México y el mundo contemporáneo - Escuela Normal Superior

millones… y sólo provisionalmente. Los
abogados de la Mafia llevan adelante procesos
contra el Estado por la devolución de dos
tercios de esa suma, porque se supone que se
trata de patrimonio obtenido en negocios
legales.
Desde los países de base y con sus bancos
guardándoles las espaldas, las redes
criminales se extienden poco a poco a los
Estados ricos, que aparentemente aún
funcionan bien. El crimen por encargo ya no
es un delito anecdótico en Alemania. En el
primer semestre de 1996 murieron en Berlín
36 personas en la guerra entre las bandas
vietnamitas rivales que organizan la
distribución para la mafia del tabaco en
Alemania oriental. Al mismo tiempo, se
difumina la frontera entre legalidad e
ilegalidad en la vida económica. Sin
conocimiento de su dirección, también
consorcios y bancos serios pueden verse
enredados en turbios negocios. Cuando una
empresa competidora controlada por
criminales se sirve de métodos ilegales, los
trabajadores rápidamente se sienten tentados
a imitarla. También las sumas, de todas las
cuantías imaginables, destinadas a sobornos
rebajan el umbral de la inhibición. Una
encuesta anónima de la sociedad de auditoría
KPMG entre los directivos de varios cientos de
empresas en 18 países arrojó el resultado de
que casi la mitad de los encuestadores
considera un gran problema la creciente
criminalidad económica.
De este modo, el Estado y la política pasan a
ojos vistas a la defensiva en todo el mundo.
También el Derecho anticárteles, antaño un
bastión de la economía del mercado contra la
conspiración empresarial a costa del
consumidor o el contribuyente, está perdiendo
su efecto. En mercados organizados
globalmente, como el del transporte aéreo, el
químico o el del comercio de derechos
cinematográficos y de emisión, está derogado
de facto. ¿Cómo controlar si las tres grandes
alianzas europeo-americanas contraídas por
Lufthansa, British Airways y Air France llegan
a acuerdos, cuando todos sus pequeños
competidores en los tramos transatlánticos
hayan quebrado? ¿Quién impedirá a los
monstruos mediáticos como Leo Kirch, Rupert
Murdoch y los tres gigantes Time
Warner/CNN, Disney/ABC y Bertelsmann/CLT
llegar aquí y allá a acuerdos sobre los precios
y acotar zonas de influencia?
Por el camino se ha quedado también la
política medioambiental. En la competencia
por los empleos de los consorcios, la mayoría
de los Gobiernos ha abandonado o aplazado
sine die todos los proyectos de reforma
ecológica. En el verano de 1996, la mayoría
de los investigadores del clima señalaron la
catástrofe fluvial china y la tercera sequía del
siglo americana como mensajeros de la
catástrofe climática que se avecina debido a la
creciente concentración de gases provocados
del efecto invernadero de la atmósfera. Pero
nada ocurre, incluso el llamamiento de algún
que otro ministro de Medio Ambiente suena
cansado.
El catálogo de este fracaso del Estado ante la
anarquía del mercado mundial se puede
prolongar casi indefinidamente. Poco a poco
los Gobiernos de todo el mundo pierden la
capacidad de intervenir siquiera para orientar
el desarrollo de sus naciones. A todos los
niveles se pone de manifiesto el error
sistemático de la integración global: mientras
el flujo de mercancías y capital está disponible
en todo el mundo, la regulación y el control
han seguido siendo tareas nacionales. La
economía devora a la política.
En contra de lo que ampliamente se cree, la
creciente impotencia del Estado no conduce
en modo alguno a la reducción general del
apartado del mismo o incluso, como sospecha
el visionario japonés y el antiguo director de
McKinsey en Asia, Kennichi Ohmae, al “fin del
Estado nacional”. Porque el Estado y su
Gobierno siguen siendo la única instancia ante
la que los ciudadanos y electores pueden
reclamar justicia, responsabilidad y cambios.
La mera idea de la que la alianza de los
consorcios podría asumir funciones estatales,
como anunciaba en un titular la revista
norteamericana, Newsweek, es ilusoria. A
ningún presidente de un consorcio, por
poderosos que fuera, se le ocurriría asumir la
responsabilidad de evoluciones que se
producen fuera de su empresa. No le pagan
por eso. Los directivos son los primeros que
piden la intervención pública cuando la cosa
arde. Por eso, en vez del generoso
desmontaje de la administración burocrática
en muchos lugares ocurre lo contrario.
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