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Ref. TS-38 STS de 22 de octubre de 1998
Y, para gozar de dichos beneficios, tienen que hacerse las inversiones en activos fijos
materiales nuevos, que tengan establecido un período de amortización de al menos
cinco años, con duración del proceso de inversión no superior a dos años, e importe que
exceda de los ocho millones de pesetas, financiándose con recursos propios al menos en
un 30% de su cuantía; siempre que esas inversiones supongan, además, un mínimo del
25% del importe total del valor contable de su activo fijo material, entre otros
requisitos.
Los expresados beneficios fiscales sólo serán de aplicación (a tenor de la interpretación
que de la Norma Foral ha efectuado el Abogado del Estado) a:
a) Las personas jurídicas que, operando exclusivamente en el País Vasco, tengan su
domicilio fiscal en el Territorio Histórico de Álava y en el mismo realicen las
inversiones.
b) Las personas físicas que, teniendo su residencia habitual en Álava, desarrollen la
actividad empresarial incentivada exclusivamente en el País Vasco.
c) Tratándose de sociedades en régimen de transparencia fiscal, sociedades civiles,
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo
33 de la Norma Foral General Tributaria, la actividad empresarial incentivada deberá
ser ejercida operando exclusivamente en el País Vasco y los beneficios serán de
aplicación, únicamente, en aquellos socios, comuneros o partícipes que reúnan las
condiciones señaladas en los apartados anteriores.
El Abogado del Estado realiza, a continuación, un estudio comparativo y contrastado de
los incentivos que, paralelamente, existen en la legislación estatal, y saca la conclusión
de que, por ejemplo, en el Impuesto sobre Sociedades, las deducciones previstas son
generalmente del 10%, pudiendo quedar reducidas, en ocasiones, al 5%; en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, las deducciones son las mismas señaladas para el
impuesto anterior, con incrementos específicos del 5 y del 10%; y, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no existe, incluso,
bonificación alguna por los actos y contratos incentivados.
SEGUNDO.—El Abogado del Estado, en su demanda y en su escrito de alegaciones
(del presente recurso de apelación), deja sentado (con un criterio que, desde nuestro
análisis jurisdiccional, compartimos) que, en ningún momento, se ha pretendido —por
la Administración del Estado— desconocer el régimen de autonomía (o potestad
normativa) tributaria que en el ordenamiento jurídico español se reconoce al País Vasco,
a tenor de lo establecido en la disposición adicional primera de la Constitución y en los
artículos 41.2, d) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley
Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, y 2 de la Ley del Concierto Económico con dicha
Comunidad Autónoma, de 13 de mayo de 1981, modificada por las de 27 de diciembre
1985, 8 de junio de 1990 y 26 de diciembre de 1990.
Pero tal autonomía normativa tributaria no es absoluta, sino que se encuentra
constreñida por una serie de limitaciones (más bien, delimitaciones intrínsecas y
connaturales, derivadas del propio juego armónico y coordinado, sin discriminaciones
legalmente injustificadas, de todas las normas del territorio estatal español) que no han
sido respetadas, en su esencia y en su integridad, por la Norma Foral impugnada
(delimitaciones que se encuentran definidas tanto en la Constitución como, más
específicamente, en los principios de armonización fiscal contenidos en la Ley del
Concierto Económico).
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