la-sociedad-de-control

instituciones públicas o privadas.
Esta legislación debería garantizar el perfecto
desarrollo de nuestros derechos constitucionales. Sin
embargo, desde muchos puntos de vista es la instalación
misma de las videocámaras, y no su ausencia, la que impide
el perfecto respeto de muchos de nuestros derechos básicos,
como el derecho a la intimidad personal y familiar y el
derecho al honor.
7.5.1. Videovigilancia pública
Estos derechos constitucionales se han visto
pisoteados desde la redacción misma de la ley que regula la
videovigilancia por parte de las fuerzas de seguridad
públicas, 159 que considera que “las imágenes y sonidos
captados, reproducidos y tratados mediante estos sistemas
no serán considerados intromisiones ilegítimas en el
derecho al honor, la intimidad personal, familiar ni el
derecho a la imagen”.
Evidentemente, la necesidad de definir esta puerta
trasera desde el segundo artículo de la ley en vigor nace de
la evidencia factual de que se están produciendo estas
violaciones, pues mi intimidad no es adaptable y no varía de
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