persigue desde hace
años otro señalamiento nada encomiable: que pertenece o perteneció a la CIA. Al
parecer su acusador es un viejo amigo y socio, Primitivo Rodríguez. En el fondo esta
acusación es apenas la punta del iceberg del problema. El encono de su compadre
Primitivo tendría que ver con los recursos entregados por la NED a Alianza Cívica,
los cuales no habrían sido manejados ni distribuidos o aplicados con la
transparencia debida. El tema ha obligado a que Aguayo vaya a los tribunales”.
Dicha probanza es particularmente característica, porque denota cómo las expresiones
maliciosas y falsas que ha imputado el demandado al actor, han permeado y repercutido en
la opinión pública, pues su autor sintetiza dichas manifestaciones como que el señor Sergio
Aguayo pertenece y perteneció a la CIA y que la acusación la hace ni más ni menos quien
fuera su amigo y “socio”, hoy demandado, además de que la acusación se refiere a los
manejos del dinero que recibió Alianza Cívica, por lo que al valorarse debidamente esta
probanza, el juez no pudo haber validamente afirmado, que no se había producido el daño
moral que se reclama en este procedimiento.
Nótese cómo el periodista da por una verdad, o algo demostrado, la pertenencia a la
organización extranjera, lo que sólo pudo venir de las diversas comunicaciones falsas
formuladas por Primitivo Rodríguez Oceguera, y que son materia de la presente
controversia. Con esta prueba, no sólo queda por demás acreditado la realización del acto
ilícito indicado en los hechos de la demanda, sino la clara y evidente afectación al honor y
reputación de la parte actora.
Lo anterior se ha acreditado suficientemente con el siguiente medio de convicción ofrecido
y desahogado oportunamente:
La DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en la publicación a que se hace referencia en
este número, exhibida en su oportunidad como prueba superveniente.
En ese tenor, se puede desprender que la parte actora, con los medios de prueba que ofreció
durante el procedimiento, acreditó debidamente todos los elementos constitutivos de su
51

acción, de acuerdo a lo que disponen los artículos 1910, 1916 y 1916 BIS del Código Civil
para el Distrito Federal. En efecto, demostró:
a) Que el demandado por más de ocho años en forma ininterrumpida, permanente,
continuada y consistentemente, ha realizado por medio escrito y públicamente, empleando
los medios de comunicación impresos, diversas manifestaciones referentes al actor. De esta
manera, se ha mostrado la relación o vínculo jurídico que unen al actor y demandado en
este procedimiento. También se demostró la existencia de los hechos materia de la
controversia.
b) Que dichas manifestaciones son en sí mismas maliciosas, de menos porque se
presentaron como hechos objetivos irrefutables lo que ahora la demandada califica
simplemente de sus opiniones personales, que denotan la intención de ofender, lo que en
realidad constituyen publicaciones ilícitas, en los términos de la Ley de Imprenta, ya que
afectaron la vida privada de la parte actora, así como su reputación e imagen pública. Lo
que constituye el elemento ilícito de la relación producida por el demandado hacia el actor,
ya que se hicieron con el ánimo de ofender, mostrar desprecio hacia el actor, y exponerlo
públicamente a una imagen que no corresponde a la realidad.
c) Que además esas publicaciones son falsas, ya que en realidad denotaban la mera opinión
del demandado respecto del tema que las mismas incluían, sin mencionar que las mismas,
sólo eran opiniones del demandado. Además, son falsas, por no ser ciertas, ni acreditar lo
que se dice en las mismas. Lo que también constituye el elemento ilícito de la relación
producida por el demandado hacia el actor, ya que éste no probó que fueran ciertas, como
era su obligación procesal, razones por las que queda evidenciado el abuso ilícito de sus
libertades de comunicación, tanto la de expresión como el derecho a la información.
d) Que durante el presente procedimiento, la parte demandada se abstuvo de acreditar la
veracidad de sus imputaciones. Lo que de la misma manera, prueba el elemento ilícito de la
relación producida por el demandado hacia el actor.
e) Que lo afirmado en dichas publicaciones, fue tomado por otros autores y medios de
comunicación para hacer las mismas imputaciones al actor, tomando como cierto, lo
afirmado por la parte demandada (que como se ha mostrado, era en sí mismo malicioso,
además de falso). Lo que demuestra además de la ilicitud, la gravedad de las imputaciones
efectuadas, las que se tuvieron en el medio correspondiente como “ciertas”.
Con todo lo anterior, se ha acreditado el elemento objetivo de la acción intentada.
f) Que dichas publicaciones fueron la causa de la afectación al honor y a la vida privada de
la parte actora, al verse afectado en la imagen pública que tiene ante las demás personas, lo
que se denota en las publicaciones mostradas en este juicio producidas por terceras
personas basándose en las manifestaciones de la parte demandada.
g) Que en ese tenor, se causó un daño moral al actor, al afectar su honor y reputación, al
hacerlo ver públicamente con una imagen que no corresponde a la realidad, ni se han
acreditado esas imputaciones, además de propiciar y causar el desprecio, el descrédito, la
burla y destruir la consideración que las demás personas deben tener hacia el actor. Este
elemento se debe considerar probado, por los medios de convicción antes señalados, de
acuerdo a las tesis de jurisprudencia que reflejan la manera en que se regula el daño moral
en nuestro Derecho.
De esta manera, es falso lo afirmado por el juzgador, en el sentido de que la parte actora, no
probó sus elementos constitutivos de su acción, y particularmente, que los medios de
convicción que refiere en su sentencia, no acreditaron esa acción, situación que como se ha
expuesto, no es correcta, motivo por el cual, no se debía absolver a la parte demandada de
las prestaciones reclamadas en el procedimiento, haciendo procedente el presente agravio.
SEXTO. Infracción a los artículos 19, 1910, 1916 y 1916 Bis del Código Civil, así como
los artículos 81, 82, 281 y 282 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, toda vez que la resolución que se combate, no respetó los principios de claridad y
52

de congruencia que debió cumplir, al haberse abstenido de analizar cada uno de los hechos
expuestos por mi representado, particularmente aquellos que se referían a las conductas
realizadas por el hoy demandado, en relación con las pruebas aportadas, las cuales en su
conjunto y en los términos del artículo 402, hubieran llevado al juzgador a la indudable
conclusión de que se había producido un daño moral y por ende, resultaba necesaria la
condena en las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda.
En efecto, como se ha manifestado, el principio de congruencia, obliga al juzgador al
momento de dictar su resolución definitiva, de analizar debidamente lo solicitado por la
actora en su escrito inicial de demanda, entrar al análisis de los hechos y verificar si los
mismos se acreditaron con las pruebas ofrecidas.
