AGUAYO QUEZADA SERGIO - Sergio Aguayo

4.- Carta dirigida a Joaquín Estefanía, Director de la Escuela de Periodismo de “El País”, de
fecha 31 de agosto de 2004, escrita por Guillermo Ibarra Ramírez, en su calidad de
Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (hecho 139, anexo 44). Documento en el que su autor, haciendo
mención tácita de la parte demandada, como compañero de actividades en Alianza Cívica
del señor Sergio Aguayo Quezada, afirma que la parte actora ha desarrollado vínculos
ocultos y poco transparentes con la Fundación Nacional para la Democracia, a la que
considera ha sido utilizada por el gobierno de Estados Unidos de América para
desestabilizar gobiernos constituidos que no son de su agrado y para financiar otras
acciones muy poco cívicas.
Lo anterior se ha acreditado suficientemente con los siguientes medios de convicción
ofrecidos y desahogados oportunamente:
La DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en la carta a que se hace referencia en este
numeral, exhibida en su oportunidad, como anexo 44 del escrito inicial de demanda.
La DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en la carta dirigida a Alejandro Junco de la
Vega, director general del diario Reforma, suscrita por Guillermo Ibarra Ramírez, en su
calidad de Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, exhibida en su oportunidad como prueba superveniente y en la que
reconoce la autoría de la carta a que se hace referencia en este numeral y que fue presentada
como anexo 44 al escrito inicial de demanda.
5.- Artículo escrito por Manú Dornbierer, aparecido en el periódico “Diario Monitor”, del
13 de noviembre de 2004, bajo el título “Los videos y los amigos de Marta” (hecho151,
anexo 18), en el que la autora afirma que el señor Sergio Aguayo Quezada recibe fondos
del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
Lo anterior se ha acreditado suficientemente con los siguientes medios de convicción
ofrecidos y desahogados oportunamente:
La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la publicación a que se hace referencia en
este numeral, exhibida en su oportunidad, como anexo 18 del escrito inicial de demanda.
Prueba que, con fundamento en el artículo 403 en relación con el 402 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, goza de valor probatorio pleno, que al no
dárselo el juzgador, se aprecia la infracción de las disposiciones legales invocadas en este
agravio.
6.- Libro escrito por Earl Shorris, bajo el título “The Life and Times of Mexico”, editado
por la W. W. Norton & Company, en 2004 (hecho 157, anexo 48), en el que el autor,
haciendo mención expresa de la parte demandada, el señor Primitivo Rodríguez Oceguera,
y de algunos de sus artículos y cartas publicados con anterioridad, y reconociendo que fue
la parte demandada el que le proporcionó parte de la información, afirma que los Estados
Unidos de América invirtieron en el trabajo del señor Sergio Aguayo Quezada por la
democracia realizado dentro de Alianza Cívica, a través de la Fundación Nacional para la
Democracia (NED, por sus siglas en inglés), institución a la que considera un brazo del
gobierno estadounidense estrechamente vinculado con la Agencia Central de Inteligencia
de ese país (CIA, por sus siglas en inglés). Asimismo, el autor se refiere al Partido México
Posible, en el que la parte actora participó, como instrumento de la Fundación Nacional
para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), con el fin de que el gobierno
estadounidense pudiese cortejar a catedráticos universitarios y a profesionistas mexicanos,
a través del señor Sergio Aguayo Quezada.
Lo anterior se ha acreditado suficientemente con los siguientes medios de convicción
ofrecidos y desahogados oportunamente:
La DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la publicación a que se hace referencia en
este numeral, exhibida en su oportunidad, como anexo 48 del escrito inicial de demanda.
Prueba que, con fundamento en el artículo 403 en relación con el 402 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, goza de valor probatorio pleno, que al no
dárselo el juzgador, se aprecia la infracción de las disposiciones legales invocadas en este
agravio.
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