aquí - Concierto Económico

Ref. TSJPV-51 STSJPV de 7 de abril de 1998
contengan en el propio Concierto”, (art. 41-2 a)), repitiéndose esta fase en la Ley de 13
de mayo de 1981, por la que se aprobó el Concierto Económico (art. 3-1-3), y en
desarrollo del principio de armonización, deben adoptarse, “respecto del Impuesto de
Bienes Inmuebles idéntica definición del hecho imponible y se utilizarán los mismos
criterios para la valoración de los bienes inmuebles de naturaleza... urbana que los
establecidos por el territorio común” (art.4-4), aunque ésta cita es de la redacción
resultante de la Ley de 8 de junio de 1990, de adaptación del Concierto Económico a la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, por tanto, de finales del periodo impositivo
que estamos considerando, no se altera el sentido de la armonización a la vista de la
redacción sustitutoria que, referente a la Contribución Urbana, también tenía las mismas
exigencias armonizadoras. Las autopistas son, a efectos del impuesto, inmuebles
urbanos (Circular de 31-5-89; art. 62 b) L.H.L.; y 2 b N.F.); y los llamados “criterios de
valoración” son mencionados así tanto en la Ley de Haciendas Locales como en la
Norma Fora1 (art. 70-1 en relación con la 67 y 68; y 11-1 en relación con los 7 y 8,
respectivamente).
Salvada la armonización, “el Impuesto de Bienes Inmueb1es se regulará por las normas
que dicten las Instituciones competentes de los Territorios Históricos” (art. 41 C.E.
reformado ó 42-1 anterior referente a la Contribución Urbana); y al haber un Decreto
Fora1 de 28 de noviembre de 1989, dando normas para la determinación del Valor
Catastra1 de Bienes Inmueb1es de naturaleza urbana, semejante a la Orden de 28 de
diciembre del mismo año para el territorio común, podría pensarse, en principio, que no
serían óbice para su aplicación al primer semestre de 1990, su publicación el 5 de
febrero de 1990; pero la Norma Fora1 de 5 de julio de 1989, del Impuesto de Bienes
Inmuebles, hace inaplicable el Decreto para este periodo, porque “las Ponencias de
Valores aprobadas por la Diputación Foral serán publicada en el B.O. de Guipúzcoa y
por edicto del Ayuntamiento respectivo, dentro del primer semestre del año
inmediatamente anterior a aquél en que deban surtir efecto los valores catastrales
resultantes de la misma” (art. 11-6; y desde la Norma Foral de 5 de abril de 1991 “antes
del 1 de octubre”), y explica que tanto en la Ley de Haciendas Locales como la Norma
Foral se halla incorporado la Disposición Transitoria (art. 70-4 de L.H.L.).
El R.D.L. de 29 de diciembre de 1989 sobre presupuestos para el año 1989 dispuso que,
“para el periodo impositivo de 1990, los valores catastrales del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, serán los previstos en el apartado l° de la disposición transitoria 2ª de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de la Ley de Haciendas Locales, incrementadas
mediante la aplicación de un coeficiente del 5%” (art. 29-1), ratificándose en la Ley de
29 de julio de 1990 (art. 25-1). Este incremento, por exigencias armonizadoras, es el que
debe imponerse, y no el que consta en la Norma Foral de 1,7%; y sobre los Valores
Catastrales debidamente revisados y aprobados, que tengan efectividad el 31 de
diciembre de 1989; debiéndose practicar nueva liquidación, sin que proceda que este
Tribunal haga la determinación de cantidades solicitadas.
CUARTO.—Dicho lo que antecede, parece obvio establecer, de un lado, que,
considerando disconforme a Derecho el valor catastral determinado para el año 1990,
por exceder en su incremento respecto del año anterior del máximo permitido por la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para dicho año, los sucesivos incrementos de años
posteriores que tomen como base aquel valor anulado y, además, supongan, a su vez,
incrementos superiores a los previstos en la Leyes de Presupuestos, habrán de
considerarse, asimismo, disconformes a Derecho, por incurrir, igualmente en exceso de
incremento de valor y partir de un valor catastral superior al legalmente permitido y, por
tanto, contrario al ordenamiento jurídico.
1017