Por otro lado, y como se ha expuesto, para decretar procedente una acción por daño moral,
resulta indispensable que el juzgador atienda a que en primer lugar, se compruebe la
existencia de hechos que vinculen a la parte actora con la demandada y de que éstos sean
ilícitos. En cuestión de daño moral por afectación al honor, ha quedado demostrado que el
mismo, se produce por la mera existencia de un hecho ilícito, lo que se configura por la
expresión de manifestaciones maliciosas en sí mismas, o en el contexto en el que se
encuentran, o que se señalen hechos o imputaciones falsas. En ese tenor, el juzgador está
obligado a analizar cada una de las publicaciones que fueron materia de la litis, para
verificar si las mismas eran maliciosas o falsas, en este último caso, si se habían dado los
criterios o elementos sobre los cuales se hizo la afirmación impugnada, y no obrar como lo
hizo, al simplemente manifestar que las publicaciones exhibidas como prueba: “la
valoración que hace el suscrito Juez de cada uno de éstos documentos, es sólo lo que se
demuestra en su contenido”, expresión que no significa nada, y además inciden que
precisamente ese contenido acreditaban la ilicitud de las conductas que se reclamaban como
tales .
Sin embargo, el juzgador se abstuvo de cumplir con su deber, ya que de una manera
dogmática y sin que lo haya acreditado, procede a señalar respecto de las acusaciones de la
demandada, que las mismas estuvieron soportadas a su decir en “fuentes autorizadas”, pero
sin que su dicho estuviere soportado en prueba idónea para ello, y sin desvirtuar los otros
elementos de convicción ofrecidos por la parte actora para acreditar la ilicitud de esas
manifestaciones.
Por otro lado, de igual forma se abstuvo de considerar, como se solicitó en la demanda
inicial, que la ilicitud de las conductas impugnadas no sólo se referían a cuestiones de
falsedades imputadas a la parte actora, sino además, de que se hacían manifestaciones
maliciosas, punto que fue omiso por el juzgador y por lo que sólo de esa cuestión se
desprende la falta de congruencia de la resolución.
No obstante esto, lo más importante era que el juzgador entrara al análisis de todos y cada
uno de los hechos, para que hiciera, con base en las pruebas aportadas, el análisis respectivo
de si se había acreditado la realización de un acto ilícito.
En ese tenor, el juzgador omitió entrar al análisis que le hubiera permitido constatar la
existencia del acto lícito, por lo que se refiere a las manifestaciones referidas en los hechos
10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 142, 143, 144, 148, 149 y 150, todos los
cuales hacían referencia a las conductas que en forma continuada ha hecho la demandada
respecto de la parte actora, presentándolo públicamente como un empleado o agente de la
Fundación Nacional para la Democracia (NED por sus siglas en inglés) de la agencia
central de inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) y el departamento de Estado de los
Estados Unidos de América, en fin, como una persona al servicio de intereses
intervencionistas y de espionajes norteamericano, poniendo en entredicho su honorabilidad,
imparcialidad, lealtad, independencia y moralidad.
En ese tenor, se desprende la procedencia de este agravio, toda vez que el juzgador en
cumplimiento del principio de congruencia, estaba obligado para verificar si resultaba
procedente la acción intentada, a entrar al análisis de todos y cada uno de los hechos y
53

verificar de ellos en primer lugar, si fueron hechos por la parte demandada, si en los
mismos, vinculaba a la parte actora, si en ellos hacía manifestaciones relativas o dirigidas a
la parte actora, en tercer lugar si esas expresiones eran verdaderas, con base en documentos
aportados durante el procedimiento por el demandado que permitieran apreciar la licitud de
las conductas materia de la controversia, en cuarto lugar, estaba obligado a verificar si las
manifestaciones además de verdaderas o falsas, eran maliciosas, para que una vez
analizadas todas estas manifestaciones, el juez pudiera señalar si se habían cumplido con
todos los elementos para la procedencia de la acción, situación que no hizo, por lo que se
desprende la infracción de las disposiciones legales invocadas en este agravio y por lo
mismo, se deduce la procedencia de la revocación de la sentencia dictada por el juzgador.
Por otro lado, y como se ha expuesto en los agravios anteriores, la parte demandada estaba
obligada a acreditar que sus manifestaciones que fueron materia de la controversia, eran
legales y que por lo tanto, eran verdaderas y no maliciosas.
En efecto, como se ha señalado, para la procedencia de la acción por daño moral, sólo se
obliga al actor a acreditar la existencia de las manifestaciones realizadas por la parte
demandada y que las mismas se refieren a la persona o actividades realizadas por la propia
actora, para que de acuerdo a las reglas de la prueba contenidas en los artículos 281 y 282,
corriera a cargo de la parte demandada acreditar que las afirmaciones que imputaba eran
ciertas y que no estaban empleadas en las mismas términos ofensivos o denigrantes, ni en
términos que pudieran producir desprecio o descrédito respecto al público en general por lo
que toca a la imagen de la parte actora.
En ese sentido, se desprende lo indebido de la actuación de la parte demandada, así como
del juzgador, toda vez que el demandado estaba obligado a demostrar la veracidad y
honestidad de sus manifestaciones y el Juez estaba obligado a verificar que se hubieran
cumplido con esos requisitos, para absolver a la parte demandada, situación que no se hizo
y por lo mismo, resulta procedente también este agravio, al infringirse los principios de
claridad y de congruencia contenidos en el artículo 81 del Código de Procedimientos
Civiles.
En síntesis, el a quo da muestra de su ilegal criterio respecto de las pruebas ofrecidas por la
actora, cuando afirma en la foja diez de su sentencia respecto del documento titulado “Atrás
del Partido México Posible sí está el apoyo de la NED, dijo Primitivo Rodríguez”, que tal
probanza al no ser reconocida por el demandado, por ese único hecho se tiene por no
favorable a los intereses de la demandante.
De nueva cuenta, resulta inexplicable e inaceptable que el a quo actúe al considerar las
afirmaciones vertidas por la demandada como si de dogmas de fe se tratara, otorgándoles
total credibilidad a pesar de lo que en contrario evidencian las pruebas exhibidas en la
presente causa. Con todo, lo que deviene irrefutable es que el C. Juez Cuadragésimo de lo
Civil ignora por completo que publicaciones de terceros, suponiendo sin conceder que la
mencionada entrevista no refleje las acusaciones de la demandada, sirven en este juicio para
tener por demostrada la afectación a la actora y el daño moral por ella sufrido, en términos
del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, porque ha quedado patentizada
la afectación que los demás tienen en la consideración o imagen de la demandante.
