aquí - Concierto Económico

Ref. TSJPV-72 STSJPV de 25 de junio de 1999
Lo que antecede no significa que no exista aquella garantía legal de autonomía
comparada de los municipios vascos en materia de financiación presupuestaria o aquella
base para la obligatoriedad de la participación de los municipios en los tributos
concertados, sino que no se sitúa en el Concierto Económico, al menos en su actual
redacción. Para lo primero se podría citar la disposición adicional decimoctava de la
LRHL 39/1998, de 28 de diciembre, coincidente con la disposición adicional segunda,
6, de la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985, que establecen dicha
garantía municipal respecto del régimen especial municipal de los territorios vascos en
lo económico-financiero, pero a la vez, basta contrastar el reconocimiento del citado
régimen especial municipal de los T.H. del País Vasco que en dicha norma, junto con la
citada del artículo 1.2 se contiene, con lo establecido en la precedente disposición
adicional decimoquinta, para verificar la independencia de aquella norma adicional
respecto de esta última, de claro régimen común.
Para lo segundo, es decir, lo que afecta a la desaparición en 1.990 de la norma
concertada que exoneraba de aportaciones a los Territorios Históricos para el Fondo
Nacional de financiación de los municipios, nada permite suponer que la situación sea
distinta o inversa con posterioridad, sino que el reconocimiento de la singularidad del
régimen foral en materia de Hacienda y de régimen financiero municipal a nivel de ley
ordinaria del Estado, —D.A. Segunda, apartados 5 y 6 de la Ley de Bases, y luego de la
Ley de Haciendas Locales—, hacen imposible la persistencia de una norma como la del
artículo 46. Primero, que por la extensión mimética del régimen del Estado, podía
incluso entrar en colisión con la autonomía foral.
En suma, como la revisión jurisdiccional alcanza exclusivamente a verificar si se ha
producido la omisión de inclusión de los créditos presupuestarios que resulten
necesarios por obligación legal, y se justifica por las Administraciones que actúan como
demandadas, no solo que se ha incluido crédito presupuestario para hacer efectiva la
participación del municipio demandante en los tributos concertados y no concertados,
sino que incluso la aplicación al ejercicio de 1994 del régimen foral de financiación
municipal no puede comportar menor autonomía para tal municipio que la que derivaría
de la aplicación del régimen común, pues, antes bien, entendida aquella en el aspecto de
la suficiencia financiera para el cumplimiento de sus fines, —artículo 142 C.E. y
artículo 105.1 de la LRBRL—, todo indica que la financiación foral supera globalmente
la que correspondería en dicho régimen común a través de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, no se encuentra fundamento para la anulación del acto recurrido
en ninguno de los dos primeros motivos que articula la parte recurrente en este proceso,
una vez que no puede reclamarse la inclusión de un crédito especifico como el que
concibe en el régimen común la citada, D.A. decimoquinta de la LRHL, aun cuando
resulte compatible con la general participación de los municipios en los tributos del
Estado, —artículos 2.1.c), 39 y 112 a 116 LRHL—, pues la especialidad foral en
materia de financiación municipal abre paso a una duplicidad de regulaciones,
—sometida eso sí a una igualdad de mínimos—, y resiste a que una norma que crea
obligaciones presupuestarias para el estado haya de tenerse por traspuesta al régimen
foral, ya que no directamente aplicable, sin que, de otra parte, ni la inclusión en
ejercicios precedentes de una partida subvencionadora de dicho servicio local
obligatorio, ni el hecho de que no figure entre los criterios de distribución del fondo
foral, tal circunstancia de ser prestatario de dicho servicio o cualquier otro genérico que
contemple favorablemente el mayor número de servicios que los municipios mayores de
50.000 habitantes prestan, resulte decisivo, pues, además de que dichos criterios de
distribución se puedan encontrar regulados en normativa diferente y no combatida en
1138