La Vivienda como Derecho Constitucional - Universidad Juárez ...

José Alberto Del Rivero Del Rivero, Miguel Alberto Romero Pérez
intervención del Estado a través del Fondo de Protección al Ahorro (FOBAPROA).
Institución que al comprar la cartera de los bancos, elimina la obligación que tiene
la propia banca de aportar capital o, crear reservas sobres sus utilidades cuando los
créditos entran en lo que la banca llama: “Cartera vencida”.
Así por la negativa de las instituciones bancarias a capitalizarse con las
reservas sobre sus utilidades, y por la actitud del Estado de subsidiar a la banca
quitándole su obligación de capitalizarse, se puso en riesgo de quiebra el Sistema
Financiero Mexicano.
Todavía más, usando las Sociedades de Coinversión de Cartera Reestructurada
(SOCORES) le devalúan sus activos, que corresponde al valor de las deudas hasta en
un 20% del valor en libros. Este mecanismo fue sancionado por los inspectores del
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria,
el Banco de Pagos Internacionales y el Banco Mundial en la primera quincena del mes
de agosto de 1997 y de manera definitiva en la primera quincena de noviembre del
mismo año en donde le quedó prohibido al Gobierno Federal y al Banco de México
intervenir nuevamente con la nociva asistencia automática al Sistema Financiero
Bancario cada vez que entra en crisis.
La referencia anterior, fortalece la tesis de que la revisión del enunciado del
artículo cuarto, párrafo quinto de la Constitución Política Mexicana, debe ser realizado
en forma integral, considerando las sugerencias y propuestas de los organismos
nacionales e internacionales que atienden el derecho a una vivienda adecuada, con
servicios, seguridad, espacio, medios de transporte y garantía de poder conservarla
como patrimonio familiar.
Como parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, México ha asumido obligaciones que se expresan en la relatoría de la 59
Sesión de la Comisión de Derechos Humanos realizada en México los días 4 al 15 de
marzo de 2003. En ella se establecen cuatro medidas para hace efectivo el derecho a
una vivienda adecuada:
Respetar el derecho a una vivienda adecuada. La obligación de respetar el
derecho a una vivienda adecuada exige al Estado y sus agentes abstenerse
de llevar a cabo, patrocinar o tolerar, ya sea individualmente o en asociación
con terceros, toda práctica, política o medida jurídica que viole el derecho
o impida el acceso a la vivienda, los servicios, los materiales conexos y los
recursos.
Proteger el derecho a una vivienda adecuada. La obligación de proteger el
derecho a una vivienda adecuada exige que el Estado y sus agentes impidan
la violación de ese derecho por el propio Estado, por personas, entidades
privadas y otros actores no estatales.
Hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada. Las condiciones
inadecuadas de vivienda reflejan y profundizan la denegación del derecho
a una vivienda adecuada, lo que a su vez también afecta el goce de otros
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