En sintonía con esa peculiar y parcial forma de apreciar las pruebas ofrecidas en este juicio,
no sobra transcribir lo que el a quo señala a foja 14 de su sentencia:
“Ahora bien, es de señalarse que valorados que han sido cada uno de los precitados
documentos, NO se advierte que las publicaciones ahí contenidas, le hayan ocasionado al
actor, el daño moral que refiere se le causó, en su honor, reputación y consideración que
tienen las demás personas de él, o bien, que haya trascendido a un daño material, que el
actor refiere en su escrito inicial de demanda. Luego entonces, de las precitadas
constancias NO se advierte, que el ahora demandado a través de los referidos medios de
información masivo, hayan afectado el derecho del actor en su honor, su reputación o en
su patrimonio. Por lo que, la reputación del actor como profesionista, académico y
persona NO han sido vulneradas, por las manifestaciones hechas en diversos medios
informativos por el demandado. Luego entonces, dichos documentos son insuficientes
para acreditar las prestaciones que solicita el actor en su escrito inicial de demanda…”
54

De inicio, por supuesto que la valoración que dice el a quo realizar sólo puede ser calificada
de arbitraria e infundada, en razón de que no se acompaña de motivación alguna que la
sustente, como si el juzgador de primera instancia estimara más que suficientes sus dichos y
exigiera de la actora un acto de fe.
Asimismo, este peculiar razonamiento del a quo pone de manifiesto los alcances de
vincular ilegalmente el daño moral con la figura del “daño material”, situación prohibida
por el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, toda vez que al no percibir
dicho juzgador que las acusaciones de la demandada hubieren trascendido en un daño
material, o en una afectación en el “patrimonio” de la actora, bien jurídicamente tutelado
del que nada se habla en el aludido precepto, o en el último de los casos, en la vulneración
en la reputación personal, profesional y académica del demandante, como si fuera necesario
el total descrédito de la actora en todas las facetas de su vida y por todas las personas que se
relacionen con ella para que pudiese apreciarse el daño moral, le resulta fácil aventurar que
nada en absoluto se ha mostrado con las pruebas exhibidas de nuestra parte.
Además, es de insistirse que la ilegal incorporación como requisito de la procedencia de la
acción por daño moral de un elemento como la plena acreditación de la afectación de los
bienes tutelados en el aludido artículo 1916, actualiza todas sus ilegales y absurdas
consecuencias en esta parte de la sentencia recurrida, en razón de que el a quo exige a la
actora demostrar las concretas afectaciones a su derecho al honor, una prueba “imposible”
precisamente porque el juzgador de primera instancia nunca estará en aptitud de reconocer
esas mismas afectaciones, incluso si con ello hace caso omiso a que la demandada ha
calificado a la actora de agente al servicio de otro gobierno.
Ninguna de esas ilegalidades puede salvarse con tan sólo invocar una tesis, no de nuestra
Suprema Corte, sino de un Tribunal Colegiado, del tenor siguiente:
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XIII, Mayo de 2001
Tesis: I.10o.C.15 C
Página: 1119
DAÑO MORAL. EXPRESIONES CUYA PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE
COMUNICACIÓN MASIVO ACREDITAN EN SÍ MISMAS QUE SE PRODUJO. El
derecho mexicano no define lo que es la moral para el orden jurídico, pues el concepto
varía de acuerdo con la época y medio social imperante; sin embargo, dado que
constituye un derecho de la personalidad, se reconoce y tutela en el artículo 1916 del
Código Civil para el Distrito Federal, que establece que debe entenderse como daño
moral la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro,
honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la
consideración que de sí misma tienen los demás. Por tanto, la publicación en un medio
de comunicación masivo de expresiones que, ponderadas de acuerdo con las reglas
generales de la lógica y la experiencia a que hace referencia el artículo 402 del Código
de Procedimientos Civiles, vulneren el respeto que se debe a una persona y que la hacen
digna de estimación y credibilidad, constituyen la prueba de que se produjo ese daño,
pues determinan la afectación a la consideración que de sí misma tienen los demás;
mayor aún si resulta un hecho notorio que el tipo de expresiones proferidas menoscaben
la integridad moral, conforme a lo dispuesto por el precepto 286 del código adjetivo civil
en cita. Lo que no implica atentar contra la libertad de expresión, pues el artículo 6o.
constitucional no contiene una consagración en abstracto de esa libertad, sino una
regulación jurídica que impide al Estado imponer sanciones por el solo hecho de
expresar ideas y hace responsable a quien emite su opinión si de ello derivan
consecuencias jurídicas, como los ataques a la moral.
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 769/2000. Isabel Arvide Limón. 27 de febrero de 2001. Unanimidad de
votos. Ponente: J. Jesús Pérez Grimaldi. Secretaria: Margarita Morrison Pérez.”
Desde luego, sin importar el órgano judicial de procedencia, la cita de esta tesis en nada
ayuda al razonamiento del a quo debido a que en primer lugar, si pretendiese reducirse su
ámbito de aplicación a expresiones únicamente calificables como groserías, no por ello
55

automáticamente esa se convertiría en la única vía para tener por acreditado el daño moral,
puesto que obviamente la tesis transcrita no dice ni pudiera mencionar que exclusivamente
ese tipo de expresiones son las necesarias e indispensables para demostrar el daño moral.
Pero sobre todo, nada comparte el juzgador para no tener por tales expresiones el hecho de
acusar al actor de estar al servicio de agencias y gobiernos extranjeros.
SÉPTIMO. Infracción a los artículos 19, 1910, 1916 y 1916 Bis del Código Civil, así
como los artículos 81, 82, 281, 282, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal, toda vez que el Juez en la resolución que se combate, no valoró las
pruebas ofrecidas por mi poderdante, para acreditar no sólo el cumplimiento de los
requisitos para el ejercicio de la acción intentada, sino además, para la procedencia de las
prestaciones reclamadas y en cambio señaló indebidamente que las pruebas aportadas no
acreditaban la procedencia de la acción.
Los últimos artículos invocados, disponen lo siguiente:
“Articulo 402.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados en su
conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia. En
todo caso el tribunal deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración
jurídica realizada y de su decisión.
Articulo 403.- Queda exceptuada de la disposición anterior la apreciación de los
documentos públicos, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se
perjudicaran en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la
pretensión que en ellos se funde.”
Estos artículos además deben vincularse con el artículo 325 del Código de Procedimientos
Civiles que señala la forma y términos en que deben valorarse las pruebas aportadas por las
partes.
En efecto, el artículo 402, obliga al juzgador a analizar y valorar las pruebas presentadas
por las partes, particularmente por mi mandante, atendiendo a las reglas de la lógica y de la
experiencia, debiendo exponer cuidadosamente en la resolución, los fundamentos de la
valoración jurídica que realice respecto de cada una de las pruebas aportadas.
Por su parte, la confesional producida por una de las partes durante el procedimiento, ya sea
al desahogar la prueba confesional o a las manifestaciones producidas durante el juicio,
deben valorarse en el sentido de que se ha probado lo manifestado por la parte que la
realiza. Además, los documentos públicos tienen valor probatorio pleno.
