MUHAMMAD YUNUS MUHAMMAD YUNUS

Reportaje
te era el número; por ello, hasta que
los católicos no consiguieran una mayoría
o un grupo fuerte que pudiera
aliarse con otros grupos moderados,
su voz no solamente no sería escuchada
por nadie, sino que sería ignorada,
despreciada o ahogada en la
misma Cámara.
Al grupo de los «jabalíes» perteneció
el ministro de Justicia, Alvaro de Albornoz,
con quien tuvo que discutir frecuentemente
el nuncio Tedeschini los
asuntos más delicados que afectaban a
la Iglesia y a los católicos.
El diputado católico catalán Manuel
Carrasco Formiguera denunció públicamente:
«Los republicanos católicos
non sentimos engañados por no haber
respetado la República nuestros sentimientos
y faltado a sus promesas». Padre
de cinco hijos, Carrasco fue fusilado por
los nacionales el 9 de abril de 1938, a
pesar de la intervención de la Santa Sede
para salvarle la vida. La razón que dieron
los militares para justificar su ejecución
fue que el Gobierno republicano de Barcelona
había fusilado a varios prisioneros
que debían haber sido intercambiados
por aquellos días.
MANUEL AZAÑA
Y LA CUESTION
RELIGIOSA
El 28 de junio de 1931 se celebraron
las elecciones para las Cortes Constituyentes,
que dieron amplia mayoría
a los partidos de izquierda, y el 21 de
agosto fue publicado en La Gaceta de
Madrid un decreto que suspendía la fa-
José Ortega y Gasset
cultad de venta de los bienes eclesiásticos,
motivada por la «oposición irreducible
de algunos jerarcas supremos de
esta Iglesia» y por la «hostilidad de determinados
y concretos directivos». La tensión
creció al final del verano, cuando
comenzó a discutirse en las Cortes el
texto constitucional elaborado por la comisión
presidida por Jiménez de Asúa,
socialista, y a partir del 14 de octubre,
tras la formación del segundo gobierno
provisional presidido por Manuel Azaña.
Motivo de gran polémica fue el debate
sobre el artículo 26 del texto constitucional
—la cuestión religiosa fue discutida
en las Cortes Constituyentes durante
la semana del 8 al 14 de octubre—, porque,
mientras los miembros de la comisión
dictaminadora propugnaban un
texto moderado que reconociera la separación
de la Iglesia y del Estado, los
socialistas, que eran mucho más radicales
en sus planteamientos frente a la
Iglesia, pidieron:
— que todas las confesiones religiosas
fuesen consideradas como asociaciones
sometidas a las leyes generales de
la nación;
22 Número 3.333 ■ 28 de octubre de 2006
Manuel Azaña
— que se prohibiera al Estado la ayuda
económica a cualquier Iglesia, asociación
o institución religiosa;
— que no se permitiera en el territorio
español la existencia de las órdenes
religiosas;
— que fueran disueltas todas las existentes
y nacionalizados todos sus bienes.
La brillante intervención parlamentaria
de Azaña minimizó la propuesta exaltada
de los socialistas y consiguió que
pasase un artículo 26 más moderado,
aunque era durísimo para la organización
eclesiástica y, en particular, para los
jesuitas. De este modo se intentó evitar
un choque frontal inmediato con la Iglesia
y se garantizó la continuidad de su
colaboración con el régimen republicano,
aunque las reservas de los obispos,
del clero y de los católicos fueron cada
vez mayores, debido a la precariedad de
la situación.
Los votos favorables fueron 178 y los
desfavorables 59. La proclamación del
resultado provocó un gran tumulto en la
Cámara con agresiones a los diputados
vasco-navarros, que abandonaron las
Cortes. Sólo dos ministros votaron en
contra: Alcalá Zamora y Maura.
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