aquí - Concierto Económico

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Ref. TSJPV-7
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 19 de
octubre de 1993
Recurso: Contencioso-administrativo nº 753/1991
Ponente: Luis Javier Murgoitio Estefanía
Artículos del Concierto:
Art. 9
Art. 67
Voces:
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Pagos a cuenta
Junta Arbitral
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.—Promueve su acción el señor Letrado del Estado contra una liquidación
practicada por la Subdirección de Gestión Tributaria de la Diputación Foral de Bizkaia,
de 18-2-1991, dimanante de Acta Inspectora de disconformidad A-02 0022487, en
concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, retenciones de capital
mobiliario, ejercicios de 1986, 1987 y 1988, a cargo de «E. SA», y por deuda tributaria
a ingresar de 617.980.090 ptas., y antes de acometer en su caso la cuestión de fondo que
el recurso suscita, se deben abordar diversos órdenes de objeciones procesales que
antepone la Administración foral demandada.
Entrando a examinar ya tales motivos de inadmisibilidad opuestos por la Diputación
Foral demandada, el primero se refiere a la incompetencia de esta Sala, en los términos
del art. 8.º en relación con el art. 82.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción, por
venir aquélla atribuida o reservada a la Sala correspondiente del Tribunal Supremo por
virtud del art. 39.5 del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco, aprobado
por la Ley 12/1981, de 13 de mayo, y tomando para ello argumentos del mismo Auto de
esta Sala de 6-11-1991 por el que se resolvió la pieza de suspensión en este proceso.
Como sea que la disp. adic. 2.ª.5 de la Ley de Bases 7/1985, dispuso que, «en materia de
Hacienda las relaciones de los Territorios Históricos con la Administración del Estado
se ajustarán a lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco», resulta evidente que se hace así una remisión al contenido
relacional entre Administraciones que deriva del art. 39 del Concierto Económico
aprobado por la Ley 12/1981, establecedor de la llamada Junta Arbitral. Dicho órgano
paritario, al que la doctrina ha solido atribuir un carácter administrativo y no
jurisdiccional, desplaza como mecanismo de resolución de conflictos al general,