Sin embargo el Juez en la resolución combatida dejó de cumplir con dichas normas y por lo
mismo, infringió los principios de claridad y de congruencia que debió haber respetado,
toda vez que de las pruebas documentales a que se refieren las páginas 135 a 144 del escrito
inicial de demanda, las cuales fueron ofrecidas oportunamente como prueba, como se
desprende del escrito presentado por mi poderdante el 28 de octubre del 2005, se
desprendía la existencia de las publicaciones efectuadas por la parte demandada y que
fueron objeto de la presente controversia. Además esas publicaciones fueron admitidas
expresamente por la demandada, no sólo al momento de contestar la demanda, sino también
al desahogar la prueba confesional a su cargo, como se desprende de las respuestas dadas a
las posiciones 22 a 49, del primer pliego de posiciones, así como de las respuestas dadas a
las posiciones 68 a 152 del segundo pliego de posiciones.
Estas pruebas acreditaban la existencia de las publicaciones efectuadas por la parte
demandada y además que en las mismas se hacía referencia a la parte actora, lo que no sólo
probaba la existencia del hecho, sino también el ataque efectuado a esta última parte.
Con ello, quedaba acreditado íntegramente la acción intentada, ya que se despendía la
existencia del hecho ilícito y el vínculo entre la parte actora y la demandada, con el ataque
que esta última hacía a la primera en sus manifestaciones.
Además, el juzgador dejó de valorar debidamente la confesión expresa ofrecida por la parte
actora con el número 70, de su escrito de ofrecimiento de pruebas del 28 de octubre del
56

2005, confesión contenida en el escrito de contestación de la demanda, contenido en el
escrito presentado por ella el 21 de septiembre del 2005, particularmente por lo que se
refiere a las páginas 52 a 55, en donde en realidad la parte demandada, reconocía ante la
presencia judicial, que las afirmaciones formuladas en el sentido de que la National
Endowment for Democracy (NED) (Fundación Nacional para la Democracia) defiende los
intereses del gobierno norteamericano; de que dicha Fundación ha realizado prácticas
intervencionistas en distintos países de América Latina como Venezuela y Nicaragua; de
que esa fundación es el brazo no gubernamental del Departamento de Estado de los Estados
Unidos de América y la cara amable de la CIA, eran en realidad una mera opinión
formulada por la parte demandada en sus escritos cuestionados.
Si como lo reconoció la parte demandada al momento de contestar su demanda, que las
anteriores imputaciones eran su mera opinión, se desprendía que en realidad esas
afirmaciones no podían ser ciertas, como lo exige el respeto a la vida privada, como límite a
las libertades de expresión e información, por lo que sus afirmaciones se volvían ilícitas, ya
que una opinión, al ser subjetiva, no puede ser verdadera para el público en general, por no
estar soportada en elementos objetivos, al mismo tiempo que representa un ejercicio
abusivo de la libertad de expresión el presentar como si se tratara de hechos difundidos en
uso del derecho a informar, lo que en realidad constituyen meras opiniones subjetivas.
Lo anterior, se vincula con el hecho de que las publicaciones cuestionadas en el
procedimiento, hacían ver al señor Sergio Aguayo, como una persona al servicio de
intereses intervencionistas norteamericanos, o de espionaje, precisamente por recibir
financiamiento de una agencia norteamericana, que tenía dichos propósitos de espionaje e
intervencionistas, por lo que al ser esto último una mera opinión, de la parte demandada, no
podían servir para que de manera pública se hiciera ver que el actor al recibir
supuestamente un financiamiento del extranjero, servía a intereses intervencionistas, toda
vez que no estaba probado precisamente que la Fundación Nacional para la Democracia,
realmente defendiera esos intereses, o realizara prácticas intervencionistas, o lo que es peor,
fuera el brazo no gubernamental del gobierno de los Estados Unidos o la cara amable de la
CIA.
Todo esto, en realidad demostraba que las imputaciones formuladas por el demandado al
actor, y que fueron materia de la controversia, eran falsas, al sólo estar apoyadas en meras
opiniones, o apreciaciones reconocidas como tales, por la parte demandada, por lo que en
realidad, esas afirmaciones al haberse hecho de la manera en que se hicieron, transgredían
los límites a la libertad de expresión y el derecho a la información y por lo mismo, eran
ilícitas, lo que contrariamente a lo afirmado por el juzgador en su resolución, corrobora la
procedencia de la acción intentada.
De la debida valoración de todos y cada uno de los medios de convicción ofrecidos por la
parte actora, particularmente, de las documentales ofrecidas por mi representado en su
escrito del 28 de octubre del 2005, como pruebas números 5 a 62, las cuales fueron
admitidas por la parte demandada al momento de contestar la demanda y en el desahogo de
la prueba confesional, se apreciaban las manifestaciones formuladas por el demandado al
actor, así como la ilicitud en que incurrió al hacer sus manifestaciones públicas, toda vez
que se hacían con la intención de ofender, mostrar desprecio y exponer a una persona a la
burla pública y al ridículo, por lo que también se acreditaba la ilicitud de la conducta, al
emplear las siguientes expresiones en sí mismas maliciosas y ofensivas para la persona a la
que iban dirigidas (las que se pueden recoger de las notas periodísticas materia de la litis):
a) “Aguayo debería cumplir su promesa de explicar por qué aceptó el patrocinio de una
agencia de espionaje”; b) “Se han documentado las operaciones de intervención y
espionaje de la Fundación Nacional para la Democracia... así como su estrecha relación
con el Departamento de Estado y la propia CIA. A la vez han sido dirigentes de ONG como
... Sergio Aguayo... quienes han aceptado financiamiento de la NED”; c) “¿No ha leído
ni oído al Dr. Aguayo? Es mi pupilo más aventajado en el arte del tres por uno”; d)
“¿Por qué aceptó Aguayo llevarse de a piquete de ombligo con la Fundación Nacional
para la Democracia... agencia que en la versión de sus defensores fue creada por el
Presidente Ronald Reagan para promover los intereses de Estados Unidos en el exterior y
que, según sus críticos, eso lo hace en coordinación con la CIA y el Departamento de
Estado; e) “Aguayo oculta fuentes que documentan las ligas de la NED con la CIA o el
57

Departamento de Estado”; f) “Se ha pedido a Sergio Aguayo... y otros dirigentes de ONG
que han establecido estrechos vínculos con la NED... esperemos que la NED y sus
patrones de Washington sean derrotados por el pueblo de Venezuela ese domingo... que
las ONG mexicanas de observación electoral y de derechos humanos tengan la
congruencia y el valor civil de adoptar un código de transparencia... que incluya hacer
públicas su relación y correspondencia con agencias nefastas como la NED”; g)
“Alianza Cívica, de la que Sergio Aguayo fue fundador y dirigente, ha sido financiada
desde su creación en 1994, por la Fundación Nacional para la Democracia... la NED fue
creada para realizar abiertamente operaciones antes reservadas a la CIA y documentar
operaciones de espionaje e intervención de la NED en varios países. Aguayo conoce bien
esta literatura”; h) “Aguayo esconde en su respuesta lo que ha ocultado desde 1994. Que
como experto en sistemas de inteligencia y seguridad nacional supo que la NED era el
brazo “no gubernamental” del Departamento de Estado y la cara amable de la CIA”.
