aquí - Concierto Económico

Ref. TSJPV-76 STSJPV de 27 de septiembre de 1999
artículo 37 de la Ley 43/1995 es del 35 por 100, aunque sobre la cuota íntegra, con
diferencial escaso.
El tipo de gravamen consta en el artículo 29 de las Normas Forales de Álava y la
modificación de este artículo por las Normas Forales de Álava 33/1997, de 19 de
diciembre, y 17/1990, de 15 de junio, han motivado sendos recursos concluidos,
respectivamente, con las Sentencias de 17 de mayo y 6 de abril de 1999, cuya doctrina
mantiene la Sala, y que seguidamente se reproduce: «Recapitulando las ideas que se han
ido desgranando anteriormente, y partiendo de la base de la competencia reguladora que
asiste a las Juntas Generales de Álava sobre la materia —artículo 17 del Convenio
Económico—, y de la finalidad legítima que el Concierto Económico toma directamente
del artículo 41.2 a) del EAPV, como instrumento creador de un ordenamiento tributario
autónomo —y por tanto diferente al común— si bien necesariamente armónico con él,
ya se ve como el principio de autonomía no debe buscarse en proclamaciones
constitucionales últimas, sino que late activamente en la propia formulación del
Concierto y en su fundamento estatutario, y ni desde el plano de la interpretación
elemental de las normas jurídicas podría sostenerse que los criterios armonizadores
establecidos en garantía de la unidad de mercado, conlleven una intención
uniformadora, puesto que procuran precisamente la armonización de lo diverso, y tal
figura presupone un cierto grado de alteridad. La STS de 12 de septiembre de 1996, ha
destacado respecto del principio de armonización que, a diferencia de aquellos tributos
en que en 1981 no se concibieron como de regulación autónoma, "... en los tributos
concertados de normativa autónoma, es necesario ponderar con sumo cuidado las
limitaciones que puedan tener su origen y fundamento en el artículo 4 del Concierto
Económico". De ello ha de surgir una inicial presunción o favor sobre la validez de tales
regulaciones autónomas, cuando son puestas en contraste con las disposiciones comunes
o estatales sobre la misma materia o tributo. De otra parte, nada excluye que las
medidas tributarias puedan propender a favorecer los fines no fiscales o no meramente
recaudatorios del tributo, y entre ellos se pueden situar los de promoción de la actividad
económica o del empleo, por lo que la sola idea de que ofrezcan denominadores
comunes con las subvenciones, ayudas, incentivos u otras medidas de fomento o
intervención económica locales, en nada los deslegitima, tal y como destaca la antes
citada STC 64/1990, de 5 de abril, en su FJ 4º. Se trata, por tanto, de comprobar si ese
diferencial de tipos de gravamen tributario se ha establecido bien con la finalidad
expresa de propiciar "deslocalizaciones inversoras" o de colocar en mejor situación
competitiva a ciertos agentes económicos —lo que resulta en el presente caso inasible
en ausencia de todo elemento de juicio y no es previsible si se tiene en cuenta que la
regulación satisface "a priori" los principios de generalidad y progresividad—, o bien, al
menos, si su aplicación conduce a esa consecuencia objetiva sin proporción con los
objetivos legítimos propuestos. Ahora bien, ya hemos visto que no todo efecto o
consecuencia económica refleja que propicie en el exterior al ámbito en que se adopta
una medida de intervención económica cae de lleno, por puro axioma, en una quiebra de
aquellos principios armonizadores, pues, de ser así, y con el actual nivel de
interdependencia económica, toda, o casi toda manifestación de la autonomía local,
regional o de las nacionalidades o CC AA dotadas de singularidades forales insertas en
la Constitución, resultaría, paradójicamente, contraria a esta última. Y aunque el
pronunciamiento siempre se encuentra al llegar a este punto desasistido de pautas
plenamente regladas para convertir en evidente y rotundo lo que simplemente puede ser
deducción desde criterios indeterminados como los tomados de la Jurisprudencia, no
resulta nada seguro afirmar en base a los argumentos y enunciaciones teóricas
empleadas por el recurso que una medida tributaria así pueda determinar decisiones
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