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autorizada y la certificación de que el sistema está
funcionando conforme a la Ley Orgánica de Protección de
Datos. ¿Por qué es esto un problema? Porque la dificultad de
verificar que esta protección se está realizando realmente es
alta y su verificación excede con mucho la instalación misma
del sistema de videovigilancia para incluir también el modo
en que se registran, almacenan y custodian estas
grabaciones. Sin embargo, eso no detiene a los certificadores
a la hora de validar las nuevas instalaciones (y hacer caja
con ello), aunque existan motivos para pensar que si la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) revisara
estas instalaciones, encontraría no pocas irregularidades.
Uno de los principales puntos débiles de esta
normativa es precisamente este último aspecto que
acabamos de comentar: cualquiera puede instalar su propio
sistema de videovigilancia con la única condición de que se
informe a la AEPD. Como las instancias oficiales están
convencidas de que cualquier espacio está mejor vigilado
con una cámara, justificar la pertinencia de su instalación
parece tarea harto sencilla. Esto ha posibilitado el
crecimiento del parque de videocámaras instaladas por
todas partes: desde panaderías hasta aparcamientos
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