Con acusaciones de tal carácter, se denotaban la intención de ofender y mostrar desprecio,
por la forma en que se emplearon (el considerar al actor como un pupilo, empleado, sujeto
financiado, o que oculta información, o vinculado a la CIA), máxime que esas
afirmaciones, hasta ahora difundidas como si fueran hechos inobjetables, sólo constituían
una mera opinión del demandado, sin haberlo aclarado así al público, ni en el
procedimiento jurisdiccional.
De haber valorado debidamente las citadas probanzas, no sólo hubiere llevado al juzgador a
la convicción de que esas publicaciones eran ilícitas, por no ser ciertas, al meramente
reflejar la opinión del demandado, situación que fue admitida y confesada por él durante el
procedimiento, punto que no fue tomado en cuenta por el juzgador al momento de valorar
las pruebas y verificar la procedencia de la acción, sino además, resultaban ilícitas dichas
manifestaciones, por el hecho de ser maliciosas, con el ánimo de ofender y de causar
desprecio por parte del público en general hacia el actor, al hacerlo ver como una persona
manejada por una agencia extranjera, vinculada a intereses de espionaje e intervencionista,
que no es transparente en su actuación, que oculta información y que es experta en el arte
de engañar, etc.
Por último, tampoco el Juez valoró debidamente los hechos identificados con los números
45, 46 y 47 del escrito de ofrecimiento de pruebas, lo que se acreditó, con la documental
pública que se acompaño como anexo 18 de la demanda; hechos 48, 49 y 50, lo que se
acreditó con la documental pública que se acompañó como anexo 19 de la demanda; hechos
64, 65, 66, lo que se acreditó con la documental pública que se acompañó como anexo 24
de la demanda; hechos 67, 68, 69, lo que se acreditó con la documental pública que se
acompañó como anexo 25 de la demanda; hechos 88, 89 y 90, lo que se acreditó con la
documental pública que se acompañó como anexo 31 de la demanda; hechos 110, 111 y
112, lo que se acreditó con la documental pública que se acompañó como anexo 18 de la
demanda; hechos 124, 125 y 126, lo que se acreditó con la documental privada que se
acompañó como anexo 41 de la demanda; hechos 127, 128 y 129, lo que se acreditó con la
documental pública que se acompañó como anexo 18 de la demanda; hechos 136, 137 y
138, lo que se acreditó con la documental privada que se acompañó como anexo 43 de la
demanda; hechos 139, 140 y 141, lo que se acreditó con la documental privada que se
acompañó como anexo 44 de la demanda; hechos 145, 146 y 147, lo que se acreditó con la
documental pública que se acompañó como anexo 18 de la demanda; hechos 151, 152 y
153, lo que se acreditó con la documental pública que se acompañó como anexo 18 de la
demanda; hechos 154, 155 y 156, lo que se acreditó con la documental pública que se
acompañó como anexo 47 de la demanda; hechos 157, 158 y 159, lo que se acreditó con la
documental pública que se acompañó como anexo 48 de la demanda, así como la
traducción que en vía de prueba se ofreció.
De la debida valoración de todas y cada una de dichas probanzas en su conjunto,
empleando la experiencia y la lógica, se aprecia cómo las falsas y maliciosas acusaciones
que formuló la parte demandada a la actora, por más de 8 años, en forma continua y
reiterada, fueron tomados como ciertos por otras personas, quienes las recogieron y las
utilizaron como supuesta fuente objetiva de su información, para lanzar también
acusaciones al actor, con lo que se acredita el efectivo daño moral causado al actor, ya que
terceras personas, tomaron como ciertas las meras opiniones expresadas por la demandada
58

para hacer acusaciones al actor, con lo que queda de manifiesto una afectación a uno de los
bienes tutelados en el artículo 1916 del Código Civil, como enseguida se reitera.
De esta manera, resulta también incorrecta la manifestación del juzgador en el sentido de
que las documentales exhibidas no hayan acreditado la procedencia de la acción; de que el
reconocimiento de contenido de la documental marcada con el número 42, no acredite
también la procedencia de la acción, ya que se repite, en su conjunto todas y cada una de las
pruebas desahogadas y la debida valoración que se debió haber hecho de las mismas de
acuerdo a la ley, traían como consecuencia, el acreditamiento de todos y cada uno de los
elementos de la acción intentada, sin que lo desvirtuara las simples respuestas dadas por el
demandado al desahogar la confesional a su cargo, las cuales al no estar soportadas por
otros medios de convicción, particularmente las fuentes verídicas sobre las que hacen sus
afirmaciones, no podían desvirtuar la ilicitud de sus manifestaciones.
En ese aspecto, en síntesis, la sentencia dictada por el C. Juez Cuadragésimo de lo Civil
ignora el texto expreso del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, porque
deja de considerar como uno de los bienes cuya afectación actualiza un daño moral, “la
consideración que de sí misma [de la parte actora] tienen los demás”.
La razón por la que el a quo desestima la presencia de una afectación de tal magnitud, que
pone en entredicho la reputación del demandante, responde a una lógica muy peculiar, de la
cual vale la pena dejar constancia por entero (foja 9):
“… el absolvente al contestar la posición 15.- NEGÓ en forma categórica la misma en
la cual se le pregunto lo siguiente “… Que usted ha dejado de ser amigo de Sergio
Aguayo Quezada…” (foja 340), contestando “… que no, aclarando que mandé mi
pésame a la muerte de su mamá a la que sigo apreciando mucho…”. Por lo que de la
referida prueba, el actor NO acredita una desconsideración que la demás gente tiene
con él.”
Este razonamiento por parte del a quo resulta anecdótico pero del todo lamentable, dado
que en primer lugar, lo que el demandado manifiesta expresamente es que sigue apreciando
a la señora madre de la actora a pesar de su fallecimiento, afirmación que en nada guarda
relación con el bien que se protege en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito
Federal.
Uno de los bienes jurídicamente tutelados por el mencionado precepto es la consideración
que terceras personas tienen de otra persona, en la presente causa, la consideración que de
la demandante guardan sus semejantes. Basta esa simpleza para darse cuenta que el hecho
de que la demandada diga que continúa apreciando a la señora madre difunta de la actora,
suponiendo sin conceder que esa afirmación sea sincera, nada tiene que ver con la
apreciación que tiene de la parte ahora recurrente, a la que por ocho años no paró de acusar
infundadamente.
