AGUAYO QUEZADA SERGIO - Sergio Aguayo

información que nunca exhibió ni acreditó su existencia en el juicio, particularmente, que
por medio de esa dependencia extranjera, se cumplían finalidades intervencionistas o de
conspiración por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, en la página
55 de su escrito de contestación a la demanda, la presenta ahora como una mera opinión
personal, que obtuvo de diversas fuentes, las cuales no menciona, ni mucho menos,
acredita su existencia, lo que evidencia una vez más, que hizo pasar como hechos probados
y realmente existentes, meras apreciaciones subjetivas de la hoy demandada, sin haberlo
precisado así en dichas publicaciones, lo que convierte a dichas manifestaciones públicas
como ilícitas, punto que debió haber determinado así el Juez en su sentencia, hoy
combatida, para declarar procedente la acción intentada y condenar al demandado, a las
prestaciones reclamadas.
En ese tenor, resulta evidente que se acreditaba con dicha confesión efectuada por el
demandado en su escrito de contestación a la demanda, la procedencia de la acción
intentada, al demostrar que por muchos años, la parte demandada imputó en contra de la
parte actora, diversos hechos o situaciones que ahora admite que en realidad constituían
una simple opinión de quien la formulaba, pero haciéndolo pasar frente a la opinión
pública, como hechos ciertos y demostrados objetivamente, en base a pruebas que en
realidad no soportan su dicho, para el caso de que existan.
No cabe duda que todas esas afirmaciones en su conjunto y que reconoció y confesó
expresamente la parte demandada, como meras opiniones, acreditan la procedencia de la
acción, ya que públicamente y por medios impresos y escritos, la parte demandada hizo
creer al público en general, particularmente a periodistas, analistas políticos y escritores,
que la parte actora y distintas organizaciones en las que ha participado, recibían recursos
económicos de una dependencia norteamericana con intereses intervencionistas y de
espionaje, información que no era veraz, ni comprobada, ni por supuesto, objetiva y que
solamente reflejaba la mera opinión de la parte demandada. En ese tenor, se aprecia la
infracción de las disposiciones legales invocadas en el escrito inicial de demanda y con
ello, la procedencia de la acción ejercitada en este juicio, por lo que al no haberlo
considerado así el juzgador, se aprecia la existencia del presente agravio, en atención de
que la conducta realizada por el demandado, convertían en ilícitas las manifestaciones
públicas e impresas realizadas en contra del actor, al no ser verídicas y ser además
infamantes y maliciosas.
El juzgador para considerar a las publicaciones impugnadas en este juicio como lícitas, se
limita exclusivamente a tomar en cuenta, la confesional rendida a cargo de la parte
demandada, y a las respuestas dadas en las mismas, de donde se desprende que él señaló la
existencia de unas fuentes, pero sin que haya indicado los datos de su localización. Así por
ejemplo, no indica el día en que apareció la supuesta noticia en el New York Times, cómo
es que les consta a los legisladores y académicos de la NED, dónde aparecen los estatutos
de la NED, cómo se llaman esas fuentes y dónde se localizan, por lo que al sólo apoyarse
en el dicho del demandado, sin que éste hubiere dado en el procedimiento jurisdiccional,
medios de convicción para confirmar su dicho, se demuestra que en realidad deviene de
igual forma en arbitraria y dogmática la afirmación del juzgador de que las publicaciones
materia de la controversia se hicieron fundadamente y en fuentes autorizadas, las cuales
nunca se mostraron en este procedimiento, para el caso de que existan.
Por el contrario, y como se ha mostrado en líneas anteriores, se aprecia que en realidad las
publicaciones efectuadas, al basarse en la mera opinión del demandado, no podían ser
ciertas, y que además eran en sí mismas maliciosas, de lo que se desprendía, contrario al
criterio del juzgador, la procedencia de la acción intentada.
Por otro lado, el juzgador no tomó en cuenta ni valoró debidamente los motivos del ataque
persistente y contumaz practicado por el demandado contra el actor, mismos que se
contienen en los hechos de la demanda, los cuales lejos de obedecer a un afán de
“investigación” y “divulgación” de una supuesta verdad no comprobada, obedecen a su
particular afán de afectar el derecho al honor del cual es titular el actor, como prueba el
hecho de no realizar las mismas imputaciones a todas las personas supuestamente
involucradas en los financiamientos externos. Verbigracia, sabiendo que la señora Ana
Teresa Aranda, quien dirigió el Sistema Integral de la Familia (DIF) cuando el demandado
trabajó para ella, presidió la Asociación Nacional Cívica Femenina, se le olvidó mencionar
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