Bucaramanga - Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

PROYECTO COLOMBIA NUNCA MAS – INFORME ZONA V
apoyo de otros sectores sociales y políticos organizados interesados en la difusión y respeto
de los derechos humanos.
Pero las organizaciones de derechos humanos trascendieron de su labor de confrontación
con el Estado, y se convirtieron en actores propositivos, participando en el desarrollo de
políticas públicas y normativas para la difusión y ampliación de los derechos humanos.
Actualmente, las organizaciones de derechos humanos apoyan el trabajo de organismos
internacionales y de instituciones estatales en este campo. También desarrollan un
importantísimo trabajo de análisis y estudio alrededor del conflicto armado, el proceso de
desmovilización y la crisis humanitaria.
A pesar de que con el tiempo se fue imponiendo un discurso favorable en la órbita pública
del Estado hacia los derechos humanos, o mejor, una estatalización del tema, estas
intenciones contrastan con los resultados de sus organismos, especialmente los de
seguridad. Modalidades como el sicariato y las detenciones ilegales fueron los escenarios en
los que la mayoría de los defensores de derechos humanos fueron agredidos.
1.2.4 Crímenes contra la movilización Cívica y Popular. Persecución contra sectores
urbanos marginales
En el informe de crímenes de lesa humanidad cometidos en Bucaramanga y su Área
Metropolitana, la persecución contra líderes comunitarios y populares, así como las
agresiones contra pobladores de los centros urbanos ocupan extensas páginas. Dentro de
estos crímenes también encuadran las violaciones de derechos humanos cometidos contra
sectores urbanos excluidos y marginados socialmente. Bucaramanga se caracteriza por la
concentración del ingreso y la riqueza y el consiguiente marginamiento de vastos sectores
de la población con muy remotas posibilidades para engancharse en el aparato productivo.
El alto número de estos crímenes es coherente con una de las principales características de
esta zona del departamento de Santander, que cuenta con una población eminentemente
urbana, pues un 96% de sus pobladores se concentra en la ciudad y solamente el 4% se
encuentra fuera de las cabeceras municipales.
Respecto a la población urbana agredida, cabe decir que las características de la represión
ejercida sobre ella sigue los parámetros señalados en términos generales para la Zona V,
con detenciones ilegales que facilitaron la comisión de otros crímenes como la tortura,
ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado en un primer período; con la aparición
de los grupos paramilitares, las desapariciones y los asesinatos selectivos aparecen en el
contexto en años posteriores.
La represión ejercida contra los habitantes de las cabeceras urbanas, especialmente contra
los comerciantes, periodistas, abogados, sociólogos, profesionales de la salud e ingenieros,
se ejercía bajo la sospecha de nexos entre los pobladores y grupos insurgentes. Una de las
características del modus operandi de los agentes de los crímenes de lesa humanidad, es la
perfecta coordinación entre los organismos de seguridad del Estado ayudados por las
instalaciones ubicadas en casi todos los sectores de la capital. DAS, ejército, cuerpos de
inteligencia del ejército como el B-2, policía, cuerpos especiales de la policía como El Gaula,
UNASE, el F-2, cuerpos antinarcóticos, etc., unas veces ejecutaban los crímenes, pero otras
veces con su conducta omisiva facilitaban la comisión de los mismos.
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