Pero sobre todo, lo que en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal se
salvaguarda no es que la demandada sea o no considerada o atenta con la actora, ni siquiera
que los demás sean desconsiderados o desatentos con la actora, sino que esas terceras
personas diferentes a la demandada (“los demás”), afecten la consideración, es decir la
opinión o la imagen que guardan de la demandante, un hecho del todo diferente y del cual
se exhibió prueba plena a través de las publicaciones de todas esas terceras personas que
tomaron por ciertas las acusaciones hechas por la demandada para reiterarlas contra la
actora.
Finalmente, en nada enmienda los desaciertos ilegales en que incurre el a quo que asevere
estar aplicando la tesis que a continuación se reproduce de forma íntegra, la cual no
proviene de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, es decir de nuestra Suprema Corte de
Justicia, sino de un Tribunal Colegiado de Circuito:
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: IV, Diciembre de 1996
Tesis: I.6o.C.88 C
59

Página: 385
DAÑO MORAL, NO SE ESTÁ OBLIGADO A LA REPARACIÓN DEL, CUANDO SE
EJERCEN LOS DERECHOS DE OPINIÓN, CRÍTICA Y EXPRESIÓN DE LAS IDEAS
A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL. De conformidad con lo
dispuesto en el párrafo primero del artículo 1916 bis, del Código Civil para el Distrito
Federal, se advierte que no se está obligado a la reparación del daño moral, cuando
se ejercen los derechos de opinión, crítica y expresión de las ideas, en los términos del
artículo 6o. constitucional.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 6316/96. Marcos Sergio Contreras Castilleja. 14 de noviembre de
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Ana María Y. Ulloa de Rebollo. Secretario:
Jaime Aurelio Serret Álvarez.”
De entrada, este criterio hace referencia a derechos que son contenido de la libertad de
expresión y no propiamente del derecho a la información, con la distinción que ya
conocemos, pues el segundo requiere para su debido ejercicio la pretensión de apegarse a
mínimos parámetros de veracidad, cuestión del todo olvidada por la demandada. Pero
además, la misma tesis anuncia el meollo de causas como la presente, porque ni siquiera la
libertad de expresión o el derecho a la información son absolutos, sino que su ejercicio
tiene que darse “en los términos del artículo sexto constitucional”, uno de los cuales limita
tales libertades de comunicación a no afectar derechos de tercero, como lo es el derecho al
honor.
En este contexto, a propósito de la otra tesis citada en esta sección del considerando “IV”
de la sentencia recurrida, también proveniente de un Tribunal Colegiado de Circuito y que
enseguida se reproduce, respecto de la cual el a quo no se digna a compartir las razones por
las cuales la estima relevante, como si su simple transcripción fuere dato suficiente para
tenerla por aplicable a su resolución, no está demás detenerse para explicar sus alcances en
nuestra causa.
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XVII, Marzo de 2003
Tesis: I.4o.C.57 C
Página: 1709
DAÑO MORAL Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. Los artículos 6o. y 7o. de la
Constitución Federal establecen el marco jurídico que a la vez que consagra el
derecho a la libre manifestación de las ideas y la libertad de imprenta, les impone
límites consistentes en que la manifestación de las ideas no debe ejercerse en forma
que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el
orden público; la libertad de imprenta tiene por límite el respeto a la vida privada, la
moral y la paz pública. Por su parte, el artículo 1o. de la Ley de Imprenta prevé lo
que se considera como ataques a la vida privada, y en su fracción I establece que lo es
toda manifestación o expresión hecha por la imprenta o que de cualquier otra manera
circule en la opinión pública donde se expone a una persona al odio, desprecio o
ridículo y que pueda causarle demérito en su reputación e intereses. Como se
advierte, en el supuesto de la fracción I resulta irrelevante que la información o
manifestación sea falsa o verdadera. Basta que se exponga a una persona al odio,
desprecio o ridículo. El decoro está integrado por el honor, el respeto, la
circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación. Se basa en el
principio de que a toda persona, por el hecho de serlo, se le debe considerar
honorable, merecedora de respeto. La conculcación de este bien se configura en
sentido negativo, cuando el sujeto activo, sin fundamento, daña a una persona en su
honor o en la estimación que los demás tienen de ella en el medio social en que se
desenvuelve y que es donde directamente repercute en su agravio. El honor es un bien
objetivo que hace que la persona sea merecedora de confianza. Si una persona sufre
una afectación en la consideración que de ella tienen los demás, se debe entender
como una lesión a la estima que los demás le profesan, o sea, al trato con urbanidad y
respeto que merece. El límite entre la libertad de expresión y la conducta ilegal del
agente sólo puede establecerse mediante la ponderación de los derechos en
presencia, para determinar si la restricción que se impone al derecho de información
60

y expresión está o no justificada por la limitación que sufriría el otro derecho a la
intimidad. Dada su función institucional, cuando se produzca una colisión entre
ambos derechos, el de la información goza de una posición preferente, y las
restricciones a ese derecho deben interpretarse de tal modo que su contenido esencial
no resulte desnaturalizado. Tal valor preferente no es, sin embargo, absoluto. Si se
le reconoce como garantía de la opinión pública, sólo puede legitimar intromisiones
en otros derechos fundamentales que guarden congruencia con esa finalidad, o sea,
que resulten relevantes para la formación de la opinión pública. Carecerá de
protección cuando se ejercite de manera desmesurada a ese fin.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 14424/2002. El Espectáculo Editorial, S.A. de C.V. y otras. 13 de
enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria:
Carmina S. Cortés Pineda.”
En ese orden de ideas, el criterio que se destaca en la tesis anterior, a pesar de importantes
precisiones que pudieran hacérsele, como lo son la clara distinción entre libertad de
expresión y derecho a la información y entre derecho al honor y derecho a la intimidad, así
como la incorrecta asociación entre estimación y consideración, enseña que tratándose de
posibles enfrentamientos o colisiones entre derechos, lo conducente es llevar a cabo un
juicio de ponderación a fin de determinar para el caso concreto cuál de los derechos
opuestos debe prevalecer.
Lo que implica ese método de ponderación queda clarificado en la tesis siguiente:
“Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXII, Septiembre de 2005
Tesis: I.4o.A.60 K
Página: 1579
TEORÍA DE LOS PRINCIPIOS. SUS ELEMENTOS. Conforme a la teoría de los
principios, cuando dos derechos fundamentales o principios entran en colisión, los
juzgadores deben resolver el problema atendiendo a las características del caso
concreto, ponderando cuál de ellos debe prevalecer y tomando en cuenta tres
elementos: I) La idoneidad; II) La necesidad y III) La proporcionalidad. El primero se
refiere a que el principio adoptado como preferente sea el idóneo para resolver la
controversia planteada; el segundo consiste en que la limitación de cierto principio
sea estrictamente necesaria e indispensable, es decir, no debe existir alternativa que
sea menos lesiva; y el tercer elemento se refiere a que debe primar el principio que
ocasione un menor daño en proporción al beneficio correlativo que se dé u obtenga
para los demás, en otras palabras, cuanto mayor sea el grado de no cumplimiento o de
afectación de un principio, tanto mayor debe ser la importancia del cumplimiento del
otro.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
Incidente de suspensión (revisión) 247/2005. Investigación Farmacéutica, S.A. de
C.V. 13 de julio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit.
