La Vivienda como Derecho Constitucional - Universidad Juárez ...

José Alberto Del Rivero Del Rivero, Miguel Alberto Romero Pérez
b) Incumplimiento de las obligaciones de protección
1) La ausencia de medidas destinadas a proteger a deudores hipotecarios cuyos créditos
estuvieran destinados a vivienda, contra la subida intempestiva y desproporcionada
de saldos de créditos y tasas de interés. 2) La aquiescencia y la ausencia de medidas
estatales de protección de inquilinos y propietarios desahuciados ante desalojos
violentos, llevados a cabo por golpeadores privados. 3) La ausencia de fiscalización
estatal sobre el establecimiento de cláusulas discriminatorias en la concesión
de créditos para vivienda, en especial las referidas a personas de más de 60 años,
personas con VIH, trabajadoras y trabajadores sexuales, entre otros.
c) Incumplimiento de las obligaciones de satisfacción
1) Dado que las obligaciones internacionales en materia de vivienda les es
aplicable el estándar de progresividad establecido por el artículo 2.1 del PIDESC.
(Pacto Internacional de los Derechos, Económicos, Sociales y Culturales). 2) La
concentración de las medidas de acceso al financiamiento para viviendas en sectores
de recursos medios y altos, que resulta regresiva y atenta contra el derecho de
acceso a la vivienda de los grupos más necesitados. 3) La ausencia de esquemas de
facilitamiento del acceso a la vivienda y de protección de la seguridad de la tenencia
para sectores de bajos recursos y grupos vulnerables, tales como población indígena,
mujeres, población rural, población en situación de pobreza extrema, población
con discapacidad, victimas de desastres naturales y población desplazada. 4) El
mantenimiento y empeoramiento en los índices de déficit de vivienda en grupos
sociales vulnerables, como las personas en situación de pobreza extrema los grupos
indígenas. 5) La reducción de presupuestó estatal en materia de vivienda. 6) La
ausencia o insuficiencia de los programas estatales de regularización de títulos.
7) La ausencia de recursos judiciales u otros recursos eficaces disponibles para la
exigibilidad del derecho a la vivienda y para su protección ante situaciones de amenaza
o vulneración. 8) La ausencia de mecanismos de participación de los sectores más
vulnerables en la planificación de las políticas públicas de vivienda. 9) La falta o la
pobreza de la producción de información pública sobre el acceso a la vivienda, tanto
en general como la particularmente referida a grupos sociales vulnerables. 10
3.2.6 Recomendaciones adoptadas el 12 de diciembre de 1991 por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas
Dentro de estas recomendaciones se establecen los lineamientos y esquemas que los
Estados tienen que seguir para la construcción de viviendas dentro de sus respectivos
territorios en los que se establecen una serie de acuerdos, normas, recomendaciones,
estrategias y acciones para proporcionar una vivienda adecuada a quienes no la
tienen, así como enunciar y sugerir los medios de protección más adecuados ante los
desalojos y despojos que sufren los propietarios o poseedores de las viviendas.
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