Secretaria: Sandra Ibarra Valdez.
Incidente de suspensión (revisión) 282/2005. Bonaplást, S.A. de C.V. 13 de julio de
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario:
Ernesto González González.
Incidente de suspensión (revisión) 292/2005. Laboratorios Keton de México, S.A. de
C.V. 10 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit.
Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.”
Pues bien, en la presente causa pudiera existir una colisión entre alguna o ambas de las
libertades de comunicación de la demandada y el derecho al honor del cual es titular el
demandante, circunstancia ante la cual lo que le resultaba obligatorio al a quo es conducir
un juicio de ponderación con las etapas delineadas en la tesis transcrita, algo que
61

patentemente es desatendido en la sentencia recurrida, provocando con ello una ilegalidad
manifiesta. Sea como fuere, lo que es un hecho es que para intentar ponderar entre
derechos fundamentales enfrentados, presupuesto mínimo es que se hayan ejercido de
forma adecuada, algo que como se viene explicando atenta y pacientemente no ha sucedido
así en el caso de la demandada.
En resumen, si el juzgador en la resolución que se combate hubiera valorado en conjunción
todas las documentales públicas y privadas exhibidas por el actor en su demanda y
ofrecidas como prueba, analizándolas conjuntamente con el escrito de contestación a la
demanda y la prueba confesional a cargo de la propia parte demandada, hubiere
desprendido lo siguiente:
a) Que efectivamente la parte demandada realizó las publicaciones materia de la
controversia.
b) Que en dichas publicaciones realizó imputaciones, acusaciones o afirmaciones en contra
de la parte actora, por lo que se daba la relación o vínculo entre el actor y el demandado.
c) Que en dichas publicaciones las afirmaciones que se hicieron del actor, no eran ciertas,
porque el demandado no acreditó que lo fueran, ni acreditó la existencia de fuentes
objetivas de conocimiento que las respaldaran y que sustentaran precisamente las
imputaciones que realizaba al actor.
d) Que las acusaciones que realizaba el demandado en las publicaciones reflejaban en
realidad, la mera opinión de éste (por la animadversión personal que tenía frente al actor, al
haber sido su amigo y compadre), motivo por el cual no podían ser ciertas.
e) Que además por la forma en que se expresaban y las imágenes que producían, ofendían
públicamente a la persona contra quien se realizaban dichas manifestaciones, por lo que
eran maliciosas, como maliciosa era la presentación con el carácter de hechos objetivos
irrefutables lo que al final se reconoce como simples opiniones personales y subjetivas.
f) Que la parte demandada no acreditó la existencia de fuentes que soportaran sus
afirmaciones, ni acreditó la licitud de su conducta.
Por todo lo anterior, una debida valoración de las pruebas, producía, en los términos del
artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles, empleando las reglas de la lógica y la
experiencia que todo juzgador debe emplear en dicha operación, no sólo la procedencia de
la acción intentada, al reunirse todos los elementos para ello, sino además, la necesaria
condena a la parte demandada, de las prestaciones reclamadas.
En fin, como consecuencia de este ejercicio de argumentación, y derivado de los agravios
hasta aquí desarrollados, se reafirma la ilegalidad de la sentencia recurrida, así como la
inexactitud de la postura del a quo que queda resumida en el párrafo final del primer
considerando “IV” de su resolución (foja diecinueve), que a continuación se reproduce
textualmente para rápida consulta, de similar confección que el contenido en su
considerando “V” (a foja veinte).
“Por todo lo manifestado con anterioridad, y valorado es de considerarse que el actor,
con ninguna de las pruebas aportadas en el juicio acreditó que el demandado le
hubiese causado un daño moral, por lo que deberá DECLARARSE LA
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN EJERCITADA POR LA PARTE ACTORA,
absolviendo al demandado de todas las prestaciones reclamadas.”
Sin que por ello pase desapercibido el final desacierto del C. Juez Cuadragésimo de lo
Civil, que en el resolutivo segundo de la sentencia dictada en el expediente 544/2005 (foja
20), con fecha 3 de marzo de 2006, declara improcedente la acción intentada por la actora,
con base en los “razonamientos descritos en el considerando II de esta misma sentencia”,
cuando es obvio que su fallo lo funda en los diversos considerandos “III” y primer “IV” de
esa resolución impugnada.
62

OCTAVO. Para cumplir con lo previsto en la fracción II del artículo 161 de la Ley de
Amparo, mi representado también se duele de las siguientes actuaciones habidas durante la
tramitación del procedimiento, las cuales por supuesto, causan agravio a la parte actora:
a) Del auto de fecha 16 de noviembre de 2005, el cual en su parte principal dispuso lo
siguiente:
“A sus autos el escrito de cuenta que presenta el C. Ezequiel Fernández Chavira,
mandatario judicial de la parte demandada, téngasele en tiempo desahogando la
vista que se le mandó dar por auto de 8 de noviembre del 2005, por hechas las
manifestaciones que vierte en relación a la prueba pericial en materia de
traducción ofrecida por su contraria y en consecuencia esta autoridad determina
que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 347 del Código de
Procedimientos Civiles, se desecha de plano la prueba en cuestión toda vez que la
oferente omite citar los puntos sobre los que versará y las cuestiones que deben
resolverse sobre dicha pericial...”
Esta determinación fue confirmada por la sentencia del recurso de apelación que interpuso
la parte actora contra ese auto, de fecha 13 de enero del 2006, por la Cuarta Sala Civil.
En virtud de dicho auto y sentencia de la superioridad, se le negó a mi poderdante la
posibilidad de desahogar la pericial en materia de traducción que ofreció en su escrito de
ofrecimiento de pruebas ya referenciado en este escrito, por lo que esta actuación violó los
artículos 19 del Código Civil, 81, 293, 346, 347 y 348 del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, toda vez que el Juez y la Sala en las resoluciones que se
combaten, dejaron de admitir una prueba ofrecida en tiempo y con los requisitos legales
para ello.
Las resoluciones recurridas, violan lo dispuesto por el artículo 19 del Código Civil, 81, 293,
346, 347 y 348 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los cuales
solicito se tengan por aquí reproducidos como si a la letra se insertasen y los cuales obligan
al juzgador en primer término a desarrollar el procedimiento jurisdiccional conforme a la
ley, emitir sus resoluciones de acuerdo a los principios de claridad y de congruencia y los
requisitos para que sea admitida la prueba pericial que ofrezcan las partes.
El juzgador dejó de cumplir con las resoluciones que se impugna, con los citados preceptos
en primer lugar porque como se desprende del escrito presentado por mi representada, el
pasado 28 de octubre y en donde ofreció pruebas, en la página 17 y con el número 63,
ofreció la siguiente probanza:
“63.- La PERICIAL EN MATERIA DE TRADUCCIÓN del idioma inglés al idioma
español, misma que se realizará sobre las páginas 682 a 691 del libro escrito por Earl
Shorris, titulado “The Life and Times of México”, editado por la W. W. Norton &
Company, en 2004, páginas que ya obran en este expediente, al haber sido
acompañadas a la demanda inicial como anexo 48 por la parte actora.
Para este desahogo la parte actora propone como perito al señor Luis Rey Ballesteros
López, en su carácter de perito traductor autorizado por el H. Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, de fecha 7 de febrero de 1997, quien tiene como domicilio el
ubicado en Nigromante No. 86, colonia Segunda Periodista, C. P. 03620, Delegación
Benito Juárez, México, Distrito Federal.”
Ahora bien, cuando se acude a los artículos 346 y 347 de la ley adjetiva indicada, se
advierte que los requisitos para la admisión de una prueba pericial son en primer lugar, la
necesidad de que se aporten conocimientos especiales en una ciencia, arte o técnica, en
segundo lugar que los peritos deben tener título en al ciencia o arte o técnica que pertenezca
a la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer; señalar, en tercer lugar la ciencia, arte o
técnica sobre la cual deba practicarse la prueba; en cuarto lugar los puntos y cuestiones
sobre las que versará y deba resolverse la prueba pericial, así como acreditar el elemento
técnico del perito que se proponga, dando su nombre y domicilio.
Como se puede apreciar de la transcripción de la prueba pericial ofrecida por mi
representada, mi mandante cumplió con todos esos requisitos, ya que en primer lugar
señaló que la pericial versaría en materia de traducción del idioma inglés al idioma español,
63

equisito que cae dentro de las materias que pueden ser objeto de una pericial, máxime, que
el idioma en el cual se desarrolla el proceso, es el español, de igual forma propuso a su
perito, quien para acreditar el carácter de autorizado, se suministró la fecha de su
autorización por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, toda vez que de
acuerdo a la Ley de Profesiones, los traductores no requieren de cédula profesional o
registro en la Dirección General de Profesiones para el ejercicio de su actividad, dando su
domicilio.
Por lo que se refiere a los puntos y cuestiones sobre los que versaría la pericial, mi
mandante claramente lo señaló indicando que consistían en la traducción del inglés al
español, de las páginas 682 a 691 del libro escrito por un tal Earl Shorris, de título The Life
and Times of México, dando los datos de la editorial, y señalando que esas páginas ya se
encontraban en autos y que correspondían al anexo 48 del escrito inicial de demanda.
En ese tenor, estaban dados todos los requisitos para la admisión de la probanza,
particularmente estaba claramente delimitado el objeto sobre el cual debería recaer la
prueba pericial, los puntos y cuestiones relativas a la misma, ya que consistía en traducir
íntegramente las páginas 682 a 691 del libro indicado.
Lógico es suponer, que al tratarse de una pericial en materia de traducción, los únicos
puntos y cuestiones que pueden ser materia de la misma, no pueden ser mas que la
traducción de determinadas páginas o párrafos, cuyo conocimiento al español requiere el
juez.
De esto se desprende la ilegalidad de las resoluciones recurridas, toda vez que en infracción
de las disposiciones legales y contraviniendo el principio de claridad, dejaron de admitir
una prueba pericial, la cual estaba válidamente ofrecida en tiempo y forma, por lo que debe
revocarse a efecto de permitir a mi mandante que se desahogue dicha probanza.
b) Del auto de fecha 18 de noviembre de 2005, por el cual indebidamente y pese a las
manifestaciones formuladas por mi representada, se reduce el número de testigos a sólo
dos.
Esta determinación fue confirmada por la sentencia del recurso de apelación que interpuso
la parte actora contra ese auto, de fecha 13 de enero del 2006, por la Cuarta Sala Civil.
En efecto, dicha resolución infringió las disposiciones previstas por el artículo 19 del
Código Civil, 81, 291, 298, 356, 357 y demás aplicables del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal, que obliga en su conjunto a admitir las pruebas
debidamente ofrecidas en tiempo por las partes.
Lo anterior se dice porque tanto el juzgador y la Sala dejaron de cumplir los preceptos
porque no apreciaron correctamente las distintas pruebas testimoniales ofrecidas por mi
representado, llegándolas a reducir a una sola y única prueba testimonial, a pesar de haberse
ofrecido cada una de ellas para probar hechos distintos y haberse insistido antes de su
desechamiento, por el escrito presentado por mi poderdante y desahogado en el auto que se
combate.
Como se desprende de las páginas 17 y 18 del escrito de ofrecimiento de pruebas,
particularmente con las pruebas números 64 a 68, se desprendía que mi representado había
ofrecido 5 distintas pruebas testimoniales, para acreditar diversos hechos entre ellas, por lo
que no había razón, ni motivo válido para reducir el número de testigos, como
indebidamente hicieron tanto el juzgador como la Sala, esto a pesar de haberse advertido
dicha situación por el escrito de mi representado, en el que se solicitaba la aclaración
correspondiente, presentado el 15 de noviembre del 2005.
En ese tenor, al haber ofrecido distintas testimoniales, para desahogar y acreditar distintos
hechos en cada una de ellas, resulta evidente que tanto el juzgador como la Sala, estaban
obligados a admitir dichas probanzas y a desahogarlas durante el procedimiento, por lo que
al no hacerlo, se acredita la violación cometida en perjuicio de mi representado durante el
procedimiento.
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TESTIMONIO DE APELACIÓN
Señalo como constancias para integrar el testimonio de apelación, TODO LO ACTUADO
en el presente juicio, particularmente el escrito de demanda, junto con sus anexos, el de
contestación, el escrito de ofrecimiento de pruebas, tanto en la etapa ordinaria, como los de
pruebas supervenientes, con sus anexos, las audiencias de desahogo de pruebas, junto con
los pliegos de posiciones ofrecidos por la parte actora, las documentales que se ofrecieron
como prueba supervenientes, el escrito de expresión de conclusiones de alegatos formulado
por el actor, junto con la sentencia definitiva impugnada por este recurso.
Por lo expuesto,
A USTED C. JUEZ, atentamente pido se sirva:
PRIMERO.- Tener a mi representado, interponiendo el presente recurso de apelación en
contra de la Sentencia Definitiva dictada en el expediente en el que se actúa, de fecha 3 de
marzo del año en curso;
SEGUNDO.- Dar vista a la parte demandada con el presente recurso de apelación, para que
en el término de tres días conteste agravios; y
TERCERO.- Previos los trámites de ley, remitir el testimonio de apelación al Tribunal de
alzada para la substanciación del recurso de apelación interpuesto.
PROTESTO LO NECESARIO, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecisiete
días del mes de marzo de dos mil seis.
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